Las cuentas de la candidatura olímpica de Madrid 2012, al descubierto

Cuando el 6 de julio de 2005 el entonces presidente del Comité Olímpico Internacional, Jacques Rogge, dijo: “Madrid will not participate in the next round”, se descarriló un tren cuya locomotora se había alimentado a base de cientos de miles, de millones de euros gastados sin apenas control. Una maquinaria diseñada desde el Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón, que evitó cualquier fiscalización y que se tradujo en fichajes y sueldos astronómicos y gastos a todo trapo.

Una arquitectura que sirvió para pagar al director de la candidatura olímpica, Feliciano Mayoral, una nómina de 10.800 euros netos cada mes o alimentar un plan de pensiones para los directivos mejor pagados de la oficina, según los apuntes bancarios (aquí consultables) de las cuentas de la Fundación Madrid 2012 y la oficina Madrid 2012 SAU a los que ha tenido acceso eldiario.es a través del buzón seguro Filtra.la, que comparte con los medios La Marea, Diagonal y Mongolia. Una riada de miles de euros con los que se abonaban las facturas de los famosos expertos en el mundo olímpico, figuras que se repiten alrededor de las diferentes candidaturas relacionadas con el COI –JJ OO, Universiadas o Juegos Europeos.

El esquema era el siguiente: el Ayuntamiento creó la fundación “sin fin lucrativo” Madrid 2012, cuyo presidente era el alcalde por entonces, Ruiz-Gallardón, y su director general, Roberto Sanz Pinacho (hombre de Gallardón en el PP). Esa fundación era la dueña de la oficina ejecutiva de la candidatura Madrid 2012 SAU. Los apuntes de la cuenta bancaria de la fundación son mayoritariamente de entrada: decenas de empresas inyectaban dinero a la fundación “de iniciativa municipal”. Periódicamente, ese dinero se transfería a la cuenta bancaria de la sociedad anónima. Incluso seis días antes de la elección de la sede para los Juegos de 2012, el 30 de junio, Madrid 2012 hizo una ampliación de capital de 2,5 millones de euros que llegaron de la fundación.

Con esa cadena, los euros para conseguir los JJ OO para la ciudad de Madrid, el proyecto del Ayuntamiento de Gallardón, quedaban fuera de la vigilancia de la Intervención Municipal. Aunque el reclamo fuera la ciudad o el consistorio, la dinámica era puramente privada.

“Pagar lo que hiciera falta”

“Había que fichar a la gente de Barcelona 92 y pagar lo que hiciera falta”, recuerda una década después algún funcionario municipal. El año de la elección, la oficina ejecutiva de Madrid 2012 mezclaba en su dirección a hombres del Partido Popular y directivos deportivos.

Después de Mayoral, el siguiente mejor pagado fue el director de Comunicación, José Ramón Díez (quien actualmente es el director de Televisión Española), que aparece en los documentos con ingresos de 7.300 euros al mes; el director financiero, Alfonso Hernández –al que la candidatura ingresaba 5.400 euros mensualmente–; y el director de Promoción, Miguel de la Villa Polo –que solo un año más tarde sería nombrado director general de Deportes por Gallardón y que recibía más de 5.500 euros netos cada mes–. Estos cuatro directivos de la candidatura recibieron, además, una “aportación 2005 a plan de pensiones”, según los extractos bancarios de 4.000 euros en mayo de ese año.

La nómina global de febrero de 2005, por ejemplo, ascendió a 147.728 euros netos –sin contar los impuestos o las aportaciones a la Seguridad Social– por 22 personas, aunque con amplias diferencias entre contratados: de 20 a 1 entre la cima y la base salarial. También está reflejado en los pagos otro hombre del Partido Popular, Antonio Lucio Gil, que fue director general de Disciplina Ambiental de la Comunidad de Madrid cuando presidía la región el propio Ruiz-Gallardón.

Alrededor de la elección y organización de campeonatos deportivos se ha ido creando una constelación de asesores dedicados a conseguir las designaciones que ansían los dirigentes políticos. Desde unos mundiales de atletismo o natación hasta la joya de la corona –los Juegos Olímpicos–, los consultores esgrimen sus conocimientos sobre los organismos que, a la postre, conceden la organización (una federación internacional o el Comité Olímpico).

