Los incendios forestales han quemado ya un 60% más que el año pasado
El martes 25 de agosto, el parte de extinciones de incendios forestales del Ministerio de Medio Ambiente solo informaba de labores en un fuego. El día 10 se contabilizaban 15 siniestros que necesitaban las brigadas del Ministerio en ocho provincias.
Con la bajada de temperaturas ha llegado un respiro para los bosques pero el humo todavía sube de los montes abrasados –la semana pasada el incendio de la Sierra de Gata aún no se daba por extinguido–. Hasta mediados de 2015, las llamas se han llevado por delante 65.912 hectáreas: es un 60% más de lo que había ardido el año pasado y un 135% más que en 2013. De hecho, la superficie calcinada en 2015 es más grande que todo lo que ardió tanto en 2014 como en 2013.
Sin grandes llamas activas, los incendios forestales pasan a segundo plano. Sin embargo, sus consecuencias se alargan décadas (dependiendo de la especies los bosques pueden tardar hasta 30 o 50 años en recuperarse). A pesar de que el propio Ministerio estima que más de la mitad de los siniestros pueden tener una causa intencionada, sólo se investiga un 30%. de estos. Y de ese grupo, se esclarece un tercio, según la Guardia Civil. La propia Fiscalía de Medio Ambiente admite que “la tasa de esclarecimiento es todavía muy baja en comparación con otras modalidades delictivas”.
Cuando todavía faltan algo más de dos meses para concluir el periodo de máximo riesgo de incendio forestal (que llega hasta el 31 de octubre), desde que empezó junio, las llamas han usado de combustible la flora de 53.548 Ha. En julio, se calcinaron 35.600. La campaña se queda por debajo de la media de la década pero hay que tener en cuenta que 2012 rompió todos los registros y dispara esa media hacia arriba.
En ese mes se registraron, entre otros, los gran incendios de Quesada (Jaén); Luna (Zaragoza) o Lújar (Granada). Fueron días, según el informe de la Agencia Estatal de Meteorología, “extremadamente cálidos”. La agencia certifica que se trata del julio más caluroso desde que se toman registros lo cual refuerza el análisis que WWF-Adena hacía a principios de verano al decir que “supeditar el éxito o fracaso de la lucha contra los incendios exclusivamente a la benevolencia o adversidad meteorológica es una absoluta irresponsabilidad”. Hasta el 16 de agosto, se han quemado otras 15.700 hectáreas. Ha sido el mes del incendio de la Sierra de Gata (Extremadura).
Un delito con alta impunidad
Los 6,5 millones de metros cuadrados calcinados a mitad de agosto superan la cifra de 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 y 2014. Detrás de ellos están unos 8.500 siniestros. Según los fiscales y Medio Ambiente, al menos, la mitad prendieron por culpa de la acción de un humano (un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas estimó en 2005 que el 96% “son consecuencia directa o indirecta de la actividad humana”).
Quemar la masa forestal tiene pena de cárcel según el Código Penal (de uno a cinco años o de tres a 6 si son graves). Pero la impunidad está muy extendida. De entrada, los fuegos que se investigan son, de media, un 30% de los que la fiscalía admite que pueden ser intencionados. De los que persiguen los agentes, se llega a resolver un tercio pero, evidentemente, quedan fuera miles de incendios oficialmente computados.
Así, la Memoria Fiscal revela de que en 2013 se registraron 16.572 siniestros. De los más de 8.200 que pueden atribuirse a negligencias, descuidos, accidentes e intención de quemar, la Guardia Civil investigó 2.700. Al final esclareció 834, un 10% de esos 8.000 aunque el Seprona indique que resuelve el 30% de los casos. La tasa de esclarecimiento media de todos los delitos en España es del 41,9%.
Entre 2007 y 2013, España padeció, en total, 93.163 incendios forestales. Cada año se celebran algo más de un centenar de juicios por estos delitos. Así que desde ese 2007, de acuerdo con las memorias anuales, ha habido 792 sentencias en casos de incendios forestales. 711 fueron condenatorias.
El análisis de los responsables políticos
La asociación ecologista Greenpeace analiza que se mantienen “los ingredientes para un verano catastrófico” entre los que incluye “la pervivencia de la causas del origen del fuego; la falta de gestiones forestales preventivas; los recortes en la gestión, prevención y extinción o la línea difusa entre la superficie forestal y las urbanizaciones”.
Contrastan los análisis que los responsables políticos lanzan tras las campañas contra incendios. La hasta este año consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano (PP), admitía en 2014 que “la naturaleza hace mucho para evitar que se extiendan o no [los incendios]”. Aquel curso fue bueno en la región.También ese año, el entonces presidente de Extremadura, José Antonio Monago (PP), hacía en persona el balance de la campaña para poder afirmar: “Se ha conseguido la cifra más baja de los últimos cuatro años”. Solo el incendio de la Sierra de Gata, que superó las 5.000 hectáreas, casi dobla aquel registro.
En esa línea, el que entonces coordinaba la acción contra el fuego en la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria (PP), no dudaba en atribuirse el mérito por la disminución de hectáreas calcinadas el año pasado al analizar que ese dato “viene a demostrar la eficacia en las tareas de extinción y las medidas preventivas puestas en marcha”.
Si la cosa ha ido mal, el tiempo también sirve de explicación. La que era consejera de Medio Ambiente andaluza, María Jesús Serrano (PSOE), ofrecía este argumento ante las más de 7.000 hectáreas abrasadas el año pasado: las condiciones meteorológicas “adversas” y el “significativo estrés hídrico” que sufrieron los montes de la comunidad autónoma como factor “determinante”.
También ese año, el subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, subrayaba que se había cerrado un curso “con la menor superficie quemada de la última década”. No podrá repetir esa afirmación al acabar 2015.