Tres grupos reclaman que el Congreso discuta sobre el final digno de la vida

En los dos últimos meses los principales partidos de la oposición han dado forma a sus proposiciones de ley sobre muerte digna. Con la iniciativa registrada este martes por el PSOE, la mesa del Congreso ya tiene en su poder tres diferentes. Socialistas, Ciudadanos y Unidos Podemos quieren abordar las condiciones del final de la vida. Las alternativas deben pasar la calificación del Gobierno, que podría bloquearlas antes de que lleguen a debatirse.

No es la primera vez que el debate sobre muerte digna entra en el Congreso. En las dos ocasiones que se ha intentado con el PP en el Gobierno, los textos –de IU y PSOE– han decaído por el rodillo parlamentario que permitía la ya extinta mayoría absoluta de los populares en la Cámara Baja.

Los textos de PSOE y Ciudadanos están inspirados por un espíritu similar: crear un marco normativo que recoja específicamente los derechos al final de la vida. Aunque actualmente no hay una ley de rango estatal en España que los regule, algunos de los artículos que incluyen los socialistas y la formación naranja ya tienen cabida en la ley de autonomía del paciente de 2002 y están específicamente regulados en algunas normas autonómicas como Andalucía, Aragón o Galicia.

Los dos grupos quieren evitar hablar de eutanasia y suicidio asistido. Ciudadanos, cuya propuesta se enmarca en el pacto de investidura que le une al PP, ni siquiera alude a ello en el texto y los socialistas justifican que su norma no es para regular estas prácticas, sino una “ley básica” sobre la que “ya hay un consenso asegurado esta legislatura”. Unidos Podemos es el único partido que se desmarca al basar su ley en eliminar las penas por eutanasia y suicidio asistido con el argumento de que la sociedad lo apoya ampliamente.

¿Eutanasia, sí o no?

Solo Unidos Podemos opta por garantizar que todas las personas pueden solicitar y recibir ayuda médica para poner fin a su vida. Es decir, propone despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido reformulando el artículo 143 del Código Penal, que hoy contempla penas de prisión para aquellos que cooperen “activamente con actos necesarios y directos en la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de este en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte”.

Propone incluir estas prestaciones en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud y esgrime requisitos como ser mayor de 18 años, formular una petición de manera voluntaria repitiéndose en al menos dos ocasiones con una separación de 15 días y no siendo el resultado de una presión externa, encontrarse en la fase terminal de una enfermedad o padecer sufrimientos físicos o psíquicos que considere intolerables y haber recibido información de todas las alternativas de tratamiento existentes.

Unidos Podemos parte de la percepción que tiene la sociedad sobre la eutanasia y justifica su proyecto asegurando que “hay un apoyo creciente, hoy francamente mayoritario” a la regulación. Algo que, asegura la formación, “no se ha visto reflejado en nuestro ordenamiento”.

Para el PSOE la sociedad “parece dispuesta a abrir el debate” y deja claro desde el principio que su propuesta “no es una ley llamada a regular la eutanasia”. Eso sin perjuicio de una regulación futura por la que apuestan los socialistas tras un debate “sereno y sosegado”. Y Ciudadanos no se pronuncia en ningún momento las prácticas penadas y menciona de refilón el derecho a la sedación paliativa.

Cuidados paliativos integrales

Varios estudios elaborados por la Asociación Española Contra el Cáncer o la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) corroboran que la mitad de las personas susceptibles de ser atendidos con cuidados paliativos no los están recibiendo. Las organizaciones achacan la situación a la escasa información sobre estos servicios y a la falta de recursos.

Tanto el PSOE como Ciudadanos apuestan por garantizar “cuidados paliativos integrales de calidad y asistencia domiciliaria”. De acuerdo con esto, estas personas tendrán derecho a recibir “una atención específica que prevenga y alivie el dolor” y a recibir “sedación paliativa, aunque ello implique un acortamiento de la vida”.

La sedación no está recogida en ninguna legislación como tal, aunque sí es algo que se aplica en la práctica. Sin embargo, colectivos como Derecho a Morir Dignamente llevan tiempo denunciando que “depende del médico que te toque”.

Unidos Podemos argumenta que los cuidados paliativos ya están reconocidos por la ley de autonomía del paciente de 2002, que “aborda con suficiente especificidad los derechos relativos a la información, a la elección entre opciones clínicas, al rechazo de tratamiento y al alivio del sufrimiento, garantizando el acceso a los cuidados paliativos”.

Ciudadanos incide en el derecho a la intimidad de los pacientes en esta situación y pide garantizar en los centros hospitalarios una habitación individual para la persona y su entorno. También menciona, y es el único grupo que lo hace, los cuidados paliativos infantiles, que en España solo llegan con atención especializada al 10% de los niños y niñas que los necesitan.

Objeción de conciencia de los sanitarios

Ni el PSOE ni Ciudadanos se refieren a lo largo de sus respectivos textos a la objeción de conciencia en ninguno de los supuestos aunque actualmente generen algunos conflictos –sobre todo la sedación paliativa–. El partido de Albert Rivera solo concreta a este respecto que “las instituciones sanitarias deberán arbitrar los medios para que los derechos no se vean mermados, inlcuida la negativa del profesional”.

Unidos Podemos sí admite este supuesto para la eutanasia y el suicidio asistido, pero obliga al sanitario objetor a “ofrecer al solicitante de eutanasia otro médico” que no lo sea. En ningún caso, el derecho a la objeción –recoge el texto– puede impedir “el ejercicio del derecho a la eutanasia”. 

El porqué de la ley

Cada formación esgrime las razones que han motivado la redacción de los diferentes proyectos, aunque todos comparten un objetivo común: garantizar una muerte digna. Según una clasificación elaborada por The Economist Intelligent Unit sobre la calidad de la muerte, España ocupa el 14º puesto de 27 países europeos y mirando exclusivamente a los miembros de la Unión Europea se sitúa en la parte baja de la tabla.

Para unos, esta garantía se enmarca en los cuidados paliativos y otros derechos derivados de la atención sanitaria en el proceso final de la vida para paliar en la medida de lo posible el sufrimiento, puntualiza el PSOE, que se da en muchos casos en un contexto de aumento de las enfermedades de evolución progresiva, el avance de la medicina y el incremento de la esperanza de vida.

Para ello proponen un marco normativo que homogeneice las situaciones en las diferentes comunidades autónomas, donde la regulación varía de una región a otra. Los puntos comunes debería así ser: derecho a recibir toda la información disponible, derecho a la intimidad personal y familiar, al acompañamiento, a que se respeten las decisiones que tome el paciente y a recibir medidas terapéuticas proporcionales a su estado.

Ciudadanos coincide en el enfoque y busca con su ley “dar una respuesta legal a los dilemas a los que se enfrentan las Adminstraciones y el personal sanitario” en estos casos. Es decir, es una ley centrada en “regular el ejercicoo de los derechos” de las personas y “los deberes del personal sanitario que las atiende”.

Para Unidos Podemos la muerte digna está directamente relacionada con evitar la imposición del “deber de vivir en condiciones penosas e irreversibles en contra de los deseos y convicciones más intimas de uno mismo”. El grupo apuesta por “la defensa de una vida digna hasta el final”, lo que implica “el fin de la confusión entre el derecho a vivir y el deber de vivir”.