El Gobierno, al ataque contra las páginas de enlaces y la copia privada en Internet
Cualquier persona o empresa que esté “poniendo a disposición del público o difundiendo a gran escala” contenido que esté causando un “perjuicio comercial” podrá ser identificada. El autor o gestor de esos derechos podrá acudir a los tribunales por la vía civil y el operador de Internet (Telefónica, Ono, Jazztel...) tendrá que facilitar los datos de conexión y la identidad de su cliente, posibilidad reservada hasta ahora a delitos graves.
El Gobierno ha impulsado este viernes el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual para modificar “de forma urgente” varios aspectos relacionados con la descarga de contenidos en Internet, para lo que también se reformará la ley de enjuiciamiento civil. Las operadoras de Internet han presionado al Gobierno durante años para evitar esta medida, ya que les convierte en “policías de la red”, como se ha escrito, o en todo caso en delatores de sus propios clientes.
El Gobierno no solo va a perseguir las páginas de enlaces sino que también irá a por las empresas que se anuncian en ellas. Con la reforma, pretende que el Estado pueda “forzar la prohibición de incluir publicidad” en las páginas de descarga, que además estarán sometidas a posibles sanciones de entre 30.000 y 300.000 euros. Las pasarelas de pago, como PayPal, HiPay y otras muchas que permiten hacer transacciones económicas en Internet, también recibirán notificaciones judiciales, amparadas en esta nueva ley, para que corten el servicio a estas webs cuando estén generando lucro.
Para estos casos, se refuerza el poder de la sección de la Comisión de Propiedad Intelectual encargada de examinar las denuncias ante el Gobierno de autores que requieran el cierre de páginas web que difundan su obra a través de enlaces o descarga directa. Al frente de esta operación está el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, que ya ha dado apellido a la ley entre los sectores críticos con el texto, que la llaman 'Ley Lassalle' en un intento de volver a personificar la crítica, como ocurrió con la ministra González Sinde.
También se hace una “revisión profunda”, dice el anteproyecto, del concepto legal de copia privada. El Gobierno quiere que la única copia legal sea ese DVD de música que llevas en el coche y que no es el original, que conservas en casa para que no se estropee; o ese CD de canciones de amor que has sacado de diferentes discos comprados hace años. O el programa de televisión que grabas para ver un rato después. Y que todo lo demás sea “piratería” y delito, salvo alguna excepción vinculada a la educación.
La intención del Gobierno es que no se aluda al concepto de copia privada para no condenar el intercambio de archivos en software P2P o evitar que en los centros de trabajo se utilicen copias de programas (como Photoshop o Microsoft Office) aunque se tenga el original en casa, por ejemplo. La ley establece que la copia privada es una copia hecha a partir de un original que se tenga en propiedad, y no una copia de una copia que se comparta con otra persona.
Google y la difusión “no de forma maliciosa”
Google y la difusión “no de forma maliciosa”
Google es una página de enlaces que también enlaza a contenido, a veces protegido con Copyright, para su consulta o descarga. Sin embargo, el Gobierno establece “los motores de búsqueda” como Google dentro de las excepciones del ámbito de aplicación de la ley. En este sentido, la ley deja fuera a aquellas páginas que “difunden el contenido no de forma maliciosa”, en palabras del ministro Wert, concepto que está por ver cómo acaba concretado en el texto legal al final del proceso, que podría acabar con la aprobación definitiva de la ley a finales de este 2013.
Wert ha anunciado que otro de los objetivos de la ley es mejorar “la transparencia de las entidades de gestión de derechos de autor” y ha hecho referencia velada al escándalo de corrupción que salpicó la SGAE en 2011.
Las entidades de gestión (como SGAE, Cedro o EGEDA) tendrán “una limitación de la capacidad unilateral de aprobar e imponer tarifas” para quienes quieran usar contenidos tutelados por ellas. También se las obligará a “garantizar la democracia interna” en la elección de cargos y a “simplificar” la burocracia a la que se tienen que enfrentar los usuarios de esas entidades. Habrá “un catálogo de obligaciones” de las sociedades de gestión ante las administraciones y ante sus ususarios, con sanciones por incumplimientos que pueden llegar hasta el 2% de su cifra de negocio. El Gobierno, aclara en todo caso Wert, “no se pone en cuestión el modelo de gestión de derechos de autor”.
La amenaza de la lista negra de Hollywood
Tal y como contó eldiario.es, el jefe del lobby de las multinacionales de Hollywood, Christopher Dodd, hizo una visita a Moncloa en enero de este año. Mariano Rajoy lo recibió durante más de una hora sin haberlo anunciado públicamente y sin que haya trascendido nada de la reunión. A la salida de aquel encuentro, Dodd cometió la indiscreción de conceder una entrevista a ABC, en la que quedaba claro que su visita obedecía a un programa de presión del Gobierno de España para que endureciera la Ley de Propiedad Intelectual.
No era nada nuevo. Tal y como desveló Wikileaks, el Gobierno y las empresas de EEUU llevan años presionando a España en este sentido, algo que también tuvo mucha influencia en la aprobación de la conocida como Ley Sinde. Uno de los mecanismos de presión es la denominada 'lista 301', que publica cada año la Oficina de Comercio estadounidense, y que evalúa el nivel de piratería en diferentes países del mundo. Estar en la lista de países piratas es un estigmas que medios de todo el mundo se encargan de airear.
