Las seis contradicciones de Wert: defiende una idea y legisla la contraria

Tras unos meses de calma chicha, la presentación de la prueba de final de Bachillerato y Secundaria, las llamadas reválidas, ha terminado de romper la baraja educativa. Las cinco Comunidades Autónomas que no gobierna el PP dejaron plantado al ministro, José Ignacio Wert. El diseño de la prueba, tipo test con 350 preguntas, ha soliviantado a los Ejecutivos regionales de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Canarias y Asturias. También a buena parte de la comunidad educativa. Y ha venido a acentuar un aspecto que muchos expertos educativos le critican al ministro desde que tomó posesión: entre su discurso y sus actuaciones hay un mundo.

“El diagnóstico lo hace bien, las recetas no tanto”, coinciden a menudo catedráticos y sindicalistas. Estos son algunos ejemplos.

Hay que “saber hacer”, pero exámenes de memoria

Uno de los principales campos de batalla de Wert ha sido implementar en España el aprendizaje por competencias al estilo de que lo que preconiza PISA. El paso del “saber” al “saber hacer”, dejar atrás los aprendizajes memorísticos que, según su argumentario, tanto daño hacen al sistema educativo. Pero luego el ministerio diseña una prueba de final de ciclo tipo test, que la comunidad educativa ha rebautizado como reválidas, en las que prima todo lo contrario, según los expertos consultados.

“Hay competencias que son imposibles de evaluar con este método”, señala Luis Rodríguez, coordinador del grupo de trabajo de acceso y orientación al estudiante de Runae. “Se puede limitar la preparación del examen a hacer test ad infinitum hasta que los estudiantes se aprenden de memoria todas las posibles variaciones de un tema”, añade. “Se predica una cosa pero no se da trigo”, coincide Rafael Feito, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense. “Se explica que se evalúa el 'sentido crítico' o 'desarrollar un tema' pero se pone una pregunta tipo test”, se extraña.

“La repetición es una lacra”, pero se ponen obstáculos

En repetidas ocasiones José Ignacio Wert, ha sostenido que la repetición es “una lacra” que le cuesta al Estado 7.000 euros por alumno repetidor para un total de 24.000 millones de euros. En España, cuatro de cada diez alumnos de menos de 15 años (un 40%) ha repetido algún curso. Su medida estrella para combatirlo es una prueba diagnóstica en 3º de Primaria con la que se detectarán, supuestamente, las debilidades o necesidades de los alumnos para corregirlas.

Pero a la vez introduce una prueba que otorga el título a final de Bachillerato y Secundaria. Y, señalan los expertos, introducir un examen que marca tanto la etapa educativa (si no se aprueba ese examen no se obtiene el título) no a ayudar precisamente a reducir la repetición, a poco que algún estudiante lo suspenda. Además, a quien le pase esto quedará en un limbo. Habrá superado el curso escolar pero no podrá avanzar a la siguiente etapa porque no tendrá el título. Como una repetición simulada y en diferido.

Autonomía en los centros, como diga Madrid

Ha sido durante toda la legislatura uno de los mantras con los que educación justificaba la necesidad de una nueva ley, apoyándose en las indicaciones al respecto que realiza la OCDE, los nuevos gurús educativos, para mejorar los resultados. “Una de las piedras angulares” de la reforma es que los centros educativos tengan más autonomía, explicó hace unos meses el ministro.

Pero luego la LOMCE hace todo lo contrario. Por un lado, la ley Wert ha entrado a un nivel de detalle en los currículos escolares básicos que realiza el ministerio inédita hasta ahora. “Solo le falta decir a los profesores qué camisa se tienen que poner”, exponía Vicente de Felipe, presidente de Ancaba, la asociación nacional de catedráticos de instituto. Por otro, el diseño de las pruebas de final de etapa, de nuevo, centralizado y diseñado de Madrid, va a generar una homogeneización de estos currículos, uno de los principales argumentos que esgrimieron las Comunidades Autónomas disidentes para expresar su rechazo a estos exámenes.

Por último, la LOMCE otorga poderes casi plenos a los directores al establecer el carácter meramente consultivo de los Consejos Escolares, donde están representados profesores, familias, etc. Una autonomía mal entendida y contraproducente, según el responsable máximo de PISA, Andreas Schleicher.

Menos abandono temprano, sin un euro de inversión

Una –si no la gran– lacra del sistema educativo español. Uno de cada cinco jóvenes (22%, según el dato de marzo de 2015) de entre 18 y 24 años abandona los estudios de forma prematura, según Educación. Muchos de ellos alimentarán la estadística de ninis.

El Ministerio es consciente del problema que supone. “Toda la reforma educativa está dirigida a reducir el abandono temprano”, sostiene Wert. Pero en cinco años de presupuestos se ha cargado la partida destinada a educación compensatoria, esos fondos destinados a apoyar a los alumnos con más dificultades, los que provienen de entornos sociales desfavorecidos y necesitan los refuerzos. Los (pre)destinados a abandonar el sistema. El recorte en profesorado también se ha cebado con los desdobles, refuerzos, etc.

Y de nuevo la reválida. El porcentaje de alumnos que la suspenda (alto o bajo, está por verse) quedará en un limbo con pocas opciones: esperar un año (en blanco) para examinarse de nuevo u olvidarse del tema parecen sus opciones.

Todo para el profesor, pero sin el profesor

Los docentes serán quienes dirijan la el cambio educativo, sostenía Wert, haciendo bueno sobre el papel el principio de que un sistema educativo nunca será mejor que los docentes que impartan clase en él. Pero los fondos para la formación de profesores han caído hasta casi la desaparición. El Ministerio no ha contado con nadie para elaborar la LOMCE, no ha preguntado a los sindicatos de un signo u otro. Ni para la norma general ni para ninguno de sus desarrollos.

También ha implementado las pruebas externas, que desde el sector y las Comunidades díscolas (Andalucía, Asturias, Cataluña, País Vasco y Canarias) se interpreta como un desprecio al trabajo de los docentes. E intentó eliminar de facto las especialidades docentes, por las que un profesor de Secundaria solo puede impartir ciertas materias acordes a su formación. Este ha sido probablemente el único gran triunfo de los opositores a la ley en cuatro años. El Ministerio retiró el proyecto por la catarata de críticas y la enorme presión que recibió.

“La universidad es insostenible”, y la vacía de fondos

La saliente número dos de Educación, Montserrat Gomendio, no se ha cansado en los últimos meses de afirmar que el actual modelo universitario español, en el que la financiación corre básicamente a cuenta de las administraciones públicas y las tasas de matrícula de los alumnos en menor medida, no se aguanta. Que las tasas son demasiado baratas y los centros necesitan buscar financiación externa. En este sentido, resultó coherente que permitiera a las Comunidades elevar el precio del crédito al estudiante.

Pero quizá no se sostiene tanto decir que la universidad es insostenible y a continuación recortar los fondos que se destinan a ella. Hasta 1.500 millones han perdido los 50 centros públicos de España en cuatro años, según CCOO. O lamentar la baja productividad investigadora y su poca presencia internacional a la vez que recorta un 15% los fondos para I+D+i y un 45% el presupuesto del plan nacional.