La crisis pudo con Victoria Mesa

Los vecinos de la barriada Los Corazones de Málaga hacía tiempo que conocían los problemas económicos de Victoria Mesa, de 52 años, y su agobio por las deudas y la enfermedad de su madre. Pero nadie sospechó que tras recibir el último aviso de embargo de su casa, tomaría una decisión tan drástica.

Tras dejar por escrito su última voluntad respecto a los cuidados de su madre, una anciana de 96 años e impedida con la que vivía, zanjó todo arrojándose a primera hora de la mañana por el balcón de su casa desde una cuarta planta.

Tanto la Policía como la Subdelegación del Gobierno rechazan que se trate de un suicidio vinculado a un posible desalojo de la casa en la que vivía desde hacía más de 30 años. Fuentes judiciales confirmaron que en la oficina de notificaciones de lanzamientos hipotecarios “no tenían constancia de ningún proceso de desahucio” inminente de la fallecida, que tampoco había solicitado ayuda alguna a instituciones públicas u organizaciones cívicas. Sin embargo, los vecinos coincidían en señalar que desde hace años “tenía pendiente una deuda de en torno a los 120.000 euros” por un negocio frustrado que había avalado con su casa, y que la presión por la suerte de su madre “había empezado a hacer mella en su estado psicológico”.

De hecho, insisten en que se había iniciado el embargo de su casa y que a comienzos de semana recibió la notificación del mismo, abriendo un proceso que aunque largo, irremediablemente acabaría con el desalojo ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos. De llegar ese momento, y ante su situación familiar, algunas fuentes apuntan a que la fallecida hubiera entrado en el grupo de beneficiarios del decreto del Gobierno sobre desahucios, al estar en paro, sin prestación económica y con una persona en situación de dependencia a su cargo.

Ni las autoridades ni los vecinos han sabido confirmar la entidad bancaria con la que la fallecida había contraído la deuda.

Único ingreso

El declive de Maria Victoria, como la conocían en el barrio, comenzó hace al menos un lustro, cuando estuvo a punto de perder su empleo porque el propietario del estanco en el que trabajaba iba a echar el cierre. Soltera y sin más familia que su madre, negoció un préstamo avalado con su casa para hacerse con el negocio, ubicado en un conocido polígono industrial de la ciudad. Pero las cosas no progresaron, y tuvo que cerrar el local hace tres años y dedicarse por completo a su madre, enferma de Alzheimer.

Desde aquel momento, según vecinos como Conchi García, “su único ingreso era la pensión de su madre”, con lo que se complicó el pago del crédito. Algunos hablaban ayer de que atravesaba una depresión, y que ella misma reconocía que no atravesaba su mejor momento y que tenía que “estar ingresada”. En los últimos meses, la cantinela de que “la iban a echar de su casa” o que “la casa no era suya, sino del banco” se había convertido además en recurrente, según Josefa, otra de sus conocidas. María Victoria recurrió a varias empresas de créditos rápidos, e incluso varios vecinos de la calle Río Guadiana realizaron una pequeña cuestación para ayudarle a pagar las deudas, “pero se ve que no fue suficiente”.

Antes de subirse a una escalera y arrojarse ayer por el balcón a primera hora de la mañana, la mujer escribió cartas a algunos allegados y unas notas con indicaciones precisas sobre los cuidados que precisaba su madre, las medicinas que necesita y la ubicación de las mismas o incluso en que residencia tenían que ingresarla. La anciana ya está a cargo de los servicios sociales del Ayuntamiento e ingresada en un centro de mayores.

Pacto por la vivienda

La de Maria Victoria es la tercera muerte en menos de dos meses por la presión de los desahucios, tras los casos de José Miguel Domingo, un quiosquero de Granada de 53 que se ahorcó el mismo día que se iba a ejecutar su desahucio, y de otro hombre en Córdoba. Sin embargo, el caso más paradigmático y que forzó el decreto contra los desahucios en los casos mas vulnerables fue el Amaya Egaña, que se arrojó por el balcón de su casa en Baracaldo (Vizcaya) tras abrir la puerta del portal a la comisión judicial que debía ejecutar el desalojo.

Desde Asturias, donde los Defensores del Pueblo de toda España mantenían una reunión con la Procuradora General, el responsable andaluz en funciones José Chamizo conminaba al Ejecutivo central y a todas las formaciones políticas a dejarse de discusiones y alcanzar un pacto “por la vivienda” con el sistema financiero para la desarrollar la dación en pago. “Se están dando pasos, pero muy limitados”, dijo, mostrándose confiado en que “las normas que sacó el Gobierno mejoren en trámite parlamentario” porque el de los desahucios es “uno de los temas más graves que hay que resolver”. Y añadió: “ya es hora de que todo lo que se está diciendo no se retrase más”.