El consejero de Educación madrileño apoya la condena al rector pero remite a la “autonomía universitaria”
El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, ha reconocido este miércoles que comparte el espíritu del comunicado de los rectores madrileños que han condenado el supuesto plagio del rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Fernando Suárez, pero ha recordado que por encima está la “autonomía universitaria” y que debe ser el centro el que debe pronunciarse.
En concreto, ha manifestado que la “autonomía universitaria” es la que “prevalece” a la hora de gestionar el presunto caso de plagio y ha destacado que se ha creado una comisión académica que lo investiga y que una vez tenga las conclusiones, será la propia universidad la que tome “cartas sobre el asunto”.
Van Grieken ha asegurado que comparte “los principios” y el “concepto” del comunicado suscrito por los rectores de la Alcalá, Autónoma de Madrid, Carlos III, Complutense y Politécnica de Madrid, que se han mostrado “preocupados” por los casos de plagio que afectan a Suárez.
El consejero señala que “no es lícito” el “plagio” en el mundo académico y que eso precisamente han querido trasladar el resto de rectores de las universidades madrileñas sobre este asunto.
A su vez, Van Grieken ha indicado que para la Comunidad de Madrid es “importantísima” la “autonomía universitaria”, que “prevalece” en el caso de la investigación a la hora de esclarecer el presunto plagio del rector de la URJC, pues debe ser una “entidad académica” la que analice los posibles plagios de los que ha sido informada. “Desde nuestra perspectiva, respeto total y absoluto a la autonomía universitaria”, ha zanjado el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.
Van Grieken da un paso con sus declaraciones. Su jefa Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, eludió directamente pronunciarse sobre la cuestión. “Mientras no se pronuncie la universidad, el gobierno de la Comunidad de Madrid no va a opinar en un asunto que no es un asunto de gobierno”, dijo en el programa El Objetivo.
La autonomía universitaria impide a priori a las instituciones interferir en las decisiones de estos centros. Es el propio rector la figura competente en la universidad para incoar expedientes disciplinarios, pero eso contraviene la ley 39/2015 al ser una parte interesada en el caso. Si no dimite, le puede cesar el Claustro de la universidad, pero tienen que votar a favor de su marcha 200 de sus 300 miembros.
La universidad anunció que abriría hace 20 días una comisión académica de investigación que se niega a aclarar a día de hoy si ha iniciado.
