“Tienen miedo de que estemos donde debemos estar”
Parece una ley con destinatarios concretos y conocidos. Lo que ha trascendido de la futura Ley de Seguridad Ciudadana incluye el castigo endurecido de nuevas y viejas formas de protesta multiplicadas por la facilidad de comunicación de la era digital. En la red social Twitter se ha ganado la etiqueta de #leyanti15m.
Porque hasta hace un año nadie sabía lo que era un escrache y ahora puede salir por 600.000 euros de multa. En la Plataforma Antidesahucios entienden que este movimiento del Gobierno por criminalizarlo “demuestra que tienen miedo de que estemos donde debemos estar”. Tras conocer los planes de endurecimiento del código, Andrea Quinatoa, miembro de la PAH desde 2008, asegura a eldiario.es que “la conciencia ciudadana no se va a parar por más leyes que nos pongan encima”. La PAH, dice, se siente “legitimada” aunque concluye que incluir los escraches dentro de la lista de actividades con fuerte represión legal no es más que un “reflejo del temor que el Estado está desarrollando contra la ciudadanía cuando ejerce su protesta”. Cuestionada por el futuro de sus reivindicaciones, asevera: “Si mañana hay que hacer un escrache, se hará. Estamos legitimados”.
El texto, que presumiblemente irá al Consejo de Ministros del viernes, apunta con precisión hacia dónde quiere golpear. Las famosas acciones de protesta ecologista verán recrudecido su castigo. La asociación Greenpeace se distingue por llamar la atención sobre la protección del medio ambiente: “Porque no se defiende sólo”, suelen argumentar. Sus escaladas de edificios, vuelos reivindicativos o travesías marítimas no gustan a los redactores de la ley. “Estamos espantados”, cuenta a este diario María José Caballero, jefa de campaña de Greenpeace. “Llevamos 40 años protestando y consiguiendo así victorias”, explica la activista, al tiempo que se lamenta: “Nos retrotrae a épocas oscuras, sin discrepancia”.
Este martes un grupo de miembros de la asociación se ha descolgado de la fachada del edificio de la petrolera Shell en Madrid para pedir la libertad de sus compañeros apresados en Rusia. “Ahora estamos preocupados porque no sabemos dentro de poco si en lugar de a San Petersburgo tendremos que ir a Soto del Real”, ironiza Caballero. “Nosotros estamos cada dos por tres frente a procesos judiciales. Unas veces ganamos, otras no, pero siempre aceptamos las sentencias y pagamos las multas que ya se nos están poniendo, que a veces son muy altas”. Con este panorama, si las cantidades se multiplican, analiza Caballero, “nos podrían incluso estrangular desde el punto de vista financiero”. A pesar del horizonte más oscuro, la Greenpeace clama: “Si hay que descolgarse, nos seguiremos descolgando”.
“Lo dañino no está en la calle”, responde Camila Monasterio, de la Plataforma No Somos Delito. Monasterio cree que esta norma “responde al espíritu de la reforma del código (penal) y va a criminalizar la protesta social”. Según su análisis, estas medidas se toman “porque se ha comprobado que (las protestas) funcionan. Porque se ha desarrollado un apoyo entre colectivos que lo ha vuelto más efectivo”. Y opina que la respuesta “es totalmente desproporcionada. El daño a la sociedad hay que buscarlo en otros sitios”.
Preguntada por un análisis técnico, la abogada Verónica del Carpio pone el acento en cómo ha surgido: “Con lo que sabemos, no se puede opinar. Es un globo sonda. No obstante, hay indicios de que se pretende poner trabas a la protesta social, sea 15M o no”. En este sentido, Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional España, asegura que, a pesar de haber solicitado formalmente el texto del anteproyecto no lo ha recibido. Con todo, Beltrán ha querido recordar que es importante el “derecho de manifestación espontánea para el que no sería obligatoria la autorización de una protesta pacífica”. En ese sentido se opone a la restricción de las concentraciones frente al Congreso: “Las únicas restricciones deben imponerse únicamente cuando exista un riesgo para la seguridad pública”.
En Jueces para la Democracia entienden que un movimiento así apunta a “disuadir, desde una perspectiva autoritaria, formas de protesta”. El derecho de manifestación existe en la Constitución sin requerimiento de autorización y, según estos jueces, “el código ya regula los desórdenes públicos” por lo que endurecer las limitaciones de este derecho -por ejemplo ante edificios públicos sin que se altere su funcionamiento- “puede ser de dudosa consitucionalidad”. Y añaden que tomar la vía administrativa, en la que el Ejecutivo es juez y parte al colocar las sanciones, elude “las garantías del proceso judicial” que no habían visto delitos en casos previos de concentraciones o escraches ya juzgados.
Por su parte, desde la Federación Catalana de ONG denuncian lo que consideran como una campaña de “criminalización de la protesta y de la disidencia”. “Hablamos de disidencia porque creemos que el Gobierno está instaurando mayores dificultades para la libertad de manifestación de aquellos que no piensan como ellos”, afirma Aida Guillén, vicepresidenta de la Federación y directora del Instituto catalán de Derechos Humanos.
“La crisis actual ha provocado vulneraciones constantes de los derechos sociales y culturales a través de los recortes. Esto se refleja en las calles con un aumento exponencial de la protesta. Y, ¿cómo reacciona el estado? Con la persecución de estas formas de expresión y con mayores restricciones de nuestros derechos”, señala Guillén.
