En marcha contra el negocio del fuego
El fuego es un negocio. La extinción de los incendios forestales se ha convertido en una oportunidad de beneficios para las empresas privadas a las que las administraciones públicas están adjudicando buena parte de la lucha contra las llamas en los montes. La situación deriva en “una precarización absoluta de los bomberos forestales”.
“Somos contratados como peones agrícolas, peones medioambientales e incluso peones de obra, cuando nosotros no somos peones sino que hacemos tareas de prevención y extinción”, explica Francisco Mora, portavoz de la asociación nacional que aglutina a los profesionales del sector. Íñigo Hernández es bombero forestal desde 2007 en la Comunidad de Madrid y portavoz de la BFCAM. Su categoría de contrato es “de conductor”. Pero asegura que “ootros compañeros son considerados contractualmente como auxiliares de control, como podrían ser conserjes, sin reflejar su trabajo real”.
Los trabajadores han comenzado una campaña para visibilizar “los continuos recortes de personal, el desmantelamiento de servicios y la precariedad” que sufre el sector. Un sector al que diferentes Gobiernos autonómicos –los competentes en Medio Ambiente– “han decidido convertir en sector privatizado”. La semana pasada escenificaron una protesta, a la que llamaron 'Marea de fuego', hashtag con el que están difundiendo en Twitter sus reivindicaciones.
Los forestales ponen el acento en la prevención, en los trabajos que realizan durante todo el año y en la importancia de invertir en estas labores. “Nadie se acuerda del fuego hasta que llega el verano, pero lo importante es lo que está sucediendo ahora”, se reafirman.
Un negocio rentable
La extinción de fuegos no está desprovista de dinero. Dinero público que ha entrado en una dinámica de privatización del servicio que impone su lógica de la búsqueda de beneficio económico. Por ejemplo, en Galicia, 22 parques comarcales de bomberos están en manos de tres empresas: Matinsa, Veicar y Natutecnia.
Esta última participó también como asociada a otra empresa, Inaer, a la que la Xunta realizó una “encomienda de gestión” para aportar brigadas helitransportadas en agosto de 2012. Fueron en total 6,6 millones de euros por procedimiento de urgencia. A finales de ese año el Gobierno de Núñez Feijóo autorizó un contrato para servicio de helicópteros y brigadas helitransportadas (para los años 2013 y 2014) por un importe de casi 12,4 millones de euros.
En Madrid, la prevención y extinción de incendios también es oportunidad de negocio. Las labores en la zona oeste de la región fueron adjudicadas en 2012 a la empresa Infosa por 22,9 millones de euros. Las de la zona este, a Matinsa (filial de FCC), por 21,9 millones. Estas sociedades ya se habían encargado de este cometido e incluso se les prorrogó el contrato hasta publicarse el siguiente concurso (que volvieron a ganar). Los trabajos con maquinaria pesada están adjudicados a Sefosa por 772.000 euros.
En la Comunitat Valenciana, la empresa Avialsa recibió un contrato de 22,6 millones en 2010 por sus aeronaves. La agrupación de sociedades Inaer Helicópteros, Sau y Foresma se llevó en marzo del año pasado un contrato de 37,9 millones por “el servicio de helicópteros y brigadas para la extinción de incendios forestales”.
“Una hora de todos los dispositivos intentando apagar un fuego en el campo cuesta entre 60 y 70.000 euros”, calcula Íñigo. Por eso, explica, es un “negocio suculento” para las empresas. Aunque según los cálculos de la Asociación Nacional de Bomberos Forestales (ANBF), no tan conveniente para las administraciones.
ANBF calcula que, en personal de vigilancia, cada puesto gestionado de forma privada cuesta 6.248 euros, en lugar de los 3.537 euros que cuestan aquellos de gestión pública. En una comparativa con datos de la Comunidad de Madrid, estos bomberos aseguran que “cinco puestos de control durante cuatro meses suponen 125.673 euros para las empresas privadas y 70.740 euros de gasto del presupuesto si se gestiona directamente”.
