Multinacionales canadienses, fondos británicos y hasta dinero público, tras el negocio del 'fracking' en España
El dinero que mueve los hilos del fracking en España no está quieto: hace menos de un mes, el Ministerio de Medio Ambiente recibió la última solicitud para iniciar una campaña de prospecciones sísmicas en busca de hidrocarburos. En abril había llegado otro expediente distinto para solicitar nuevos sondeos.
El capital que espera aprovechar el gas atrapado en las rocas subterráneas –que necesita la fractura hidráulica para ser liberado– depura y selecciona los proyectos con visos de viabilidad y rentabilidad, no los deja en el olvido. Un capital que proviene de lejos mediante energéticas canadienses y estadounidenses o fondos de inversión británicos, pero también de empresas españolas e, incluso, sociedades sostenidas con dinero público.
Fortuna española
El pasado 31 de mayo, el Ministerio de Industria envió al de Medio Ambiente la solicitud y el documento ambiental para iniciar la exploración de yacimientos, mediante ondas sísmicas, en un área de 40.000 hectáreas entre Murcia y Albacete. No hay que irse muy lejos para hallar los intereses que impulsan este proyecto. El operador de ese permiso de investigación denominado Leo es la empresa Oil & Gas Capital.
A pesar de una denominación de aspecto internacional, su presidente es la sociedad Inversiones Ordangain cuya socia única es Mercedes Salazar Garteizgogeascoa, considerada en 2015 la 45ª fortuna española (en 2013 estaba en el puesto 77º).
La misma operadora tiene permisos de exploración vigentes en Albacete, Murcia y Sevilla además de otras solicitudes pendientes, según el Archivo Técnico de Hidrocarburos del Ministerio de Industria. Todos distantes del área norte del país donde se concentra el mayor número de planes de fracking.
Contra ese permiso de exploración Leo pendían diversas alegaciones para frenar el proyecto. Pero el Consejo de Ministros rechazó la oposición en junio de 2015, con lo que se desbloquearon los trámites. Esa misma resolución ejecutiva dio vía libre a la prospección Urraca entre Álava y Burgos que desarrolla otra compañía gasística: BNK Petroleum.
Capital transatlántico
BNK es dinero canadiense. Y una de las compañías más activas para desarrollar el fracking español. Hace poco se conoció que había renunciado a algunos de sus planes en Burgos. Sin embargo, el 29 de septiembre pasado entró en el Ministerio de Medio Ambiente la documentación remitida por BNK para que las perforaciones exploratorias previstas en Urraca obtuviesen la declaración de impacto ambiental.
También desde Canadá se controla a Montero Energy, la operadora titular de ocho solicitudes de exploración en Huesca, Zaragoza y Castellón (aunque para este último, la Generalitat valenciana ha asegurado que la compañía ha renunciado a usar el fracking). Montero es filial de R2 Energy.
Otra gran corporación de la perforación, Sol Energy, está detrás de un buen número de proyectos españoles de hidrocarburos. Esta sociedad es la matriz de Frontera Energy Corporation que está depurando sus permisos en España: el Boletín Oficial del Estado anunció el 29 de febrero que había desistido de sus derechos en cinco áreas mientras mantiene abiertos los procesos para las campañas de exploración sísmica en las áreas conocidas como Cronos, Aquiles, Géminis y Libra (en Navarra, Zaragoza, Guadalajara y Soria). El control de Sol Energy descansa en varios fondos de riesgo: el británico Toscafund, OWG, y los fondos estadounidenses Capital Group y Quantum Capital.
Euskadi se alía con Texas
Además de Oil & Gas Capital, otras empresas españolas más asociadas con intereses en estos yacimientos son Gas Natural (con su filial Petroleum que acaba de iniciar los permisos para ampliar sus prospecciones en Valderrible en Cantabria) e Invexta Recursos (que está integrada en ACS).
Sin embargo, una de las empresas más activas en este campo es la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA). SHESA pertenece al Ente Vasco de la Energía, una sociedad pública dependiente de la Consejería de Industria. El Gobierno vasco advirtió a principios de 2016 de que no renunciaba a los permisos de investigación de los que SHESA es titular, cinco al cerrar el ejercicio de 2015, según el recuento del Ministerio de Industria.
Además, en la mayoría de estos proyectos, SHESA comparte los derechos de exploración con una aliada denominada Petrichor. Petrichor es una filial del gigante texano Heyco Energy Group, con lo que cierra un círculo entre capital americano y nacional en el impulso del fracking.
Los permisos para explorar hidrocarburos suponen la adjudicación por parte de la administración de unos derechos sobre un territorio a cambio de unos compromisos de inversión por parte de las operadoras. Esas licencias las conceden o bien el Gobierno central –si la cuadrícula del mapa ocupa suelo de varias regiones– o los autonómicos.
El último Ejecutivo del PP, con el exministro José Manuel Soria al frente de Industria, ha apoyado el fracking decididamente. Los responsables regionales sí concedieron bastantes permisos antes de que se organizara la oposición de las poblaciones afectadas por los proyectos. A partir de entonces, las autoridades autonómicas miraron con menos simpatía la idea de arrancar gas de sus subsuelos.
