Educación se olvida ahora de las peticiones de clases en castellano en Cataluña
“Nos han dejado solos”. Las familias de Cataluña que han solicitado la escolarización bilingüe para sus hijos (que no en castellano) se sienten abandonadas por el Ministerio de Educación.
En lo que en su momento se calificó como una medida contra la Generalitat porque atacaba a su sistema de inmersión lingüística, el departamento que dirige José Ignacio Wert legisló para permitir a los padres que así lo desearan que pudieran exigir que sus hijos reciban clases en castellano. Independientemente de las motivaciones que tuviera, para muchas familias era una puerta que se abría. Pero ahora Educación no les respalda, dicen, los procesos se alargan y se ven en una lucha desigual contra el Gobierno catalán, lamenta la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña.
“La Generalitat asegura que la medida les castiga a ellos, pero en realidad castiga a los padres porque no ponen los medios para que se cumpla. El titular es muy bonito, pero no hay recursos. El Gobierno nos ha abandonado totalmente”, se queja Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, asociación que acoge a cientos de familias. “La ley está desequilibrada y la solución no es satisfactoria”, coincide José Antonio Martínez, secretario de la asociación Convivencia Cívica Catalana. “Un padre no debería tener que solicitar una enseñanza en la lengua de todos”.
La Generalitat, en cambio, ha afirmado que esta disposición es “inaplicable”, y ha recurrido la norma ante el Tribunal Constitucional (TC), que admitió a trámite el recurso.
El impacto real que la disposición del Gobierno ha tenido es difícil de medir. Las cifras de familias que han solicitado, bajo el amparo de ese real decreto, que sus hijos reciban una educación bilingüe varían mucho según la fuente. Las asociaciones en defensa del bilingüismo hablan de miles de solicitudes registradas ante la Generalitat o el Ministerio. Pero el departamento que dirige José Ignacio Wert afirma que ha recibido 293 solicitudes (dato de octubre que habrá crecido) “de toda España”, según aclara un portavoz. La norma otorga seis meses a Educación para resolver los expedientes. Todavía no ha tramitado ninguno. La Generalitat aseguró a finales de noviembre que había recibido tres solicitudes.
Hasta 6.000 euros por alumno
El pasado mes de julio el Consejo de Ministros aprobó finalmente el decreto por el que garantizaba la educación en castellano en todo el país. La norma, básicamente, obliga a los colegios sostenidos con fondos públicos a aumentar su oferta de clases en castellano si así lo solicita alguna familia. Si esto no ocurre, la familia tiene la posibilidad de matricular a su hijo en un centro privado. De darse este caso, la factura se le descuenta a la Generalitat de las transferencias que le realiza el Estado (el importe se ha fijado en 6.000 euros por alumno y año).
El decreto garantiza sobre el papel a las familias que sus hijos podrán recibir clases en castellano. Pero el camino real es tortuoso, los plazos largos y Educación no se implica, lamentan las familias. Primero hay que solicitar al colegio (a la Generalitat) las clases en castellano. Esta tiene tres meses para responder. Primer obstáculo. “En muchos casos ya se han cumplido los plazos y no hay respuesta”, afirma Losada. “Hemos planteado recursos de alzada, y tampoco”.
Luego, con ese supuesto rechazo, es cuando se puede ir al Ministerio a exigir la vía del colegio privado. Educación tiene seis meses para responder. “¡Son dos tercios del curso!”, se indigna Martínez, de Convivencia Cívica Catalana. Con lo que para las familias solo queda jugársela, efectuar el traslado y adelantar el pago hasta que su expediente sea aprobado y Educación reembolse el dinero. Para muchos padres es un obstáculo insalvable de inicio.
Por un lado, por lo evidente. “Muchos no nos lo podemos permitir”, explica un padre de familia que prefiere mantenerse en el anonimato. Y menos ahora, con unas elecciones a la vista. “¿Y si hay un cambio de Gobierno y al final tengo que asumir el coste?”, se pregunta. O si la petición resulta rechazada.
Y luego por cuestiones prácticas. “Yo no tengo por qué cambiar a mi hija de su sistema escolar, de su entorno, para llevarla a otro centro”, argumenta Losada. “En muchos centros, como en Lleida, no hay colegios privados que ofrezcan clases en castellano”, añade Martínez. Otro trastorno para los padres.
La norma se realizó pensando en Cataluña, pero por la grieta se han colado familias de todo el país: gallegos, valencianos o baleares también están solicitando educación en castellano, según Educación. El Ministerio no ha resuelto aún ninguno de los expedientes. Tiene seis meses para estudiar las instancias y comprobar si cumplen los requisitos que exige el real decreto que los regula. De momento, según el Ministerio, solo 35 cumplen la normativa. Y de ellos solo tres son de Cataluña, añaden. Del resto, la mayoría provienen de Valencia (25 solicitudes), cuatro de Galicia y tres de las Islas Baleares.
Y mientras los expedientes se acumulan en Educación, las familias aseguran que sufren las consecuencias de nadar contracorriente. “El sistema está montado de manera que a quienes pedimos esto nos ponen en contra a todo el colegio”, cuenta Losada. A un asociado de la Asamblea que obtuvo una sentencia favorable a la enseñanza en castellano la directora de su centro le señaló ante los demás padres como responsable de que sus hijos iban a tener un peor nivel de catalán. “Yo fui a esa reunión. Algunos padres se encendieron”, recuerda Losada.
En muchos casos el último recurso es acudir a los tribunales. Pero esto ya es un paso más grande y “muchos se quedan por el camino”, señalan desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña.
