El Gobierno lanza una estrategia contra la violencia de género con medidas sin concretar
La tijera del Gobierno no ha tenido piedad con la igualdad y las víctimas de la violencia machista: las políticas de igualdad cuentan este año con un 24% menos de presupuesto, y los recursos para luchar contra la violencia de género han bajado un 7%; un tajo que se suma al 22% que ya sufrieron en 2012 y a los recortes que muchas comunidades autónomas están aplicando a estos servicios. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado que el Ministerio de Sanidad y las comunidades han aprobado: un proyecto que incluye medidas que ya deberían estar en marcha y que algunos gobiernos regionales han criticado por falta de fondos y concreción.
Una de las medidas más llamativas es que los casos urgentes de violencia de género deberán resolverse en un plazo máximo de 24 horas: en ese periodo, la derivación de la víctima a centros de emergencia o casas de acogida deberá estar resuelta. Por otro lado, el ministerio quiere crear una Red Nacional de Centros de Acogida que no implicará un aumento de recursos, sino la mera recopilación de todos.
Incluye también una medida anunciada recientemente: la extensión de la libertad vigilada para los delitos de violencia de género. Sanidad anuncia que va a “estudiar” junto a Instituciones Penitenciarias que se extienda el uso de los brazaletes para vigilar el cumplimiento de las medidas de alejamiento durante los permisos penitenciarios. En abril, el grupo parlamentario socialista denunció el retraso del Gobierno en la firma de los nuevos protocolos para permitir que se ampliara la colocación de estos dispositivos electrónicos para el control del cumplimiento de las penas de alejamiento a maltratadores. El protocolo ya estaba acordado desde 2011, pero el nuevo Gobierno retrasó su puesta en marcha.
La estrategia contiene algunas propuestas genéricas, como “mejorar la coordinación y el trabajo en red” o “mejorar la formación de todos los profesionales implicados”. También la atención a otras formas de violencia, como los matrimonios forzados, la mutilación genital y la trata con fines de explotación sexual: se prevé la aprobación de un protocolo sanitario contra la mutilación genital femenina y la tipificación como delito de los matrimonios forzados.
Sanidad asegura que esta estrategia será “uno de los ejes” del futuro Plan de Igualdad y que estará dotada con 1.539 millones de euros. Precisamente, España lleva más de año y medio sin Plan Estratétigo de Igualdad de Oportunidades. No se trata de una estrategia que dependa de la voluntad del Gobierno de turno, sino de un mandato de obligado cumplimiento incluido en el artículo 17 de la Ley de Igualdad aprobada en 2007. El Ejecutivo trabaja en un borrador, pero tanto oposición como organizaciones de mujeres han denunciado en varias ocasiones su tardanza y la falta de diálogo del Gobierno.
Críticas de las comunidades
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad de Canarias, Francisco Hernández, ha explicado a Europa Press que aunque la iniciativa les parece “positiva” en términos generales, motivo por el cual han dado su voto a favor como el resto de comunidades autónomas, también consideran que “está poco trabajada” y que es “muy abstracta y ambigua”. “No hay concreción de las medidas que se van a poner en marcha”, ha criticado. “No es más que un recopilatorio de medidas que ya están adoptando las comunidades autónomas. Por otro lado nos preocupa muchísimo la reducción presupuestaria. Para este año las comunidades vamos a recibir en torno a un 20% de recursos financieros menos que el año anterior. Plantear una estrategia nacional cuando hay un recorte importantísimo de recursos le resta credibilidad sin lugar a dudas”, ha añadido.
También la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Montserrat Gatell, ha criticado que apenas han podido valorar el contenido de la Estrategia porque el documento presentado por el Ministerio “no es completo” y porque tampoco indica “de ninguna de las maneras” como se va a llevar a cabo la coordinación con las comunidades a la hora de ponerlo en marcha.
El consejero de Presidencia de Asturias, Guillermo Martínez, ha lamentado que “no puede ser un documento creíble” cuando se ha reducido “en casi un 25 por ciento” el presupuesto para la lucha contra la violencia de género para las comunidades autónomas.
