En El Gallinero los derribos no los para ni Dios

Los chavales de 'El Gallinero', cerca de 300 niños y niñas, se refieren a Javier Baeza como 'Javi'. La confianza de los habitantes del poblado chabolista con el sacerdote y varios voluntarios ha costado trabajo, admite Jorge, que como él pasa sus días enfangado en las improvisadas calles de este foco de pobreza a escasa distancia del centro de Madrid. Según un informe de Save The Children presentado el pasado diciembre, el Índice de Pobreza Humana (IPH) arroja allí un devastador 93% de pobreza, frente al 10,7% de la capital.

En el Madrid de la alcaldesa Ana Botella, la Iglesia (para bien o para mal) sigue teniendo su influencia. Y la visita del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha dejado algo de esperanza en el poblado. El sucesor de Antonio María Rouco Varela parece enarbolar un cambio de postura de la jerarquía eclesiástica frente a la parroquia de San Carlos Borromeo, de Entrevías. Sus sacerdotes, entre los que se encuentra Javier Baeza, han pasado de temer por el cierre de su iglesia a sumar a Osoro a una de las causas sociales que los enfrenta con el Ayuntamiento de Madrid.

A finales de noviembre, la visita sorpresa del sucesor de Rouco Varela –que continúa arreglando su lujoso ático– permitió que el equipo de voluntarios pudiera explicar a Osoro in situ los planes de desarrollo del asentamiento, así como las dificultades para sus 400 habitantes por la ausencia de agua corriente y de red eléctrica. Y el tour, en mitad de un tremendo aguacero, parece haber dado algún fruto. Desde el Ayuntamiento de Madrid se reconoce la necesidad de restablecer algún tipo de interlocución con las asociaciones. Fuentes cercanas al Arzobispado apuntan a alguna gestión llevada a cabo por el arzobispo con la alcaldesa.

Las barreras que los voluntarios franquean con las familias, de población rumana gitana, llevan horas y horas de colaboración, pero los resultados animan a seguir. “No es cierto que sean personas que no se dejen ayudar”, responde Jorge, que recuerda que la integración del pueblo gitano en España, después de décadas de intervención, todavía mantiene muchas tareas pendientes. “No podemos pretender que este problema se solucione rápido”, añade.

“Pero hay avances impensables hace unos años: que los niños asistan al colegio como lo hacen hoy, que regresen con un cuaderno con deberes apuntados y vuelvan al día siguiente a la escuela con ellos hechos”, dice Jorge.

Mismo objetivo, distintas políticas

Los cambios no son ni mucho menos fortuitos. En 20 minutos de conversación con el voluntario a las puertas de la escuela de apoyo –un habitáculo de metal con una decena de pupitres–, el hombre no puede terminar dos frases seguidas. “¡Jorgitooo!”, llega una chica corriendo. Hoy cumple 19 años y, tras un abrazo, pregunta por su prometido regalo. Si no, es Manuel, que intenta entrar antes de tiempo a la clase de refuerzo. O un hombre mudo que pretende explicarle algún problema con un recibo de compra en la mano. “¿Qué te decía?, retoma el voluntario. ”Ah sí, que hace falta tiempo“.

Por eso, cuando hace algo más de una semana el Ayuntamiento de Madrid ordenó ejecutar el derribo de cuatro chabolas (solo dos ocupadas) la distancia entre los voluntarios y el consistorio volvió a agrandarse. El equipo de la alcaldesa Ana Botella considera que “toda actuación que permita que continúe el asentamiento lo que que hace es perpetuar el problema y la pobreza”, según explica Carlos M. Martínez Serrano, coordinador de General de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Martínez destaca la explotación de los varones de las familias, “a los que no les interesa salir de El Gallinero”, apunta. “Hay noticias publicadas sobre las mafias que se dedican al robo del cobre”.

Las medidas municipales pasan por no mejorar las condiciones de vida del poblado y solicitar el derribo de las chabolas. Como alternativa, el Ayuntamiento puso en marcha un programa de intervención en el que ofrece a las familias el paso por unos campamentos (denominados APOI) “en los que deben aprender una serie de normas de convivencia”. Después de esta fase, “pasan a unos pisos tutelados hasta llegar a las condiciones de una integración plena”, explica Carlos M. Martínez. Después de ocho años, solo tres familias se han acogido al programa.

