“Si cierran el Punto de Encuentro, estaré totalmente desprotegida”

En la puerta del Punto de Encuentro Familiar de Móstoles no hay quien aparque. Los coches se detienen en segunda fila y los niños suben y bajan, entran y salen, con el padre, o con la madre, sobre todo en las tardes de los viernes y domingos, cuando toca visita.

Desde que cerraron seis de los ocho Puntos de Encuentro dependientes de la Comunidad Madrid, llegan familias no ya de Móstoles y alrededores sino de lugares más lejanos como Torrejón de Ardoz (a 45 kilómetros) o la propia capital (a 20). Ascensión, dentro de lo que cabe, se siente una privilegiada. Se acerca caminando hasta el Punto una tarde a la semana para que su hijo de 12 años pase un par de horas, sin salir del centro, con su padre. Esto es lo que llaman una visita tutelada y fue impuesta así por un juez en el año 2007. En una sala el niño, a quien llamaremos M., hace los deberes mientras su padre permanece sentado en el sillón. Si les da tiempo conversan o juegan a algo. El padre llega tarde a la visita, algo habitual en él, y al final el encuentro dura algo menos de hora y media.

Ascensión no se cruza con su ex marido, espera en una sala diferente y no se va hasta que él ha entrado en la habitación donde pasa la tarde. Según la sentencia, el juez estableció estas visitas “hasta que [el padre] se ponga en tratamiento [debido al alcoholismo] y acredite una evolución positiva”. Ascensión explica que esto ni ha ocurrido ni ocurrirá y, por tanto, tendrá que seguir haciendo uso del Punto de Encuentro de manera indefinida. Ascensión fue víctima de malos tratos y consiguió hasta tres órdenes de alejamiento para su exmarido, con el que comparte dos hijos. “A este señor no le quiero ver ni en pintura”, asegura.

Antes de que el juez cambiara el régimen de visitas que le había concedido por las visitas tuteladas en el Punto de Encuentro, el padre recogía a los niños en el coche y se los llevaba. Desde el día en el que tuvieron un accidente en la misma puerta del Punto, demostrando él síntomas de embriaguez, Ascensión decidió que no consentiría que se los llevara. Su hija es mayor de edad y ha decidido que ya no quiere ver al padre, M. en cambio, se lleva bien con él y acepta los encuentros en el Punto con la naturalidad con la que los niños llevan una circunstancia excepcional que para ellos es habitual. “Pero si no existiera el Punto, no sé lo que podría ser de mi vida, porque lo que no voy a hacer es dejar que se lleve al niño, bajo ningún concepto. Si lo cerrasen, me vería totalmente desprotegida”.

El exmarido de Ascensión no le paga la pensión desde 2004, pero a ella no le importa, mientras la deje en paz. Es auxiliar de geriatría y va saliendo adelante como puede, compaginando empleos con turnos de fin de semana y suplencias. Sin la ayuda de él, se las apaña. Pero la Comunidad de Madrid ha impuesto una tasa por el uso de los Puntos que, aunque no se está cobrando todavía, se hizo pública en diciembre. Ascensión tendría que pagar 10 euros cada vez que lleva a M. a ver a su padre. Cuando llegue el caso ella se negará a pagar. “Además de que vivimos con lo justo, de que no me pasa la pensión, ¿tengo que pagar yo por la visita, porque él no lo va a pagar? Ni hablar”.

Insumisas

Ascensión no es la única que se declarará insumisa a la tasa.

Elsa es madre de una niña de 9 años que lleva dos utilizando el Punto de Móstoles para los intercambios. “No lo voy a pagar y seguiré yendo al Punto hasta que un juez diga lo contrario, pues es lo que está puesto en mi convenio. Y si me cierran el Punto, iré a la puerta de la comisaría, pero donde no le voy a esperar es en mi casa”. Al padre de la hija de Elsa le corresponde una tarde a la semana y los fines de semana alternos. Como la tasa indica que se cobrará 5 euros por entrega o recogida, tendrían que pagar 60 euros al mes. Ella también está segura de que su exmarido no aceptará compartir los gastos ya que él no quiere tener que ir al Punto porque “le controlan, le obligan a estar a su hora y si falta o se retrasa, lo apuntan todo y a mí me sirve como prueba”, explica.

Elsa ha creado una petición de firmas en Change.org para alertar socialmente de la desaparición de estos centros y lleva más de 2.200. También se han entregado dos hojas con 130 firmas a la Comunidad de Madrid de familias afectadas y actualmente se están escribiendo hojas de reclamación individuales donde cada usuario expone su queja ante la tasa y su petición de que no se prescinda de este servicio que protege a la familia y al menor, un derecho garantizado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y cuya competencia corresponde a las Comunidades Autónomas. Jueces para la Democracia denunció la imposición de estas tasas y el “desmantelamiento” de los Puntos, que calificó de “imprescindibles” y advirtió que de nuevo “las consecuencias de la crisis económica recaían en los más débiles”.

