Las facturas sin pagar que deja la curación de Teresa Romero
“Asumir responsabilidades porque Teresa se haya curado, se referirá usted”. Esta sentencia del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, resume el día en el que Teresa Romero ha salido del hospital. El resultado clínico sirve para borrar los fallos que condujeron al primer contagio de ébola fuera de África y el posterior caos que sobrevino durante días.
No hay resaca oficial. Ni porque la paciente anduviera con el virus varios días tras avisar de que le subía la fiebre. Ni porque el hospital al que terminó por trasladarse a Romero y a todos los contactos que necesitaron cuarentena estuviera ya inmerso en un proceso de desmantelamiento (que exigió unas obras relámpago de adecuación mientras se atendía la crisis), ni porque la unidad designada por la Comunidad de Madrid para recoger estos casos en el Hospital Central de la Defensa esté en obras.
Tampoco hay rastro de que los sanitarios recibieran una formación débil y exprés para lidiar con el virus –se reforzó a partir de que la auxiliar enfermara– o que algunos equipos materiales fueran deficientes. No hay factura que pasar a los responsables políticos que acusaron a la enferma de mentir. Ni a los que fueron apartados de la gestión sanitaria a pesar de ser los competentes en la materia.
“El hospital Carlos III, de momento, se queda como está”, explica un portavoz de la Consejería de Sanidad. Se refiere a las cuatro habitaciones habilitadas para el aislamiento total que demanda un patología infecciosa como el ébola. Es un auténtico parón para los planes del Ejecutivo regional, que ya ha contratado una empresa para convertir el hospital en un centro de enfermos crónicos.
Tan contratada está la constructora que los trabajos se adjudicaron el 18 de agosto de 2014 por 1,2 millones de euros a la empresa COPICSA. Los vaivenes de la política sanitaria madrileña los deja en el alero: “Sabemos que esto está parado”, ha contestado un portavoz de la empresa a eldiario.es. “Hay un contrato pero la Comunidad es la dueña del hospital y la que decide. Nosotros estamos preparados”, remata.
Pero, claro, la unidad que Madrid eligió para ingresar a potenciales enfermos infecciosos está llena de paletas de albañiles. En el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla “no se puede ni acceder a la planta 22 porque está en obras”, han explicado este miércoles a este diario sus trabajadores. “Durante el verano han acelerado los trabajos pero todavía no se han terminado”, informan.
La Consejería de Sanidad de Madrid se escuda en que “la remodelación es cosa del Ministerio de Defensa”. El Gómez Ulla está bajo gestión militar y atiende a la población civil en virtud de un convenio por el que Madrid paga una cantidad al Ministerio.
El Ministerio de Sanidad tampoco se siente aludido sobre el futuro de la atención de casos como el de Teresa Romero –cuyo detonante fue la repatriación por parte del Gobierno central de los misioneros Miguel Pajares y Manuel García Viejo, ambos infectados con ébola e ingresados en el Carlos III, donde trabajaba la sanitaria a la postre contagiada–. “Se debe consultar a la Comunidad de Madrid”, ha sido su respuesta oficial sobre si está pensando en negociar con la Administración regional para mantenerlo como hospital especializado en estas enfermedades.
Protocolos caducos a la primera
Lo que sí quedó fulminado a las primeras de cambio fue el paquete de protocolos que el Ministerio y la Consejería elaboraron para manejar situaciones como la que presentó Romero. “Según las normas internacionales”, insistió la ministra Ana Mato. Pero si el contagio se confirmó el 6 de octubre, el 10 de ese mes la propia Mato anunció que el protocolo cambiaba. La frontera febril para considerar una sospecha de caso de ébola bajaba de los 38,6 grados a los 37,8.
“De acuerdo con los protocolos que existían, Salud Pública actuó como debía”, ha resumido la Consejería de Sanidad sobre la actuación ante las alertas que emitió la auxiliar de enfermería antes de terminar ingresada en las urgencias del hospital de Alcorcón. Sin embargo, la paciente tuvo que llamar dos veces a los servicios telefónicos del Summa para que le enviaran asistencia. Anteriormente había sido despachada con un consejo médico.
El sindicato CSI-F ha presentado una querella contra el gerente del Summa, ya que la jefatura de guardia del servicio se negó a consultar con Salud Pública ante los requerimientos del médico que llegó al domicilio de Romero, según denuncian.
Fernando Hontangas, portavoz de esta central sindical, indica ahora que “los protocolos revisados dan mucha más confianza al personal”. Pero ha sido una revisión exigida por los profesionales en medio de la crisis. Los trabajadores del Carlos III arrancaron a la dirección medidas extra de protección tras denunciar repetidas veces asuntos como que las esclusas para cambiarse de traje antiviral eran “de un metro por un metro”.
Tras salir de su cuarentena, el médico que trató a Romero en las urgencias de Alcorcón, Juan Manuel Parra, dijo en su cuenta de Twitter que se estaban llevando a cabo “reformas físicas” en esa unidad y “cursos de formación”, a posteriori. “Nos acusaban de decir tonterías”, concluía.
15 médicos intensivistas de La Paz presentaron una demanda contra la dirección del centro porque, tras avisar en repetidas ocasiones, no recibieron la formación ni efectuaron las prácticas previas que consideraban profesionalmente adecuadas antes de meterse en una habitación con un infectado de ébola. Un despacho en La Paz les hizo las veces de sala de ensayos cuando Romero esperaba su tratamiento. El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha abierto una investigación sobre el asunto.
Una vez más, la curación de Romero lo tapa todo. El gerente de La Paz-Carlos III, Rafael Pérez-Santamaría, ha salido este miércoles a recibir los aplausos que se ha llevado el equipo médico al hacer balance de la atención médica del caso. Las gerencias de los hospitales son puestos de confianza directamente nombrados por la Consejería de Sanidad, aún dirigida por Javier Rodríguez, del PP.
Puestos políticos a resguardo
El responsable sanitario de Madrid ha aguantado en su puesto. Tras acusar a la sanitaria enferma de mentir y de ser la causa de la infección, la curación de Romero, a la luz de lo dicho por su jefe, Ignacio González, ha eximido a Rodríguez de mayores responsabilidades. Y eso que la investigación para tratar de averiguar dónde pudo quebrarse la cadena de seguridad todavía está en curso. “Ni siquiera sé si se hizo algo mal”, ha dicho la enferma tras ser dada de alta.
No fueron esas incertidumbres un problema para que permitieran, al día siguiente de ingresar a Romero, que uno de sus médicos le interrogara y revelara que podría achacársele un fallo en el contagio. Eso “contribuyó a aumentar la tranquilidad”, ha justificado el gerente del Carlos III. El especialista que protagonizó aquella rueda de prensa improvisada y apresurada, Germán Ramírez Olivenza, ha recibido el apoyo de sus compañeros. La Comunidad de Madrid dice que esa investigación está en manos del Gobierno central.
En el Ministerio de Sanidad miran para otro lado. Este miércoles, al mismo tiempo que Romero recibía el alta, un portavoz del departamento dirigido por Ana Mato contestaba sobre las pesquisas que “las decisiones con relación al ébola se determinan por el comité especial que se reúne en Vicepresidencia del Gobierno”. Es decir, un negociado de Soraya Sáenz de Santamaría. Orillada de la gestión del ébola ha quedado la ministra Mato. Con todo, también resiste en su puesto.
Lo único cierto es que, si nadie presenta síntomas, la Organización Mundial de la Salud declarará a España país libre de ébola el 2 de diciembre.