Para Madrid 2012 no se reparó en gastos. Nombres como Isidre Rigau (coordinador del dossier), a quien se fichó por haber sido director logístico en Barcelona 92 y que también ha sido “asesor del COI en Sydney 2000, Atenas 2004, Torino 2006 o Pekín 2008”. O Alejandro Sansa –que fue contratado a nómina–, asesor de relaciones internacionales de Madrid 2012, que luego colaboró con Rigau en el equipo de asesores para los malogrados Juegos Europeos de Valencia (que finalmente se disputarán este año en Bakú, Azerbaiyán).

También proveniente de Barcelona, la cuenta bancaria de Madrid 2012 recoge la facturación de Ignasi Rodríguez Torne, que había sido responsable de “proyecto de imagen y comunicación, e identidad y diseño” de los Juegos de 1992. En 2005 se encargó de la “coordinación artística y comunicación estratégica” para Madrid. En la siguiente apuesta olímpica de Gallardón, para 2016, fue reclamado de nuevo para llevar la “comunicación estratégica, identidad corporativa y [ser] coordinador de la comisión de cultura para la candidatura”.

Otra de las asesoras que facturaba periódicamente (sumó en 2005 alrededor de 20.000 euros) era Christine Page Lumb, que tres años después del fiasco de Singapur figuraba como “experta en protocolo y relaciones públicas” para la intentona de Vigo por convertirse en organizadora de la Universiada de 2013. Finalmente se celebró en Kazán (Rusia).

Esos cuatro asesores que aparecían públicamente como expertos y coordinadores de la candidatura, solo en la primera mitad de 2005, sumaron pagos por más de 155.000 euros según los asientos bancarios.

Del ritmo de gasto de dinero puede dar testimonio el uso de las tarjetas de crédito de la cuenta de la candidatura. El 1 de enero de 2005, la “facturación” de tres de ellas sumaron 11.429 euros (con cargos de 3.000 y 4.000 euros). El 1 de abril fue de 4.546 euros. Para el mes de mayo, ese cargo llega a 13.455 y en junio, a 22.485 euros. Un mes después fueron 18.997. La factura para el viaje de la delegación e invitados a Singapur sumó 585.776 euros.

Empresas que aportaban a la fundación

Una vez que el griego Lambis Nikolaou erró en su voto dejando a Madrid fuera y metiendo a París en la final con Londres, aún aparecen algunos gastos llamativos como los 7.125 euros que la fundación gastó en una tienda de Loewe. La candidatura abonó al mesón Txistu de Madrid una factura de 35.310 euros gastados el 19 de julio de 2005, trece días después del no a Madrid.

Con toda la fiesta olímpica ya olvidada, la cuenta de la candidatura y la fundación quedaron activas. El último movimiento que ha podido revisar eldiario.es llega al 9 de febrero de 2006, con un saldo de 35.140,54 euros. La de Madrid 2012 SA llegó incluso más lejos. El 23 de julio de 2008, tres años después de Singapur y ya pasado el primer corte para aspirar a los JJ OO de 2016, que ganaría Río de Janeiro, se retiraron los últimos 123.000 euros que aún constaban en el saldo. La cuenta quedó entonces a cero.

Para aguantar el ritmo de gastos, el equipo de Gallardón creó la Fundación Madrid 2012, que captaba fondos de empresas (donaciones con desgravación). En 2005, el mapa económico español y madrileño era distinto. No menos de 17 constructoras, grandes y pequeñas, pusieron dinero. Construcciones Reyal, Promociones y Urbanizaciones, Construcciones y Promociones, Ortiz Construcciones, Fercaber, Panasfalto...

Pero también las grandes contratistas españolas como Sacyr, OHL, Entrecanales, Ferrovial, FCC aparecen en la cuenta de la fundación (con la máxima aportación en 2005: 150.000 euros).

Capítulo propio merecen los donantes que luego se han revelado como tóxicos. Así, constructoras relacionadas con la trama Gürtel y los papeles del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, están en los ingresos de la Fundación Madrid 2012. Coarsa y Licuas –empresas investigadas por haber pagado a la trama Gürtel– aportaron 90.000 euros cada una en enero de 2005. Una de las constructoras infectadas por la trama de Francisco Correa, Hispánica, también fue patrocinador “categoría oro” aquel mes de hace una década: 90.000 euros.

Al frente del día de la fundación, el Ayuntamiento colocó a Roberto Sanz Pinacho. Un político secretario general de las Nuevas Generaciones del PP y diputado autonómico en Madrid 16 años seguidos (hasta la marcha de Gallardón al Consistorio, en 2003). La fundación le abonaba 3.800 euros netos al mes. Después fue director general de Deportes hasta que tuvo que dimitir por conducir ebrio en 2006. Acto seguido fue fichado como asesor del Club de Campo Villa de Madrid.

