El impulso político del PP a la escuela concertada engordó las comisiones de Francisco Granados
La política educativa de la Comunidad de Madrid fue la tapadera perfecta para que Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Esperanza Aguirre durante ocho años, se lucrara presuntamente con la construcción de colegios concertados por toda la región, según publica ABC.
Embarcada en una cruzada a favor de la escuela privada desde que el PP llegó al poder –acelerada por Aguirre–, la Comunidad ha favorecido la construcción de colegios concertados en suelos municipales durante las últimas dos décadas. La LOMCE ha seguido los pasos de Madrid (una rutina habitual en el PP) y consagró en la ley la cesión de suelo público a colegios concertados.
La educación fue un gran negocio para Granados. El que fuera mano derecha de Aguirre entre 2003 y 2011, hoy en prisión como supuesto cabecilla de la red Púnica, cobraba entre 900.000 euros y 1,2 millones de euros por cada colegio concertado que ponía en marcha junto a su socio, David Marjaliza. Mercado tenían: la Comunidad levantó en ese periodo 90 centros concertados, casi uno de cada diez de los que se construyeron en toda España.
Los tentáculos de Granados y su socio Marjaliza no llegaban tan lejos, pero sí que les bastaron para meter mano en los 20 centros que levantó la empresa Alfedel, según la información publicada. El dueño de la empresa, Alfonso Ferrón del Río, está imputado por estos pagos. El papel de Granados era el de facilitador: utilizaba sus influencias políticas para conseguir que los ayuntamientos madrileños, gobernados en su mayoría por el PP, cedieran el suelo necesario a un precio por debajo del mercado con la excusa de que el centro supondría un servicio para el municipio. También aseguraba el concierto para que la empresa pudiera vender después el centro a cooperativas de maestros.
20 años favoreciendo a los privados
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha favorecido en los últimos años la expansión de la red de colegios privados frente a la pública, bajo el argumento de que se fomentaba de esta manera “la libertad de elección de las familias”. La estadística dice que los más beneficiados por estas políticas han sido, sobre todo, los colegios privados frente a los públicos, mientras que los concertados crecen a un ritmo estable durante todos los años de la administración Aguirre.
Así, en el periodo que va desde 2003 (cuando Esperanza Aguirre accedió al Gobierno regional) hasta 2011 (cuando salió Granados y un año antes de que lo hiciera la propia Aguirre), la red pública ha perdido siete puntos: ha pasado de representar el 56% de los colegios a un 49%. En el sentido inverso, la privada aumentaba desde un 25% hasta el 34%. Los concertados no han sufrido grandes variaciones; han pasado del 19% al 17% (aunque hay 90 centros más).
Comparados los datos anteriores con los respectivos a nivel nacional, se detecta la anomalía madrileña. En toda España (incluyendo Madrid, que tira de las medias) la red pública tenía en el año de referencia, 2011, un 69,4% (era el 71,5% en 2003), mientras que la privada, concertados incluidos, sumaba un 30,6% (28,5% en 2003).
La noticia de las mordidas de Granados y su socio levantó una polvareda en el sector educativo en Madrid. Buena parte de él –asociaciones de familias, sindicatos, profesores, la oposición política– lleva tiempo protestando contra la política que en esta materia realiza el PP, quitando fondos a la escuela pública en detrimento de la privada. “Llevar a tu hijo a ciertos colegios públicos es un acto de pura militancia”, explicaba a este diario Elena Martín, catedrática de la UAM.
Una auditoría y una comparecencia
La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO Madrid, Isabel Galvín, solicitó una auditoría “para esclarecer posibles actuaciones irregulares” en las cesiones de suelo a colegios concertados, una práctica habitual en la región. En los últimos años, denuncia este sindicato, los nuevos desarrollos urbanísticos en Madrid se realizan sin construcciones de centros públicos, o al menos no las que corresponderían por tamaño.
En el barrio de Sanchinarro, por ejemplo, se denunció en su momento que se construyó un colegio público por cuatro concertados. “Se ahoga la oferta de plazas públicas, por mucha libertad de elección de centros que diga la Comunidad que hay”, afirma Galvín.
El PSOE también ha anunciado que exige la comparecencia en el Congreso del ministro de Educación, José Ignacio Wert, para que explique por qué introdujo en la LOMCE la posibilidad de ceder suelo público a colegios concertados, el mismo modelo que seguía Madrid y que posibilitó que Granados supuestamente se lucrara con él.
Los colegios concertados fueron impulsados por el PSOE cuando accedió al Gobierno de España y se propuso universalizar la educación. Como no tenía medios para construir todos los centros que necesitaba de golpe, y en un intento de controlar las subvenciones que recibían algunos centros privados, se comprometió a pagar los salarios de los docentes y destinar unas ciertas partidas económicas a los colegios privados, que a cambio se integraban en la red pública y se comprometían a cumplir unos requisitos y obligaciones.
Su principal fuente de financiación es el Estado. El informe anual del Consejo Escolar señalaba que el 57% de los fondos que reciben –sin distinguir concertados de privados– provienen de las arcas públicas, que dedicaron 6.300 millones de euros a la educación concertada el curso 2012/2013. Los propietarios y sus defensores afirman que esta educación le sale más barata al Estado que la pública: la Administración paga 2.670 euros por alumno en los colegios concertados frente a los 5.348 euros de los centros 100% públicos, según el CIS.
Sus detractores rechazan estas escuelas porque, aseguran, se financian con fondos públicos pero se permiten seleccionar alumnos y excluyen a los inmigrantes. Además, las escuelas católicas ocupan una parte importante de este sistema semiprivado financiado con fondos públicos: representan casi el 60% del total (el resto se lo reparten cooperativas o agrupaciones de distinta índole), por lo que el Estado estaría subvencionando a estas organizaciones religiosas.
