Los exconsejeros de Sanidad de Madrid, imputados por prevaricación en la privatización sanitaria
Los ex consejeros de Sanidad de Madrid Manuel Lamela y Juan José Güemes son imputados finalmente por prevaricación. Ambos ex dirigentes del Gobierno del PP de Esperanza Aguirre tendrán que responder criminalmente por el proceso de adjudicación de hospitales y laboratorios a empresas privadas. El magistrado Marcelino Sexmero rechaza el recurso interpuesto por Güemes -al que se adhirieron los demás querellados y fue respaldado por la Fiscalía- en un auto de 29 de octubre, ya que los hechos que denuncia la asociación de médicos AFEM “son constitutivos de delito”.
Lamela y Güemes, además del actual director general de Hospitales de la Comunidad Antonio Burgueño, están imputados por ser los responsables políticos de las, según el auto, “adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco incumpliendo alguno de los requisitos previstos por la ley como la no exigencia del canon de la que se han beneficiado dichos acuerdos”. Y luego resalta el escrito del juez: “Para después contratar los servicios de los anteriores Consejeros de Sanidad”. Güemes fue nombrado consejero de la empresa Unilabs, después de que ésta comprara la concesión de los laboratorios centrales a la adjudicataria original. Al conocerse la noticia dimitió. Lamela, por su parte, apareció en una sociedad que gestiona la parte no sanitaria del hospital del Tajo (centro en cuya planificación participó como consejero). Sexmero llega a incluir como argumento en su decisión el hecho de que la Sanidad madrileña dirigida por Aguirre, Lamela y Güemes llegó a fichar a directivos de las empresas que, más tarde, participarían en la entrada de contratistas en la gestión médica. Así especfica: “Habiéndose contratado incluso al señor Antonio Burgueño Carbonell que participó en su día en la creación del modelo Alcira”.
De esta manera, el magistrado entiende que “resulta indispensable la práctica de diligencias de investigación para esclarecer los hechos relatados” en la querella. AFEM en un relato, según el juez no del todo claro, expuso que se da una derivación de pacientes hacia los centros de gestión privada (llevados por empresas) “con amenazas o intimidación contra su voluntad” mediante el centro de citación telefónica (call center). También expusieron la “ausencia de control en el precio de ajduciación de un centro de especialidades (Pontones)” así como la “ausencia de control en la facturación intercentros -se ha facturado de menos a los tres centros de gestión privada-”.
De todo ello se deriva la “prevaricación” de los políticos que llevaron el proceso desde la consejería: Güemes y Lamela. AFEM entiende que esta decisión “vuelve a dar esperanza porque legitima la acción de los ciudadanos que detectan una irregularidad y la pueden llevar ante la justicia”. El portavoz de Sanidad del Partido Socialista en Madrid, José Manuel Freire, ha contado a eldiario.es, nada más leer el auto, que “llega en un momento clave, ya que no creo que el TSJM levante la suspensión cautelar de la privatización de hospitales bajo estas circunstancias jurídicas”.
Este proceso saltó el 20 de junio cuando el mismo magistrado decidió la imputación de la cúpula sanitaria que había iniciado la privatización de centros hospitalarios y anláliticos en la región madrileña. Sin embargo, no se había producido la declaración como imputados de los políticos por el recurso de Güemes y la falta de diligencia de la consejería -según indicó el tribunal- en enviar información requerida por el juzgado. Ahora el paseíllo hacia el magistrado está corroborado.
