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La identificación del ADN del estudiante desaparecido fortalece la tesis de la masacre

La identificación del ADN del estudiante desaparecido fortalece la tesis de la masacre

EFE

México —

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La identificación del ADN de uno de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, reforzó la hipótesis de la Fiscalía de que los jóvenes fueron masacrados y sus restos calcinados por el crimen organizado en complicidad con las autoridades municipales.

La Fiscalía mexicana confirmó este domingo que el ADN encontrado en uno de los 17 restos óseos calcinados en un vertedero en el municipio de Cocula corresponde al joven Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos en los hechos violentos del pasado 26 de septiembre.

El procurador mexicano, Jesús Murillo Karam, dio a conocer los resultados de los estudios de ADN realizados por la Universidad de Innsbruck, en Austria, y que fueron comparados con los perfiles genéticos de todos los familiares de los jóvenes desaparecidos.

“De acuerdo con el resultado emitido por la Universidad de Innsbruck la muestra ósea del estudio corresponde a Alexander Mora Venancio, estudiante normalista de 21 años, quien pertenece al grupo de desaparecidos en los hechos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero”, precisó Murillo Karam.

La identificación de los restos óseos de Mora Venancio fue divulgada el sábado por los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, quienes lo publicaron en su página de Facebook, y ratificada más tarde por Felipe de la Cruz, dirigente de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos.

En un mitin multitudinario en el Monumento a la Revolución en la capital mexicana, De la Cruz, reveló que los peritos argentinos les confirmaron que los resultados del estudio genético corresponden a Mora Venancio, aunque aclaró que los padres continuarán su lucha hasta encontrar a todos.

La hipótesis de la matanza de los estudiantes fue dada a conocer hace un mes, el 7 de noviembre, por el mismo procurador, quien informó entonces que, según confesiones de tres de los arrestados, los estudiantes fueron secuestrados por policías que los entregaron a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, encargados de asesinarlos y calcinarlos en un vertedero de basura en Cocula.

“No tengo ninguna duda de que allí hubo un homicidio masivo”, señaló entonces el procurador.

Murillo recordó que los mismos criminales explicaron que los restos calcinados, después de 13 o 14 horas, fueron recogidos y depositados en bolsas de plástico y arrojados al río San Juan, en donde agentes federales localizaron una de las bolsas con 17 fragmentos óseos, que fueron enviados a la Universidad de Innsbruck para su estudio.

El procurador General de la República concluyó que esta “prueba científica confirma que los restos encontrados en una de las escenas coincide con la evidencia de la investigación y con la declaración ministerial de los detenidos”.

Murillo Karam señaló que la “identificación positiva de ADN, unida al resto de la evidencia y las declaraciones ante el Ministerio Público de la Federación por parte de los inculpados, refuerza la reconstrucción histórica de lo acontecido en Cocula”.

Horas más tarde, en rueda de prensa los padres de los desaparecidos pidieron a las autoridades no cancelar la búsqueda de los restantes 42 jóvenes y nuevamente pusieron en duda la versión del procurador sobre una masacre en el basurero de Cocula.

El asesor legal de los padres de los jóvenes desaparecidos, Alejandro Ramos afirmó en rueda de prensa que los familiares aceptan los resultados de las pruebas del laboratorio de la Universidad de Innsbruck en Austria, pero rechazaron “la teoría del caso”.

“Creemos que la búsqueda en vida debe seguir, es solo una hipótesis que no está plenamente probada”, señalaron.

Los padres exigen a las autoridades revisar otros aspectos de este caso, y en particular exigen que se investigue la actuación del Ejército, pues esa noche los soldados llegaron a quitarles su celular, los patearon y humillaron, no quisieron ayudarlos“.

La noche del 26 de septiembre pasado un grupo de policías locales dispararon contra decenas de alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, dedicada a la formación de maestros, por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ataques que dejaron seis personas muertas y otras 25 heridas.

Además los policías capturaron a 43 jóvenes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que se encargó de asesinarlos e incinerarlos en un basurero de Cocula para no dejar rastro.

En un breve recuento de los hechos, Murillo indicó que hasta ahora suman 80 las personas detenidas, entre estas 44 policías de Iguala y Cocula, mientras que 16 personas son buscadas actualmente.

Además se arrestó a algunos jefes policiales, al alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, así como al líder del grupo criminal Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, y otros miembros de esa organización.

Añadió que la Fiscalía cuenta también con más evidencias, aunque primero serán informadas a los padres de los jóvenes debido al compromiso asumido con ellos por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

Finamente, aseguró que se mantendrá abierta la investigación hasta detener a todos los culpables “tope donde tope” y sentenció que no permitirán la impunidad.

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