Carmen Rodríguez, experta en mediación y Puntos de Encuentro, pionera con una experiencia de más de diez años en este ámbito, define los Puntos como un “bálsamo de aceite” para las familias en conflicto, “que permite a los profesionales hacer un diseño de intervención en la familias”, con el objetivo de que en el futuro sean autónomos y no dependan de los Puntos de manera indefinida. Hay un 25 por ciento de los perfiles de los usuarios de los PEF al que le es suficiente una intervención de los psicólogos y mediadores durante 6 u 8 meses y, a partir de ahí, las partes aprenden a gestionar su relación. El 75 por ciento restante responde a una casuística diversa que incluye a exparejas donde ha habido maltratos, padres con órdenes de alejamiento, progenitores con trastornos mentales o adicciones y personas sin hogar. Los profesionales aseguran que la media de uso de los PEF por las familias está entre 12 y 18 meses.

Pero el caso de Gema no se incluye en la media y su ejemplo, como los anteriores, evidencia una absoluta dependencia y necesidad del Punto de Encuentro. Gema es madre de una niña de 13 y un niño de 10, que ven a su padre los fines de semana alternos. Él intentó matarla con un martillo, ella salió viva de esa agresión de milagro. Durante cuatro años él tuvo una orden de alejamiento. No por eso, ella ha dejado de temerle: “no le quiero exaltar, le tengo miedo”, confiesa. Sólo pensar en un encuentro con él se echa a temblar.

“Me dijo que ya que no había podido matarme, iba a joderme”, cuenta Gema que su expareja le amenazó así en relación a la custodia de los hijos. Antes de que el juez le concediera el Punto de Encuentro, hacían los intercambios en un parque. En lugar de ir al lugar acordado, él llamaba al telefonillo de su casa y, al no estar la familia, se dirigía a la comisaría a poner una denuncia contra Gema. Una denuncia cada 15 días. Para defenderse de la estrategia de su exmarido, Gema tuvo que pedir un préstamo para pagar un abogado, ya que no le concedieron la justicia gratuita. Al menos, desde que usa el PEF, Gema ya no ha tenido que verle la cara y el ritmo de denuncias ha caído a una anual. “Dios mío, si me quitan el Punto, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que nos queda”, se lamenta.

De lo normal extraordinario

Como el exmarido de Gema se declara insolvente, no pagará la tasa, por lo que recaerá en el muy ajustado bolsillo de ella. El ex de Elsa, en cambio, no es que no lo pueda pagar, es que lo quiere pagar. “Si lo tenemos que pagar lo tendré que pagar yo - explica ella - o no usarlo. Y si no lo usamos será como el primer día, tendremos un pollo, como antes, o será mucho peor, porque él lleva dos años contenido - acompaña la palabra con el gesto de a quien le tiemblan los puños - gracias a los trabajadores sociales del Punto, que los hay que valen y los que no, pero en general lo hacen bien”, dice. “Aún fallando, el Punto de Encuentro te da la vida”, insiste Elsa.

La hija de Elsa, como los de Gema, el de Asunción o los de Olga, están habituados y adaptados a la rutina del Punto. “Mi hija está temblando por si nos lo quitan” confiesa Elsa, “el señor Fermosel, consejero de Asuntos Sociales, dijo en diciembre que los niños no quieren ir a los PEF, y yo le invitaba a que viniera a mi casa”. “A todos los políticos -apostilla Gema, sentada junto a Elsa compartiendo un café y esta conversación- a que estuvieran en mi situación. Mis hijos entran en el Punto de Encuentro como si estuvieran en su casa”. Y no basta con mantenerlo o eximirlo de las tasas, las madres piden mejoras: que sea más grande, que esté insonorizado, que el acceso no se produzca en una calle donde no se puede aparcar siendo fácil que en ese punto se quiebren las órdenes de alejamiento.

El 29 por ciento de los casos que llegaron en 2011 a los Puntos de Encuentro vinieron desde juzgados de violencia de género, según la memoria del Instituto Madrileño del Menor y la Familia de ese año. Es el caso de Olga, que sufrió malos tratos durante cinco años y lleva dos usando el Punto de Móstoles para que sus hijos, de 8 y 6 años, vean a su padre. El juez le impuso una orden de alejamiento durante dos años, pero después fue absuelto. A pesar de que, durante el juicio, juez y abogado le propusieron a Olga que realizara los intercambios en el PEF, ella se negó porque tenía prejuicios, no quería llevar allí a sus hijos. Por tanto, un familiar los bajaba al portal de su casa y el padre los recogía y entregaba allí mismo, incumpliendo los horarios y forzando a la familia y amigos de Olga a estar pendientes cada día de encuentro. Cuando la situación se hizo insostenible, Olga, que vive en un municipio cercano a Móstoles, pidió plaza en el Punto de Encuentro de esa localidad. “Me habían hablado mal pero cada experiencia es diferente y yo estoy encantada y mis hijos también -explica- lo ven de lo más normal”. Por su experiencia, Olga afirma que para tratar con maltratadores es necesario gente formada, psicólogos, especialistas en violencia de género que sepan contenerles a ellos y tratar a las víctimas: “no se puede dejar en manos de cualquiera, ni volver a las comisarías como antes, hay que proteger a los niños”.

