Las sospechas de 'dedazo' abren a Carmena la vía para recuperar los pisos protegidos vendidos a fondos buitre
Solo ocupa una línea del programa electoral de Ahora Madrid: “Paralizar la venta a fondos buitres de viviendas de titularidad municipal y procurar su reversión” pero la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no ha tardado en hacer emerger la idea. Lo hizo el domingo pasado en La Sexta al decir que “judicialmente hay una forma de resolver las ventas: cuando no son legítimas”.
Se refería a la adjudicación de 1.860 viviendas protegidas de alquiler al fondo buitre Blackstone-Real Magic State. Carmena analizó que “ha generado una situación de injusticia tremenda”. De hecho, el 60% de los desahucios que se han practicado este año en la ciudad han sido en este tipo de casas, según El País.
Esta operación tiene pendiente un recurso en la Audiencia Provincial de Madrid por la querella presentada por los afectados de la venta contra el consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo (EMVS) y el consejero delegado del fondo comprador. Fue desestimada en primera instancia.
Los vecinos apuntaban al resultado final: el traspaso de las casas de manos públicas a privadas. Pero hay más recovecos en esa compra-venta, concretamente en el procedimiento administrativo utilizado por el Ayuntamiento. La cuestión fue advertida por otro de los fondos aspirantes a quedarse con las promociones, que ha sostenido –y dejado constancia por escrito a la exalcaldesa Ana Botella (PP)– la “falta de seriedad y transparencia en el proceso de venta”, según cuentan fuentes cercanas al procedimiento.
Aquel pretendiente financiero venía de EEUU y unía a Alvarez-Marsal y Harbor Group (AMHG) además de a su representante en España: Urban Global Solutions (UGS). Ya en el momento de la adjudicación a Blackstone (en junio de 2013) aseguraron que la EMVS les había comunicado el 3 de junio de 2013 por teléfono que serían los ganadores del concurso por 120 millones para desdecirse sólo tres días después, según informó Público. En el sprint final de la subasta, AMHG incrementó su oferta económica hasta los 130 millones de euros porque sospechaba que su postura había sido filtrada para que otro de los rivales mejorase o igualara su oferta. Pero la historia tenía unas raíces más profundas, y antiguas.
El recorrido arranca en 2011 cuando la EMVS pone en marcha su idea de enajenación del patrimonio público. Dos años antes de la adjudicación, se planifica la venta de viviendas protegidas para recaudar dinero y se busca comprador. Se trata de preparar un paquete que sea atractivo para los fondos oportunistas (así se llaman a sí mismos los fondos conocidos como buitre). Así que, según quienes estuvieron al tanto del proyecto, se pusieron en contacto con intermediarios españoles que, a su vez, prepararon una cartera de bienes a partir del catálogo de la Empresa Municipal.
Después, estos intermediarios, comenzaron a buscar socios en EEUU. Para septiembre de 2012, fondos oportunistas estadounidenses se muestran interesados en pagar hasta 120 millones de euros a la EMVS por 18 de sus promociones de viviendas. En diciembre de aquel año, relatan, presentan a Madrid una carta de intenciones vinculante en la que pidieron exclusividad en la operación. La respuesta de la EMVS fue, aseguran esta fuentes, de “agradecimiento” y la necesidad de negociar algunos puntos.
Sin judicializar
Pero, al llegar abril de 2013, el Ayuntamiento les informa de que van a hacer la operación pública para que concurran más aspirantes. A partir de ese momento es cuando se produce el episodio de la llamada y la rectificación de ganadores. Uno de los que estuvo en primera línea del procedimiento asegura a día de hoy que “las irregularidades” que se cometieron son más que suficiente para que se revirtiera la venta porque “en todo momento estuvo viciado por intereses ajenos al interés público”. Esta misma fuente cree sencillo que los nuevos regidores del ayuntamiento de Madrid encuentren las pruebas ahora para desbaratar aquella venta. En esas fechas, AMHG amagó con presentar acciones judiciales aunque finalmente no se materializaron. La alcaldesa de Madrid Carmena aseguró el domingo pasado que “si no se ha hecho en derecho se puede rescindir. Vamos a ver”.
