Las chabolas desmienten el fin oficial de los poblados en Madrid que anunció el Gobierno
A pesar de que el Gobierno de Madrid dio por finiquitado el chabolismo histórico en la ciudad a principios de 2015 al desmantelar el poblado del Ventorro de la Puñalá en la capital, el asentamiento aún persiste. La realidad que se ve en el kilómetro 5 de la avenida de los Rosales, una desviación de la M-301, a la altura de Villaverde difiere de la realidad administrativa. El consejero de Presidencia, Salvador Victoria, mano derecha del presidente Ignacio González, afirmó el 28 de enero que desaparecía el núcleo de infraviviendas que llevaba más de 30 años expandiéndose por ese distrito. Eldiario.es se ha paseado por las ocho chabolas aún en pie que han sido abandonadas a su suerte.
Victoria señalaba aquel día que gracias al programa de realojos del Gobierno regional y del Ayuntamiento de la capital se ponía fin “al último núcleo chabolista histórico de Madrid”. Unas declaraciones que hizo pisando el terreno, acompañado de periodistas que le fotografiaban mientras entregaba las llaves a las familias afortunadas que abandonaban sus casas y comenzaban una nueva vida teniendo acceso a calefacción, agua corriente e internet. Después de esa imagen, los agraciados observaban cómo las excavadoras derribaban las cuatro paredes en las que habían vivido varias décadas.
A la vez que se producía esa estampa, casi una decena de familias la observaban sabiendo que ellos no se marchaban. Esa noche no dormían en una nueva casa, se quedaban en el Ventorro, en sus chabolas de 25 metros cuadrados. La administración les ha negado el derecho al realojo por “incumplir los requisitos”. Según explica la Consejería de Vivienda, algunas de esas condiciones consisten en residir en este poblado desde el 2004, no ser propietario de un inmueble o no haber sido adjudicatario de una vivienda de Protección Oficial.
Mientas las piquetas actuaban, decían adiós a sus vecinos y saludaban a los nuevos acompañantes: las ratas. Ninguna administración se hecho cargo de la recogida de los escombros, dicen los vecinos, lo que ha provocado que el terreno esté cubierto por cascotes y objetos desperdigados que han dejado las familias que se han marchado: electrodomésticos, somieres o juguetes infantiles. Así que los roedores han ido apareciendo, comentan los habitantes del poblado.
“Cuando llegaron las máquinas no nos dejaban ni hablar, señalaban las casas que iban a derrumbar y las tiraban”, relata Ismaíl, un joven marroquí de 25 años al que no han concedido el realojo. Llegó con siete años al Ventorro procedente de Marruecos, comparte los escasos metros cuadrados de su vivienda con seis familiares más, entre ellos dos bebés: Aya y Amal, sus sobrinas que tienen poco más de un año. “Tras los derribos nos dejaron sin agua y nos tiraron media pared”, al día siguiente volvieron a montar el enganche con el que consiguen abastecerse de agua, la luz también la “pinchan” y no tienen calefacción: “Si hace frío, hace mucho frío. Si hace calor, tienes mucho calor”.
Ahora, viendo que el realojo se ha convertido en un imposible, su mayor miedo es que les derrumben sus casas, al no tener licencia, y que no les planteen una alternativa habitacional. “En febrero escribimos al organismo responsable, el IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración Social), pidiendo una reunión urgente y no nos han contestado”, cuenta el letrado Javier Rubio. Por ahora, han conseguido que la justicia paralice los intentos de derribo. Sin embargo, la insistencia del Ayuntamiento por destruir sus hogares aterra a los afectados. Omar, también marroquí, lleva 14 años en el Ventorro, ha dejado de trabajar por miedo a que un día que no esté en casa lleguen las excavadoras. Según señala, en su caso la administración no le ha facilitado una vivienda pública porque “se mudó del numero 44 al 54 dentro del mimo poblado”.
Un juez no ha autorizado al Ayuntamiento de Madrid que desaloje una de las chabolas al entender que el objetivo del gobierno municipal no es desahuciar a las familias, si no derribar la infravivienda. El magistrado señala en el auto fechado en noviembre del 2014 que el gobierno de Ana Botella no había solicitado autorización para demoler esa casas y por eso “no cabe acceder a la presente solicitud hasta que no se acuerde por el Ayuntamiento la ejecución forzosa”. Por lo tanto desestima el requerimiento de desalojo por un defecto administrativo y emplaza al Consistorio a que “una vez que subsane los defectos apreciados en los razonamientos jurídicos de la presente resolución podrá reproducir la solicitud”.
Sin identidad postal
Tras los últimos derribos no solo han empeorado las condiciones de insalubridad, además se han quedado sin recibir cartas, según señalan los residentes, Correos ya no llega al Ventorro. Ismaíl sabe que este poblado no es el entorno más adecuado para que se críen dos bebés: “No les podemos dejar que salgan a gatear porque está todo lleno de escombros y cristales. Pero no podemos plantearles otras condiciones, si tuviésemos otra cosa nos íbamos”.
Junto a la chabola de Ismaíl quedan otras siete en pie. Los afectados desmienten la versión de la Comunidad de Madrid, de hecho el abogado de tres familias a las que les han rechazado esta opción explica que, por ejemplo, el padre de Ismaíl llegó en 1992 al Ventorro y añade que no se lo han reconocido porque se empadronó durante unos meses en otro domicilio para poder traer a su familia que estaba en Marruecos, si hubiese pedido el reagrupamiento familiar en este poblado no se lo hubiesen otorgado “debido a las malas condiciones de la vivienda”.
A estas familias les preocupa que finalmente las declaraciones que hizo el portavoz del gobierno regional se conviertan en una realidad y que desaparezca el Ventorro de la Puñalá. En esta ocasión llevándose por delante sus casas.
