Los ataques de Fernández Díaz al juez que denunció torturas “amenazan la libertad de expresión”, según Amnistía
Fueron pocas palabras, pero han levantado revuelo. “La tortura se ha producido de manera clara” y los tribunales “no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho”, afirmó el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada a finales de abril. Poco después el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, tachó sus palabras de “infames” y pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tomara “algún tipo de medida”.
Un mes después, el Tribunal de Estrasburgo condenaba a España por no investigar suficientemente una denuncia por tortura. Se trata de la sexta condena de este tipo desde 2010 y la octava desde que firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este miércoles Amnistía Internacional ha enviado una carta a Fernández Díaz para “expresarle su preocupación” por sus declaraciones.
Afirma, además, que podrían constituir “una injerencia ilegítima en la independencia del poder judicial y podrían suponer una vulneración del derecho a la libertad de expresión del magistrado”. En palabras del director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, “la clave para se garantice una justicia con independencia, imparcialidad y transparencia es el principio de la separación de poderes y por lo tanto debemos protegerlo”.
La organización considera que las palabras del magistrado no afectan “a su imparcialidad o autoridad” y están amparadas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura. “Los temas abordados por el magistrado deben ser considerados temas de interés público, que siempre deben estar abiertos a debate libre en una sociedad democrática”, afirma en la carta.
Amnistía Internacional recuerda que las expresiones de José Ricardo de Prada van en la línea de lo manifestado por varios organismos internacionales sobre la tortura y malos tratos policiales en España. Tanto el comité europeo como el de Naciones Unidas para la prevención de la tortura han recomendado al Gobierno la derogación del régimen de incomunicación porque “facilita la práctica de la tortura y atenta contra los derechos básicos del detenido”, asegura la organización.
AI es uno de los colectivos en defensa de los derechos humanos que más ha denunciado “la impunidad efectiva de los responsables [de maltrato policial]” en muchos casos, tal y como recuerda en la misiva dirigida al ministro del Interior. El pasado viernes la Coordinadora para la Prevención de la Tortura presentó su informe anual en el que contabilizaba 232 casos de tortura o malos tratos solo en 2015.
La misma plataforma ha registrado 7.000 víctimas en diez años, aunque muchos de ellos nunca se denuncian. Entre los motivos, asegura el colectivo, se encuentran “la desconfianza en los tribunales” o “la criminalización de los que denuncian violencia policial”.
