Los jóvenes investigadores se revuelven contra el Gobierno por sus condiciones de trabajo

Se le abre un nuevo frente al Gobierno en el campo de la ciencia. A las protestas de los investigadores asentados por la caída de la financiación y las condiciones laborales se suman ahora los investigadores predoctorales, que rechazan de pleno las condiciones que los ministerios de Economía y Educación pretenden implantar en la negociación del nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF).

Esta regulación se aplicará a cualquier contratado predoctoral (que va a realizar la tesis o la está realizando) en una universidad española. Aunque no hay cifras oficiales, en España se leen unas 11.000 tesis al año y la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) calcula que hay unos 50.000 por todo el territorio.

Entre ellos están los beneficiarios de las ayudas, que son contratos a efectos legales, denominadas FPU (Formación de Profesorado Universitario) y FPI (Formación de Personal Investigador): ambas representan las cuantías económicas más altas que ofrece el Gobierno a jóvenes investigadores predoctorales para que realicen sus tesis en universidades públicas a la vez que imparten algunas horas de docencia. Las FPU y FPI imponen unos resultados académicos previos muy altos solo para solicitarlas, por los que sus beneficiarios pueden considerarse lo más granado entre los jóvenes investigadores. Son, a priori, la élite de la investigación en España.

Las discrepancias entre el Gobierno y afectados y sindicatos, que también se han manifestado en contra de los borradores que ha presentado el Gobierno para la negociación, afectan sobre todo al salario que perciben, al número de horas que podrán dedicar a la docencia y a la figura legal bajo la que operarán y que determinará, entre otras cosas, si tienen derecho a finiquito o no.

Vuelta a la casilla de salida

Los afectados lamentan que llevan un año negociando con el ministerio y que se había incluso alcanzado algo parecido a un acuerdo, con cesiones por ambas partes, pero que de repente el Ministerio de Economía, que lleva la voz cantante por parte del Gobierno a través de la Secretaría de Estado de Ciencia, se desmarcó enviando una última propuesta que borraba de un plumazo todos los avances conseguidos y volvía a un punto de partida inadmisible para los predoctorales.

“Este EPIF pretende aprobarse en una situación de precarización del sector, de exilio masivo para los investigadores y de continuos recortes en I+D+I”, explican desde la FJI. “El EPIF no es para los predoctorales [exclusivamente], es para dotar de estabilidad al colectivo de investigadores. El 50% o 60% de los investigadores somos predoctorales, somos los que llevamos el día a día de los laboratorios con nuestro trabajo”, argumenta Pablo Giménez, portavoz de la FJI.

“Este borrador nos deja en la misma situación de precariedad que teníamos antes. Nuestra sensación es que es casi peor que si no lo hubieran redactado”, añade Mónica Sánchez, de la Asamblea de predoctorales de la UAM, argumento con el que coincide Giménez. Mejor ningún estatuto que el plantea Economía ahora mismo.

Desde el Ministerio explican a este diario que “en el borrador actual se han incluido ya algunas de las peticiones” que han realizado las partes y que se están estudiando en su conjunto otros documentos que han remitido asociaciones como la FJI, Ciencia con Futuro o los sindicatos. “Siguen las negociaciones”, afirma un portavoz.

El salario

Para empezar, toda la negociación llega con casi cinco años de retraso, toda vez que el EPIF debería haber estado aprobado en 2013, según la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación de 2011.

A mediados de 2017 por fin empezaban las conversaciones entre Economía, sindicatos, la CRUE (la conferencia de rectores) y las asociaciones de predoctorales. Los escollos a salvar: la categoría profesional y el salario asociado, el número de horas de docencia, aspectos relacionados con la conciliación familiar o el derecho a recibir una indemnización por fin de contrato.

Los predoctorales quieren que en el Estatuto se fije un salario mínimo para su actividad. Desde la FJI y las asambleas consideran que un buen punto de partida serían los 16.422 euros anuales brutos (14 pagas de 950 euros netos) que actualmente cobran los FPU y que el salario se actualice con el IPC, “aprovechando que parece que los datos macro son positivos”.

Este salario es el que reciben los predoctorales con contrato FPU o FPI del Gobierno y son “la parte alta”. La mayoría, con contratos directos con la universidad, están cobrando 800 o 900 euros al mes, según la FJI. “Y somos trabajadores altamente cualificados”, reivindica Giménez.

Ese sería el mínimo. Algunos colectivos, como la Asamblea de predoctorales de la UAM, creen que lo justo sería que se equiparase su salario con el de los ayudantes no doctores, una figura profesional universitaria en extinción (ya no se convocan plazas) que realiza las mismas labores que ellos con la misma formación. Los 16.422 euros que reclaman como mínimo los predoctorales es el 75% del salario de un ayudante doctor.

Actualmente, los predoctorales están cobrando aproximadamente un 56% de lo que gana un ayudante el primer año, un 65% el segundo y un 75% los dos últimos (los contratos suelen durar cuatro años). El último borrador de Economía no plantea cambios sobre esta situación. “Hacemos la misma labor, no tiene sentido que cobremos menos”, reivindican a una Giménez y Sánchez.

Otras condiciones

Otro de los caballos de batalla son las horas de docencia que pueden dar los predoctorales. Los investigadores quieren que se alcance un equilibrio entre dar el suficiente número de horas de clase para poder en un futuro acreditarse ante la ANECA (grosso modo, la agencia estatal que acredita los currículum de los aspirantes a profesores y les da permiso para serlo) y poder así aspirar a un puesto en la universidad y no tantas como para que pasen a ser un cuerpo docente de mano de obra barata para la universidad y además la calidad de su investigación y el tiempo que le dedican a la tesis se vean afectados.

Para la FJI estas horas apropiadas son entre 60 y 80 al año. Otros predoctorales reunidos en asambleas consideran que deberían ser 60 al año excluyendo el primero, que de este modo se dedicaría íntegramente a plantear la tesis, ponerla en marcha y darle un empujón inicial.

Economía propone 240 en total (60 al año), por lo que el acuerdo en este aspecto no parece lejano.

La última pata (importante) de la negociación es el carácter del contrato que firman los predoctorales y las consecuencias que eso tiene, por ejemplo, en la indemnización por despido. Actualmente, los contratos tienen un carácter formativo y los predoctorales dependen de alguien y, bajo esta figura, no tienen derecho a indemnización.

Los jóvenes investigadores quieren que se elimine el término “formativo” para que tengan derecho a ella “como cualquier sector”. “Nos parece un ataque a un colectivo altamente cualificado para ahorrarse una indemnización”, explica Giménez. “Somos investigadores, acabamos sabiendo de nuestro tema más que los tutores”, reivindica Sánchez.

Si Economía aprueba el borrador unilateralmente, los predoctorales amenazan con dar batalla. “Estarían aprobando un estatuto para un colectivo que no se sentiría representado por él”, explica Giménez. “Esto afecta al estado de la ciencia en España, que es pésimo en cuanto a investigación. Si los investigadores no tienen una estabilidad mínima no van a tener una buena productividad y nunca tendremos un país serio en ciencia”, cierra. “Nos vamos a movilizar”, adelanta Sánchez.