Un informe alerta de las trampas que las reformas del Gobierno tienden a periodistas y ciudadanos
Un día después de la aprobación en el Senado de la Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como ley mordaza) y de su reforma gemela, la del Código Penal, se ha presentado en Huesca el informe “Límites y amenazas al ejercicio de las libertades de expresión e información en España”, elaborado por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). Y se ha hecho en un marco privilegiado: un congreso que reúne anualmente a decenas de periodistas para debatir sobre periodismo digital.
Precisamente estas dos reformas, que esperan el rodillo del PP en el Congreso para su aprobación definitiva, aglutinan buena parte de las preocupaciones que transmite el documento, estructurado en ocho capítulos. “El Gobierno ha impulsado en los últimos años normas que ponen nuevos límites al ejercicio de las libertades de expresión y de reunión, con el indisimulado objetivo de hacer frente a las nuevas formas de protesta social”, afirma Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, de la que el subdirector de eldiario.es, Juan Luis Sánchez, es miembro.
De este “marco normativo inadecuado”, apunta el informe, provienen parte de los problemas. Una situación que se agrava, según Sánchez Almeida, por la “pervivencia de leyes aprobadas en un contexto no democrático”.
En el documento también se recoge el recurrente conflicto entre el derecho al honor y a la información. Y más concretamente cómo, en nombre del primero, se censuran informaciones de interés público o la libre expresión de opiniones. La periodista Ter García recuerda que en España “los tipos penales de injurias y calumnias se incluyen en el Código Penal pese a las recomendaciones de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)” y también los de enaltecimiento del terrorismo, incorporados en el año 2000.
Se mencionan también algunos ejemplos de la aplicación concreta de estas normas contra la libre difusión de informaciones u opiniones, como las 73 acciones judiciales contra la web del medio asturiano “La Nueva España” por parte del ex presidente de la región Francisco Álvarez Cascos, la operación Araña, la demanda del Partido Popular contra El País tras la publicación de los “papeles de Bárcenas”, o la condena a la revista revista Café amb Llet por denunciar un caso de corrupción en la sanidad catalana.
La regulación de la Red
“La comunicación en red ha sido el medio en el que un grupo cada vez mayor de ciudadanos se ha organizado para mostrar su posición respecto a cuestiones colectivas social o políticamente relevantes o hechos que los grandes medios tradicionales no sabían o querían reflejar”. Así se apunta en uno de los capítulos del informe que subraya los límites establecidos por decisiones gubernamentales como el “Canon AEDE” -incluido en la nueva Ley de Propiedad Intelectual-, que “por su carácter de irrenunciabilidad, va contra el derecho de elegir una licencia Creative Commons o compartir los contenidos de forma gratuita”.
Otros aspectos problemáticos, de acuerdo con el informe, son el “derecho al olvido” y las peticiones de borrado de información, que afectan tanto a medios como a webs que no lo son en sentido estricto: “Menéame, por poner un ejemplo, se ha encontrado peleando pleitos y gastando dinero en abogados debido a las demandas que ha recibido por parte de quienes sólo quieren censurar las informaciones que circulan por sus páginas”, señala la periodista Marilín Gonzalo, editora de Diario Turing.
Los ataques al ejercicio de la libertad de expresión de los movimientos sociales -con especial atención al caso de las asociaciones de consumidores- o la situación del periodismo y los medios son otros de los grandes temas abordados en el documento, que recoge las conclusiones y contenidos principales del “I Encuentro sobre activismo, prensa y libertad de información”, un acto celebrado en diciembre con el que la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) se presentaba públicamente e iniciaba su trabajo de análisis, vigilancia y denuncia.
Puedes seguir el Congreso de Huesca los días 12 y 13 de marzo en directo en este streaming.streaming
