La dignidad, a juicio en Extremadura
No hubo forma de localizar a Carlos Floriano. El vicesecretario de organización del PP no ha recibido la citación para el litigio del pasado 19 de junio que él mismo había iniciado, aduciendo ser víctima de las coacciones de un escrache frente a su domicilio.
El 6 de mayo de 2013 unas 200 personas de varios Campamentos Dignidad de Extremadura participaron en un escrache, frente a la casa que Floriano tiene en Cáceres. Aquel día el político extremeño no estaba en la vivienda. Tampoco nadie de su familia. Aun así, denunció intimidaciones. Lo hizo un año después de los hechos. Y sólo presentó demandas contra seis personas: dos de Cáceres, dos de Mérida y dos de Badajoz.
“La elección fue arbitraria porque no nos conoce de nada. La Policía Local y la Policía Nacional no identificaron a nadie aquel día. Esto demuestra nuestras sospechas de que existen listas negras contra personas implicadas en los movimientos sociales para intentar criminalizar nuestra lucha”, explica José Luis Gibello, uno de los denunciados. Este miembro de la Red de Solidaridad Popular de Cáceres reclama que se exija que Floriano pague las costas judiciales.
La llegada del otoño se espera que traiga este juicio y otros tres más contra miembros de los distintos Campamentos Dignidad de Extremadura, un movimiento social que nació hace dos años y medio en Mérida, desde donde se ha ido extendiendo, hasta convertirse en uno de los más activos del país. Y también de los más denunciados: 42 personas tienen citaciones judiciales pendientes a las que se les reclaman unos 183.000 euros y 58 han sido denunciadas o multadas en alguna ocasión por actos como repartir octavillas.
La reclamación de una renta básica al Gobierno de José Antonio Monago incitó las primeras acampadas en febrero de 2013. La aprobación el 9 de mayo del año pasado de la ley de renta básica extremeña de inserción, recientemente modificada, supuso el fin de las acampadas propiamente dichas, pero no de la lucha. Desde entonces se ha centrado principalmente en lograr que la gente perciba esta medida social aprobada con unas condiciones muy distintas a las exigidas inicialmente por los indignados extremeños.
“Denunciamos que se ha creado una red de obstáculos para no pagar”, apunta Manuel Cañada, miembro del Campamento Dignidad Mérida. Los impagos fueron el motivo que le empujó, junto a otras 18 personas, a entrar con pancartas en el Centro Territorial de TVE de Mérida. Irrumpieron en la sede de la delegación el pasado 11 de febrero, durante la transmisión del informativo de mediodía. “Éste es el juicio más grave, lo llamamos el juicio de la renta básica. Ellos fueron los que interrumpieron el informativo. Nosotros sólo entramos en el plató y no ocasionamos ningún desperfecto, no tocamos nada ni a nadie. Nos consta que desde la dirección de la televisión en Extremadura no querían denunciarnos, pero fueron inducidos a ello”, añade Cañada, excoordinador general de IU en la región y ahora en el Frente Cívico.
También en este caso, el juicio se espera para el otoño. Hasta entonces, las 19 personas imputadas, todas en paro y varias de ellas solicitantes de la renta básica, están en libertad provisional. El fiscal pide casi 9.000 euros a cada uno, sumando en total 171.000 euros. En el caso de ser insolventes, la multa se conmutaría por cuatro meses de trabajo de servicio a la comunidad. La renta básica, un plan de empleo regional, la vivienda digna y el fin de los desahucios son cuatro de los principales motores de la lucha social extremeña, que no conocía una movilización tan grande desde la oposición a la refinería en Jerez de los Caballeros.
19 familias forman la Corrala Solidaridad
Dos ocupaciones de edificios han acabado también en los tribunales. El próximo 30 de junio tienen cita para declarar las cinco personas denunciadas de la Corrala Solidaridad de Almendralejo, una ocupación por parte de 19 familias en unos pisos de Caja Duero y de Sareb, el conocido como 'banco malo', abandonados desde 2005. “Ya no sólo se ha convertido en el hogar de muchas familias, sino en un espacio donde confluyen movimientos sociales, plataformas y donde se hacen todo tipo de actividades de labor social hacia el pueblo de Almendralejo”, explican desde la Corrala.
Por otro lado, el pasado verano 12 familias ocuparon alguna de las 210 viviendas acabadas en un 70% de la urbanización Los Álamos, en Mérida, propiedad de La Caixa, según los datos de Manuel Cañada. Tras proponer al Ayuntamiento terminar las obras poniendo ellos la mano de obra o la expropiación del edificio por interés social, se decidió realizar la ocupación, que sólo duró los meses de verano, ya que las casas no tenían cerrados los huecos de las ventanas y no había luz ni agua, lo que las convertía en inhabitables en época de frío. El resultado: 12 personas denunciadas, que en algunos casos no coinciden con las ocupantes. “No sabemos a qué obedecen estos criterios de denuncia”, añade Cañada.
De momento se ha reclamado a tres personas una fianza de 1.800 euros por lo que esperan que los otros nueve sean sobreseídos del caso. “Al menos hemos conseguidos mover al Ayuntamiento de Mérida, que va a solicitar a la Junta de Extremadura que se finalice esta obra y que se conviertan en viviendas sociales”, explica Cañada. “Por muchos juicios y multas que tengamos no nos van a callar, vamos a seguir en la calle reivindicando lo legítimo y lo justo”, finaliza José Luis Gibello.
