Huelga contra una ley criticada hasta por los suyos
La polémica Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) sigue su curso a pesar del vapuleo público y administrativo. La reforma del ministro José Ignacio Wert ha conseguido aglutinar en su contra a padres, alumnos y profesores, que por primera vez han convocado una huelga de forma conjunta. Además ha salido escaldada de su paso por el Consejo de Estado en dos de sus puntos más controvertidos: la supresión de Educación para la Ciudadanía y la garantía de escolarización en español en las comunidades con lenguas cooficiales.
Este varapalo es especialmente significativo porque quien preside ese organismo consultivo es nada menos que José Manuel Romay Beccaría, hombre muy cercano y de la máxima confianza del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. De hecho, al estallar el caso Gürtel, Rajoy eligió a Romay Beccaría para reemplazar a José Luis Bárcenas como tesorero del Partido Popular. Y hasta el hermano del ministro Wert se ha mostrado contrario a la política educativa del Gobierno. Esta semana Juan Pablo Wert ha impartido clases en la calle en Ciudad Real para protestar contra los recortes en la Universidad.
El dictamen critica la decisión de eliminar del currículo la asignatura de Ciudadanía. “Procedería imponerla como obligatoria en algún momento” pues han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones suscritos por España del Consejo Europeo y la UE para “velar por el aprendizaje de los valores democráticos (...) con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa”, asegura el escrito.
Wert también ha asegurado que el Ministerio dará “respuesta adecuada” a otro punto indicado por el Consejo de Estado, que se ha mostrado contrario a que las comunidades autónomas deban costear un centro privado a aquellos alumnos que quieran estudiar en castellano y no dispongan de esa oferta ni en colegios públicos ni concertados.
El ministro ha considerado que el informe es “globalmente positivo” sobre los aspectos medulares, el “esqueleto” de la propuesta de Ley Orgánica, que puede aprobar el Consejo de Ministros el próximo 10 de mayo.
De modo que el avance definitivo de la ley estará precedido por protestas en toda España. Sindicatos, asociaciones de padres y estudiantes han organizado actividades y concentraciones en diferentes puntos del país, que se publicitan y siguen por Twitter con los hashtags #9m y #mareaverde, entre otros.
Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el proyecto de ley pasará al Congreso. El objetivo del Gobierno es aprobarla este año haciendo valer su mayoría absoluta, aunque las críticas que ha generado en los grupos políticos de la oposición podrían retrasar esa aprobación al primer trimestre del año próximo.
