Dependencia: siete meses de espera y 55.000 plazas de residencias vacías
Mientras los dependientes en España esperan 210 días de media para obtener una ayuda de la administración, unas 55.000 plazas en residencias están vacías. Esta es la situación en la que está la Ley de Dependencia tras siete años de vida a la luz del cruce de datos oficiales que ha hecho el Observatorio de la Dependencia en España.
“Existe un grave riesgo para la viabilidad del sector”, concluye el análisis del observatorio que agrupa a patronal y sindicatos. La ley debería proporcionar “apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía”, según su propio texto. A día de hoy, casi 200.000 personas no reciben esos apoyos aunque estén ya reconocidos, la financiación pública ha caído al tiempo que el copago por parte de los dependientes ha crecido y cada vez son más los ciudadanos que ven denegadas las ayudas.
La espiral de desatención comienza con la evaluación de los interesados. Las administraciones encargadas de valorar las circunstancias de cada persona se alargan hasta siete meses de media para contestar. Las comunidades de Galicia, Murcia, Canarias, Extremadura, Andalucía, Valencia, Aragón, Baleares y Castilla-La Mancha “concentran el 75% de las lista de espera”, según los recuentos de un informe del Tribunal de Cuentas de 2014.
Eso si se consigue una respuesta afirmativa con la que luego aguardar la prestación. Porque todo puede terminar con un denegación de grado que, traducido, significa que para el sistema no se es merecedor de ayuda. Una buena vía para aligerar las exigencias financieras del derecho. Entre 2009 y 2013 ese grupo de denegaciones engordó en 77.372 aspirantes frustrados: un 35% de aumento “sorprendente, cuanto menos”, reseña el informe.
Así, con 190.530 personas pendientes de prestación, según el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echeverría, expone un sinsentido: “Hay unas 55.000 plazas de residencia vacías ahora mismo”. Y se atreve a calcular que “se están cerrando centros de asistencia al ritmo de uno al día, unos 400 al año”. Un desperdicio de recursos y una dilapidación del patrimonio social ya que, explica Echeverría, “cada plaza cuesta entre 40.000 y 60.000 euros ponerse en marcha”.
“La Ley de Dependencia hoy no es viable”, afirmó Mariano Rajoy, todavía candidato presidencial, en 2011. Mantuvo esta promesa electoral. La aportación del Estado directamente prevista para dependencia cayó en 2012 y 2013 a razón de 100 millones anuales. Cierto es que el Gobierno central ha tenido que destinar partidas compensatorias “no finalistas”, es decir no pensadas en principio para esta área. Las autonomías, según la información que han remitido, han recortado casi en la mitad su peso en la financiación. Si en 2009 era el 39% del total, el año pasado fue el 21%.
Sin embargo, lo que sí ha podido corregirse y aumentarse es el esfuerzo exigido a los beneficiarios mediante los copagos. Si bien este sistema estaba recogido en la ley, ha sido durante los años de crisis, y simultáneamente a los recortes públicos cuando se ha apretado el acelerador: desde 2009 se ha incrementado un 68% el copago medio por usuario. Se ha pasado de 960 euros a 1.613. Los 1.209 millones de euros totales suponen el 20% de todo lo que se abona en dependencia.
Menos trabajo y más precario
Un reflejo de cómo se está perdiendo terreno en la atención viene marcado por los profesionales que se dedican a estas labores. Son menos y en peores condiciones. Pilar Navarro, encargada de Dependencia en UGT, calcula que se han deteriorado el sector de manera que “casi todos los sueldos oscilan entre los 800 y 1.000 euros”, dice. Las cuidadoras son, además, un 90% de mujeres. La Encuesta de Población activa del primer trimestre de 2014 refleja que unos 28.000 puestos de trabajo se han esfumado desde 2012. Al hablar de trabajadores, el secretario del sector socio-sanitario, Antonio Cabrera, recuerda que “en los primeros cinco años de la ley se crearon unos 115.000 empleos y se preveía llegar a los 300.000”. Ese ritmo ya no existe.
Y si cada vez han menos profesionales del cuidado y se les paga menos, ¿Quién se está encargando de apoyar a los dependientes en su autonomía? Las familias. El 42% de las asistencias las llevan a cabo cuidadores no profesionales. La ley subraya que “el beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención [PIA]”. Pero la excepción se ha convertido en regla.
Una trabajadora social de la Comunidad de Madrid encargada de realizar PIA’s explica al eldiario.es que “en realidad es más caro asignar una plaza de residencia que pasar una prestación económica”. ¿Entonces por qué? La Federación de Residencias y Atención a Mayores (Lares) ofrece este análisis: “Es electoralista y más fácil de gestionar”. Transferir una cantidad de dinero “maquilla las necesidades económicas de las familias”, explican. Pero, contraponen que “hay un momento en la vida del dependiente en el que un familiar ya no puede ofrecer un apoyo de calidad”. Si se profesionalizaran esas asistencias “se crearían otros 120.000 empleos”, aseguran.
