La justicia amenaza con multar a Defensa por no pagar la pensión de un soldado herido en acto de servicio
Tras más de un año esperando a que el Ministerio de Defensa le pague la pensión que la justicia le reconoció y tres requerimientos judiciales después, el soldado Andrés Merino continúa a la espera. Hace casi cuatro años Merino fue obligado a abandonar el Ejército de Tierra sin que le reconociesen que las lesiones de espalda que sufría se produjeron en acto de servicio. Llevaba diez años en activo y fue obligado a abandonar las Fuerzas Armadas sin tener derecho a percibir una pensión, a pesar de que le reconocieron la insuficiencia de sus condiciones psicofísicas.
Tuvo que esperar tres años hasta que la justicia le dio la razón. Sucedió en mayo del año pasado, los magistrados de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia fallaron a su favor. Consideraron acreditado que la lesión que le “incapacita para desarrollar actividades que requieran esfuerzos físicos”, se manifestó en noviembre del 2004 durante unas maniobras militares que estaba realizando en Afganistán en acto de servicio.
La justicia ordinaria constató que la lesión se produjo con posterioridad a su ingreso en las Fuerzas Armadas y le reconocieron su derecho a percibir una pensión que le corresponde “con arreglo a la legislación vigente”. “Consta acreditado que el 1 de noviembre de 2004 sufrió un accidente mientras cargaba bultos en un camión. Conforme a los informes obrantes en las actuaciones (analizados por el perito judicial), antes del traumatismo aludido, el recurrente no presentaba ninguna patología a nivel lumbar”, aseguraron los magistrados.
En el fallo reconocen el derecho del demandante a “su inclusión en el artículo 1.2 del Real Decreto 1186/2001(que regula las pensiones e indemnizaciones de los militares) y su derecho a percibir la pensión que con arreglo a la legislación vigente le corresponde, con efectos retroactivos a la fecha de la referida resolución”.
Así, Merino, que tiene seis hijos, consideró que tras este fallo el conflicto con Defensa había terminado. “Cuando se dictó la sentencia pensé que ya lo había conseguido. Se han pasado esta sentencia por el arco del triunfo. Se dictó en mayo del año pasado y mira dónde estamos todavía”, incide Merino en declaraciones con eldiario.es.
Sentencia ratificada en enero
No fue así. Pasaron los meses y la pensión concedida no llegaba a su cuenta corriente. Defensa había solicitado una aclaración de la sentencia. En enero de este año llegó la primera providencia que volvía a dar la razón al soldado. “Habiéndose dictado fallo de la sentencia en coincidencia exacta con el suplico de la demanda”, recoge el texto emitido por la misma sala, “no procede hacer ninguna aclaración de la sentencia”. En mayo estos magistrados dictaron por segunda vez un auto en el que volvían a requerir al departamento de Mª Dolores de Cospedal que ejecutase la sentencia.
Un mes después los mismos jueces han insistido en recordarle a este Ministerio que pague los 3.458 euros de las costas del recurso, e instan al Servicio Común Procesal de Ejecuciones a que realice un requerimiento al jefe de servicio o director general competente del Ministerio de Defensa “a fin que proceda el cumplimiento de la sentencia en sus propios términos”, “bajo apercibimiento de las multas previstas en el artículo 112 LJCA (Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa)”, advierten los magistrados en la providencia emitida el 29 de junio. Esta redacción se ha puesto en contacto con el Ministerio para conocer por qué no se ejecuta la sentencia, sin que hayan contestado por el momento.
Acampado ocho días en el Ministerio
En esta normativa recogen “multas coercitivas de ciento cincuenta a mil quinientos euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala”. A finales del 2016 Merino viajó de Murcia a Madrid y pasó ocho días acampado día y noche ante el Ministerio de Defensa para pedir a la ministra, que acababa de tomar posesión de la cartera, que ejecutase la pensión por haberse lesionado en acto de servicio.
El Ministerio de Defensa asegura que como máximo en un mes ejecutarán la sentencia y que han solicitado una aclaración porque esta decisión judicial “aparentemente no acataba la ley”. Desde su gabinete de prensa aseguran que el Real Decreto que regula las pensiones no se la reconoce a soldados con 15% de discapacidad, la valoración recibida por Merino.
