El Congreso pide fondos para salvar a las escuelas rurales de la extinción

“La despoblación comienza a producirse en pueblos pequeños por la desaparición de la única escuela del municipio”, cuenta Marco Antonio Campos, presidente del Foro de la Escuela Pública Rural de Castilla-La Mancha. El Congreso de los diputados comparte esta preocupación y ha pedido fondos en un plan nacional para salvar los centros rurales de la desaparición. Con ellas se va la población.

En poblaciones con centenares de habitantes estos pequeños recursos de educación Infantil y Primaria –en algunas comunidades pueden mantenerse abiertos con cuatro alumnos– sirven de reclamo para que las familias no emigren.

Durante la crisis, debido a los recortes y la despoblación de estos entornos, las comunidades perdieron decenas de estos centros. Entre el curso 2009-2010 y 2014-2015 en Castilla y León desaparecieron 154. En Aragón, 26 y en Galicia, 22. Son los datos que incluye en sus informes anuales el Ministerio de Educación y el Consejo Escolar del Estado. Pero, en ellos no se ha hecho un seguimiento a todas las regiones, por lo que no se puede aportar una cifra global del número de pequeñas localidades que se han quedado sin centro educativo en estos cinco años.

Según estos organismos, en Castilla-La Mancha hay 45 escuelas menos.  Sin embargo, durante la gestión de María Dolores de Cospedal (PP) en el Gobierno castellanomanchego se cifró en 70 el número de escuelas cerradas. Esta actuación fue consecuencia de la derogación en 2012 de un artículo de la normativa educativa regional que establecía una ratio mínima de cuatro alumnos para mantener abierta una escuela. Este dato no coincide con la memoria del Ministerio de Educación. Según Campos esta diferencia se debe “a que la desaparición de los centros fue progresiva”. Tras el cambio de Ejecutivo, solo consiguieron reabrir 20 porque en el resto no había ya niños.

78.721 estudiantes en centros rurales

Como recuerda la diputada socialista que presentó la proposición parlamentaria, María Luz Martínez Seijo, las escuelas rurales son públicas porque “son muy costosas” y “deficitarias”. Por eso desde el Congreso reclaman al Gobierno que implemente una estrategia con un compromiso de financiación que garantice la “igualdad de oportunidades del alumnado en el medio rural con respecto al mundo urbano”. En esta iniciativa piden que los municipios que no cuenten con colegios en su territorio faciliten transporte gratuito a los centros de enseñanza más próximos y que se refuerce la oferta tras la educación obligatoria para combatir el abandono escolar en estas zonas.

Ante esta reivindicación, Seijo recuerda que las necesidades de las comunidades autónomas varían, ya que la población escolarizada en centros rurales es diferente en cada región. Durante el curso 2014-2015, último del que hay datos, se escolarizaron en este modelo educativo 78.721 estudiantes, el 1,8 % del total del alumnado de España.

Por lo tanto, las distribuciones no son homogéneas, mientras en comunidades como Castilla y León acogen al 20,3 % del alumnado total nacional de centros rurales agrupados, en Andalucía el 14,9 %; 13,9 % en Cataluña; 11,6 % en Aragón y 11,4 % en Castilla-La Mancha.

Oferta de casa y trabajo para mantener la escuela

El municipio palentino de La Pernía es uno de estas localidades rurales que pelea por seguir acogiendo a escolares. Para ello lanzó el verano pasado una petición con la que pretendía evitar la desaparición de la única escuela con la que cuenta. El Ayuntamiento ofrecía casa y trabajo a cambio de que una familia con dos hijos se instalase en esta localidad de 323 habitantes en el curso 2016-2017. “Teníamos dos niños en el colegio y necesitábamos otros dos para reabrir el curso pasado”, relata a eldairioe.es el alcalde socialista, Rubén García.

A la propuesta respondieron 400 familias que cumplían los requisitos solicitados por el regidor. “Pedíamos que el perfil laboral de los dos padres pudiese encajar en trabajos de la zona. Solo ofertábamos un puesto sobre desarrollo turístico que financió la Diputación, pero valorábamos que el otro miembro de la pareja también pudiese encajar, para que hubiese más posibilidades de que no se marchasen”, añade. Un curso después la escuela de La Pernía cuenta con seis alumnos, los dos que se incorporaron tras la propuesta del Consistorio y otros dos de otra familia que encontró trabajo en un municipio más grande y que residen en una vivienda de alquiler social, por la que pagan 100 euros mensuales de alquiler.

Para el alcalde mantener la escuela abierta es “fundamental” porque genera “apego al pueblo” y combate la despoblación. “Así se evita que los progenitores y niños de tres años se desplacen diariamente a 20 kilómetros de distancia”, incide García. Un traslado que se complica no solo por la orografía de este paraje palentino, también por las bajas temperaturas que se registran en invierno. Por lo tanto, el regidor considera fundamental contar con una escuela y evitar de esta manera que las familias se muden al municipio en el que están escolarizados sus hijos.

Currículos específicos para docentes

Como en muchos pequeños municipios, a pesar de sus edades, los alumnos comparten clase. Suele haber un docente fijo y el resto son itinerantes. Así un recurso más grande, conocido como centro rural agrupado (CRA), es el encargado de coordinar varias escuelas y programar las clases de los profesores especialistas en Música, Educación Física, Audición y Lenguaje o Idiomas.

Estos profesionales tienen la misión de combatir la heterogeneidad de edades del alumnado. A su favor cuentan con un reducido número de alumnos por grupo. En contra, con la escasa formación que tienen para hacer frente a esta docencia. Entre las reivindicaciones aprobadas por el Congreso, los grupos políticos reconocen la necesidad de que exista en los planes de estudios universitarios programas especializados para los profesores de este modelo educativo

“En Castilla-La Mancha un porcentaje alto de alumnos que terminen la carrera van a comenzar a trabajar en este tipo de centros. Generalmente llegan muy perdidos”, reseña Marco Antonio Campos, el presidente del Foro de la Escuela Pública Rural de esa comunidad autónoma. Este organismo pide que no se limite el foco a los pequeños centros formativos, inciden en que un colegio o instituto de una población de centenares o de pocos millares de habitantes, también debe contar con recursos para luchar contra la despoblación.

Ante estos casos, aseguran que las administraciones imponen a estos recursos educativos los mismos requisitos que a centros urbanos. Entre los ejemplos que aporta Campos, recuerda que a ambos perfiles les mantienen condiciones parecidas para poder abrir un módulo de Formación Profesional. Esta decisión desemboca en jóvenes estudiando en grandes ciudades o abandonando el sistema educativo.

Formación vinculada con el territorio

Para mantener el arraigo al territorio, este experto también aboga por impartir formación vinculada a la región: “Se tendría que ofertar una formación pensada en las salidas laborales con las que van a contar estos alumnos en la zona. Aquí, en Cifuentes (Guadalajara), deberían apostar por la ganadería y la agricultura”.

Por ahora, la diputada socialista promotora de la proposición no cuenta con una estimación de financiación necesaria para potenciar las escuelas rurales. Con esta iniciativa, el Congreso propone al Gobierno que consulte a las comunidades autónomas y que elabore un plan nacional sobre escuela rural para incorporar al Pacto de Estado por la Educación, que actualmente se está debatiendo en una subcomisión de la Cámara Baja.