La defensora del Pueblo no recurre la ley antidesahucios
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha decidido este viernes, día en que vencía el plazo, no recurrir ley antidesahucios ante el Tribunal Constitucional (TC), en contra de lo que le ha pedido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Lo ha hecho, según un comunicado, debido a que “lo han hecho parlamentarios del Grupo Socialista”. Sin embargo, en en la línea siguiente reconoce que “no es asumible el deseo de los solicitantes de que la Institución se adhiera al texto elaborado por ellos” ya que la defensora debe actuar con “plena libertad” e “independencia de criterio”.
Tal y como establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, la decisión de si la institución presenta un recurso de inconstitucionalidad debe adoptarse en la Junta de Coordinación, el órgano directivo presidido por la defensora. Becerril ha convocado una reunión del cuadro directivo de la institución a las diez y media de la mañana, en la que se analizó la petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
La PAH ha elaborado un recurso de inconstitucionalidad de la ley de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios pero, como no tiene legitimidad para presentarlo ante el TC, ha pedido a 50 diputados, 50 senadores o al Defensor del Pueblo que lo “avalen” y lo trasladen al alto tribunal.
El PSOE ha presentado este viernes su recurso, que no asume íntegramente el de la PAH. “Recoge los mejores argumentos de la plataforma y añadiendo alguno más para hacer el mejor recurso posible”, según ha explicado el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba.
La Ley de protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social –aprobada por el Senado el 8 de mayo y publicada en el BOE el 15 de mayo– suspende los desahucios de viviendas durante dos años para colectivos definidos como vulnerables, modifica el régimen de subastas de viviendas para que el precio de adjudicación sea mayor y limita los intereses de demora.
En esa fecha, la defensora declaró que aunque la ley hipotecaria “pone límite al abuso de los intereses de demora” podría haber sido “más generosa” respecto a la protección de las familias afectadas en los procesos de desahucios. Pese a todo, Becerril considera necesario “reforzar más la protección de los deudores hipotecarios para impedir los efectos nocivos”. Así, ha propuesto “establecer un procedimiento de insolvencia de las personas físicas” y “aumentar las facultades de los jueces para facilitar acuerdos entre acreedores y deudores e imponer una solución razonable”.