Los voluntarios exponen que, a la vista de los datos, es necesario revisar si las cosas se están haciendo bien. “Nosotros tampoco queremos que esto exista, claro, partimos de la misma base. Pero tiene que haber una alternativa positiva para la familia y eso no está funcionando”, afirma Jorge.

Javier Baeza recuerda que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos exige que las autoridades no dejen a familias en la calle en pleno invierno. Carlos Martínez niega que incumplan ninguna norma en este sentido, “porque estas familias sí tienen alternativa: los campamentos”. La realidad es que las dos familias a las que destruyeron su casa la semana pasada construyeron otra al día siguiente, pero con parte de sus pertenencias atrapadas entre los escombros.

Las quejas a las políticas del Ayuntamiento también llegan hasta la Defensora del Pueblo que, en una respuesta a Javier Baeza del 16 de enero a la que ha tenido acceso eldiario.es, comunica que el consistorio rechaza “las propuestas, sin proporcionar argumentación que desvirtúe los terminos de la queja ni que altere el fundamento de las sugerencias formuladas”. La institución incluirá el caso en su próximo informe anual ante la respuesta insatisfactoria de la administración.

Sin letrinas a cero grados

Al cruzar una de las callejuelas del poblado, con una temperatura de apenas unos grados, una niña de unos tres años hace pis a la intemperie junto a otro niño de edad similar. Manuel y su hermano David, de dos años, se han ofrecido para mostrar su entorno diario y dejan atrás la escena con naturalidad. Cuando Manuel señala una de las casas derrumbadas, ya se han unido un grupo de cuatro niños, que discuten entre escombros si se puede ser seguidor del Rayo Vallecano “además del Real Madrid”.

Los niños van a jugar al fútbol dos días a la semana gracias a un programa de la Fundación Real Madrid en colaboración con el Ayuntamiento, que cede las instalaciones deportivas. Además, desde 2014 el Consistorio ha iniciado otro plan para “el empoderamiento de las mujeres con la Asociación Barró”, destaca Carlos M. Martínez. Estas iniciativas sociales, bienvenidas siempre, suponen una situación de “esquizofrenia” –dice Javier Baeza– cuando a las palabras de la alcaldesa sobre la “integración” del plan del Real Madrid le sigue a los pocos días un Gallinero tomado por la policía para hacer efectivos los cuatro derribos.

Los voluntarios de El Gallinero han visto rechazado el proyecto para llevar letrinas y baños al poblado, así como “otro para madres adolescentes”, afirma Jorge. En su opinión, el argumento de la cronificación de la pobreza no puede amparar una rutina diaria de vulneración de los derechos humanos de 400 personas. “Como es ilegal, ¿les cortamos la luz? ¿Les cortamos también el único punto de agua potable que tienen?”, critica el voluntario. “Si fuera político me daría vergüenza que esto existiera”.

Valica, la niña de El Gallinero que acudió al Parlamento Europeo a defender su derecho a la educación, espera puntual a que llegue su turno para entrar en la clase de refuerzo. Ese día no ha ido al colegio, “porque no teníamos luz por la mañana y como hacía tanto frío no salimos de casa. No sabíamos qué hora era y se fue el autobús”, justifica la menor, de diez años.

Javier Baeza y otros voluntarios dejaron de ir a las reuniones del Ayuntamiento de Madrid porque “se nos faltaba al respeto y se culpabilizaba a las familias”, señala el cura. Los voluntarios coinciden en que lo ideal es la colaboración con las autoridades para favorecer a las familias con los fondos de las entidades públicas y el conocimiento cercano de del trato diario. Pero, para ello, exigen unos mínimos que respeten los derechos de estas personas. “No se trata de quién tiene razón, si el Ayuntamiento o nosotros, sino de dar una salida a estas personas. Pero de una forma digna”, concluye Jorge.

De momento el interés de la jerarquía eclesiástica parece haber acercado al Ayuntamiento a los problemas del poblado. El tiempo dirá si la tradicional cercanía entre la Iglesia y la Administración madrileña se traduce en una vida mejor para los 400 habitantes de El Gallinero. Y en un pequeño triunfo para el trabajo de los voluntarios y de Javier Baeza. Para los niños, Javi.