Un futuro desprotegido

Olga afirma que casi todas las mujeres que ha conocido en el PEF están en situaciones “muy difíciles” y que, sin ese recurso, “se quedarían desamparadas, totalmente abandonadas”. Ella pagará las tasas y si la Comunidad de Madrid lo cerrara, pediría que la admitieran en algún otro dependiente de un ayuntamiento, como el de Fuenlabrada. Pero lo más probable es que haya interminables listas de espera. “No quiero tener que verle nunca más”, recalca. No está dispuesta a que el padre se acerque a su casa, por tanto, tarde o temprano habrá un conflicto que tendrá que resolver, que le obligará a revivir lo que quiere dejar atrás, lo que había dejado atrás.

35 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta recorre Javier para que su hija de tres años pueda ver a su madre los fines de semana alternos y dos tardes entresemana. Tras la separación, la niña quedó con la madre y Javier estuvo un año sin poder verla. Cuatro de esos meses fue el tiempo que pasó esperando plaza en un Punto de Encuentro. “Y eso que era un tiempo en el que funcionaban los ocho, si eso me pasara ahora, hubiera estado otro año sin ver a mi hija”, explica. Después llegaron las amenazas por sms, las coacciones, los pinchazos en las ruedas del coche, los detectives, los emisarios que relata Javier que ella enviaba para que le amedrentaran con violencia o los papeles que aparecían en los buzones de los vecinos acusando al padre de “cocainómano y maltratador”. A raíz de las denuncias, “una jueza tuvo los ovarios de meter a una mujer en prisión”, explica Javier. Debido a la condena de cuatro meses de cárcel provisional, este padre consiguió la custodia junto con órdenes de alejamiento posterior, para él y sus allegados. Ahora es la madre quien necesita del Punto de Encuentro para poder ver a la niña, aunque la oden de alejamiento le impide acercarse al Punto, por lo que son los abuelos los que hacen el intercambio. “Si no me queda otro remedio para que me hija pueda ver a su madre, se llegaría a un acuerdo con ella y pagaremos por usar el Punto, pero no lo veo correcto” opina este hombre sobre un servicio que ve “absolutamente necesario” porque, sin él, se verá obligado a “volver al método antiguo, el de la comisaría, que sería muy traumático para mi hija de tres años, quitándole la seguridad que le ofrece el conocer a la gente del PEF y obligándola a asociar a personas de uniforme con el mal trago de separarse de su padre o de su madre”.

Los profesionales de los Punto de Encuentro no son meros controladores, son mediadores que, en el estrecho margen de maniobra que ofrece la sentencia de un juez, intentan que las partes aprendan a gestionar su relación fuera del Punto. Salvo en los casos donde ha habido violencia de género, donde la intervención en este sentido no está aconsejada y se limitan a vigilar que el intercambio se haga de manera correcta. El Punto de Móstoles está completo y tiene lista de espera. Da servicio a 144 familias y tuvo que asumir 30 más con el cierre de los otros seis puntos. El de Las Rozas tiene a 102 familias y asumió 40 más con los cierres. En esa situación, la espera para acceder a una plaza es de más de un año, siendo precisamente en los tres primeros años tras la separación cuando la intervención de los mediadores es decisiva para el ajuste emocional de los menores.

A Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, no le salen las cuentas. Si en 2011 los PEF atendieron a 852 familias, un número creciente desde el año 2006, y en 2012 se cerraron seis centros quedando sólo dos en activo y llevando éstos 316 expedientes de los que ya tenían más los 70 que asumieron, “¿dónde han ido las 512 familias restantes?”. La respuesta, dice la diputada, está en todas esas bajas voluntarias de familias que no pueden desplazarse a un municipio lejano al suyo, por dinero, por tiempo o por impedimentos de movilidad. Familias que vuelven a las comisarías, a las casas donde se sienten vulnerables, los parques o los lugares neutrales, sin profesionales que las atiendan. “O bien familias a las que no les han ofrecido una reubicación, no les han dado solución y les dejaron en la calle”, afirma. “Las familias se van a tener que saltar las medidas judiciales y se van a reproducir las situaciones de origen, se van a recrudecer las situaciones de violencia y luego, ¿cómo lo solucionaremos?, ¿con cinco minutos de silencio?” se pregunta la diputada que asegura que “la Comunidad de Madrid será responsable de cualquier asesinato por violencia de género que pueda ocurrir a cualquiera de estas mujeres que han quedado desprotegidas”.