El director de Telemadrid, imputado por cinco delitos relacionados con el ERE
El juzgado número 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ha imputado y abierto diligencias contra el director general de Telemadrid, José Antonio Sánchez Domínguez, por delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y un delito societario. De esta forma, el juzgado admite a trámite la querella presentada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Madrid de Comisiones Obreras.
CCOO estimaba en su querella que Sánchez Domínguez que este podía haber cometido varios delitos tipificados en el Código Penal. Ahora, el juez abre diligencias por todos ellos.
La querella se presentó en febrero ponía de manifiesto la utilización de empresas contratistas para realizar los cometidos que hasta entonces llevaban a cabo trabajadores despedidos en el ERE, “mediante la ocupación del centro y la sustitución de los puestos de trabajo con personal ajeno a Telemadrid. Para el sindicato, esta acción reunía todos las características propias ”de una cesión ilegal de trabajadores y cuestiona la validez de los despidos efectuados, cuyos puestos son amortizados por causas económicas“.
“Esta subcontratación de servicios, se habría hecho, presuntamente, incumpliendo por completo la obligación de información a los representantes de los trabajadores legalmente impuesta por el art.42.4 ET, lo que implica no solo un ilícito laboral, sino un medio para asegurar la clandestinidad del procedimiento de adjudicación, que se habría producido vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público, menoscabar los controles previos y hacer inviable el ejercicio efectivo del derecho de huelga”, dice Comisiones Obreras.
El sindicato insiste en que el director general de la cadena rehusó insistentemente reunirse con los representantes de los trabajadores, incluso después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró improcedente el ERE llevado a cabo en Telemadrid.
Sánchez fue nombrado en julio de 2002, a propuesta del Gobierno del Partido Popular, director general de RTVE, cargo que desempeñó hasta las elecciones de 2004, cuando fue relevado por Carmen Caffarel. En el periodo en que comandó RTVE recibió fuertes críticas de la oposición, hasta el punto de que en abril de 2003 ell PSOE presentó una Proposición no de Ley en la que exigía su destitución por infringir el artículo 20 de la Constitución, que garantiza el derecho a la información.