Le acompañaba el actual diputado regional de Izquierda Unida de Madrid (IUCM), Antero Ruiz, quien cobró 33.941,49 euros netos de la fundación entre enero y octubre de 2005, según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es. La elección de la ciudad que albergaría los Juegos Olímpicos de 2012 se produjo el 6 de julio de ese mismo año.

Antero Ruiz, con quien eldiario.es intentó contactar antes de publicar la información, se ha puesto en contacto con este medio en la mañana del jueves. Ruiz ha explicado que él fue contratado como asesor por la Fundación Madrid 2012 en representación de IU y que fue designado por el grupo municipal, algo que confirma quien era la portavoz entonces, Inés Sabanés.

“Había gente del PP y del PSOE”, asegura Ruiz, que no ha sabido concretar quiénes ni cuántos de cada partido. Su misión, según relata, era “recibir información de lo que se estaba haciendo” en la candidatura: “Iba a las reuniones que me convocaban y en algún momento se nos pedía alguna opinión sobre algún tema menor”. El diputado regional de IU asevera que durante aquella época estos fueron sus únicos ingresos.

Sabanés, quien abandonó la formación en 2011 aunque en 2009 su relación con la dirección regional ya estaba rota, asegura en declaraciones a eldiario.es que la designación de Antero Ruiz respondía a un acuerdo de los grupos con el por entonces concejal de Urbanismo y consejero delegado de Madrid 2012, Ignacio del Río. “Se planteó la participación de los grupos municipales en el desarrollo de la candidatura, para que hubiera otros partidos con la voluntad de hacer un trabajo de control y de asesoría”, pero finalmente hubo “poco seguimiento, porque era un órgano muy autónomo”.

Sabanés, que hoy es coportavoz de Equo en Madrid, afirma que la elección de Ruiz fue decidida por el grupo municipal y entiende que “visto desde la situación actual” pueda resultar chocante. “Entonces era un sistema generalizado y aceptado”, responde.

En 2005, Ruiz no ocupaba ningún cargo institucional, tras su paso por el Congreso de los Diputados (2000-2004) y antes de su entrada en la Asamblea de Madrid, en 2007. Sí tenía un cargo orgánico dentro de IUCM desde principios de esa década: era el secretario de Política Institucional. Su labor era coordinar la labor de los representantes de la organización en las instituciones en las que esta tuviera representación. Es decir, los concejales, diputados, senadores y eurodiputados (si los hubiera) de IUCM, así como aquellos que estuvieran en consejos de administración de empresas públicas en nombre de la coalición.

Es el caso de los representantes en Caja Madrid-Bankia, cuya labor está en cuestión y ha desatado una tormenta interna en IU. El propio Antero Ruiz fue expulsado de los órganos federales de IU por haber firmado, como secretario de Política Institucional, un acuerdo en el que las partes se comprometieron en 2009 a pactar el relevo de Miguel Blesa al frente de la entidad, lo que motivó la candidatura de Ignacio González, que fue consensuada por todos los grupos en la Asamblea de Madrid, aunque finalmente Mariano Rajoy impuso a Rodrigo Rato.

Ruiz asegura a eldiario.es que dicha expulsión fue revocada hace dos semanas, después de que la Comisión de Garantías de IUCM rechazara la suspensión cautelar de militancia decretada por la dirección regional. “No había motivos para hacer la suspensión cautelar porque el expediente no lo hizo la Presidencia regional, sino la Ejecutiva”, dice Ruiz.

Según supo que recuperaba sus competencias federales, Antero Ruiz dimitió de sus cargos “para ayudar a Cayo Lara, que está buscando dar una salida a la situación en Madrid. Si mi presencia crea problemas, yo me voy”, asegura.

Contra Ruiz también se tramitó su expulsión del grupo parlamentario regional por el mismo motivo. Sin embargo, la Mesa de la Asamblea ni siquiera llegó a calificar el escrito que presentó el grupo, ya que –explica– “no se puede expulsar temporalmente a alguien: o se me echa o no”. Ruiz participó recientemente en la votación que mantuvo en su puesto al portavoz de IU en la Asamblea, Gregorio Gordo, señalado por la dirección federal por su responsabilidad política en la gestión de Caja Madrid y Bankia.