A pesar de la crisis, el 57% de los inmigrantes que viven en España quieren quedarse
“El sueño europeo. Fue lo que mis vecinos me decían cuando me vieron marcharme con mis cuatro hijos a cuestas y una mano delante y otra detrás”. Bárbara llegó a España en febrero de 2007, cuando a su alrededor la crisis se fraguaba en silencio. Dejó su país natal, Argentina, huyendo de una vida que colocaba a su familia en un callejón sin salida. “Allí tenía que pelear por llevar un plato de comida a casa; aquí, aunque parezca superficial, puedo comprar a mis hijos unos zapatos o llevarles un día a cenar fuera”. Salió de su barrio con lo puesto después de vender su casa. Casi siete años después, ha conseguido un permiso de residencia gracias a un contrato de empleada del hogar y no está entre sus planes volver a su tierra.
Como Bárbara, el 57% de los inmigrantes en España tienen intención de quedarse definitivamente. A pesar de que sus expectativas de vida no se han cumplido del todo, un 42,4% está bastante satisfecho con su situación actual. Lo dicen las conclusiones del informe “Claves de la integración de los inmigrantes en España 2013”, elaborado por la Fundación SM, que señala, entre otras cuestiones, los obstáculos más pesados que enfrenta esta población. El paro es el primero (60%), seguido por el idioma autonómico (45%) o el propio castellano (43%). Todos los datos son relativos al año 2011, cuando se realizaron las encuestas sobre las que se fundamentan.
Peores condiciones laborales
Otra dificultad para muchas personas inmigrantes es la integración. Aunque un 66% reconocen que se sienten bien tratados, más de la mitad consideran que sus condiciones de trabajo son algo peores que las de la población española.
“En varias ocasiones me he sentido discriminada por no tener papeles. Indirectamente pago el IVA, pago la luz, el agua, el alquiler... ”, comenta Bárbara, cuyo salario no llega a los 750 euros mensuales. Aterrizó en España en busca de un trabajo digno, al igual que el 38% de los inmigrantes, según datos del informe. Desde hace años trabaja como empleada del hogar en varias casas. En algunas han accedido a darle de alta en la seguridad social, lo que le ha permitido regularizar su situación; en otras, se niegan. “Eso sí –puntualiza– el día que no trabajo, no cobro”.
Sólo uno de sus hijos aún no ha podido obtener los papeles. Aunque ha ocupado varios puestos de trabajo, nunca han querido contratarle legalmente. “Estuvo durante unas semanas en un restaurante. Echaba muchísimas horas al día por menos de 800 euros. Desde el primer momento le dijeron que cobraría en negro y, dos semanas después, le pusieron en la calle porque encontraron a una chica que hacía lo mismo por 600”.
Pese a todo, Bárbara dice que nunca se sintió desamparada. “Cuando llegamos a España, los servicios sociales nos orientaron y nos guiaron. En este sentido, este país me ha acogido mejor que el mío propio”, reconoce esta mujer, cuyos nietos ya son nacidos en España. Al igual que ella, según el informe, el 93,3% de los inmigrantes valoran positivamente los servicios sociales públicos. O al menos así lo hacían en 2011, antes de la entrada en vigor del real decreto que excluye a los ciudadanos sin papeles de la atención sanitaria y que afecta a más de 800.000 extranjeros residentes en España.
