España lleva más de un año sin aplicar el reglamento europeo contra el comercio de madera ilegal

España ocupa los últimos puestos en la lucha contra el comercio ilegal de madera en Europa. En realidad, no está aplicando aún el reglamento europeo que es de obligado cumplimiento desde marzo de 2013. El pasado 30 de julio, la Comisión Europea publicó el ránking de los 28 estados de la UE respecto al cumplimiento de la normativa. Sólo Hungría, Polonia y Malta están peor o tan atrasadas como España en cuanto a la creación de un órgano competente en la materia, el diseño de sanciones para el comercio de madera ilegal y la puesta en marcha de inspecciones. Los países tuvieron desde 2010 a 2013 para adaptar sus leyes a las nuevas exigencias.

“España está dando vía libre a las importaciones de madera ilegal al no aplicar el reglamento”, analiza Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de bosques de Greenpeace. “Las fronteras siguen siendo permeables a la entrada de productos provenientes de talas ilegales”.

Su organización pidió por escrito al Ministerio de Medio Ambiente que se “inspeccionara a cinco empresas importadoras de madera sospechosa de Brasil”. Un portavoz del ministerio ha contestado a eldiario.es acerca del decreto que debería incluir las normas de la Unión Europea que “el Gobierno está trabajando en este asunto y pronto habrá información”. El primer borrador de decreto se redactó en septiembre de 2011 y “en marzo de 2014 se explicó que se abriría el periodo de información pública del decreto en meses”, cuentan las asociaciones ambientalistas convocadas por el Ministerio.

El portavoz del comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, ha subrayado a este diario que “nuestra última revisión muestra que la mayoría de estados han hecho lo necesario para implementar la regulación”, no España desde luego. Y luego ha añadido: “La Comisión está dispuesta a tomar todas las medidas necesarias para asegurar la rápida adopción de la medidas requeridas por parte de los países que no han completado la normativa”.

El reglamento que el Gobierno español no está aplicando prohíbe la comercialización en la Unión Europea de madera aprovechada ilegalmente así como de los derivados de ésta. También exige a los comerciantes que se informen sobre el material que importan y las condiciones de su obtención en el país de origen (si llega de bosques protegidos, si se respetan los derechos laborales de los leñadores...) a la vez que les obliga a evaluar los peligros que supondrá introducir productos que compran en el mercado europeo.

La Asociación Española del Comercio e Industria de la Madera (AEIM) tiene evaluados los países de origen de maderas que llegan a España de acuerdo con el riesgo de que sea un producto ilegal. En el listado de fichas, Congo, Guinea Ecuatorial y la República Centroafricana aparecen con “elevado riesgo” entre los países africanos, al tiempo que se certifica que ha habido importaciones de madera desde esos estados hacia España. De igual manera, Brasil también muestra un alto peligro para maderas tropicales. En Asia se incluye a Camboya, Vietnam, China o Indonesia. Esta última es la mayor productora de madera del mundo y se calcula, según la AEIM, que 48 millones de hectáreas de bosque son explotados. “Hasta un 70% del volumen de madera extraído es ilegal”, explican. España importó en 2013 productos madereros de Indonesia por valor de 25,5 millones de euros.

El comercio ilícito de madera genera un negocio de 22.000 millones de euros al año según los datos de la Interpol y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP). Estos informes señalan que “entre el 15% y el 30% de toda la comercialización procede de talas ilegales”. 1.300 millones de personas con escasos recursos dependen total o parcialmente de los bosques, según la Unión Europea. La tala indiscriminada y desregulada es uno de los factores más importantes de deforestación, que entre 2000 y 2010 supuso la pérdida de 16 millones de hectáreas por año.

“El Gobierno tiene la obligación de crear un sistema que vigile si los comerciantes controlan lo que compran a sus proveedores pero la sensación que da es que no tienen interés; que considera el asunto un problema o una molestia”, cuenta Soto. “La Comisión Europea debería tomar medidas legales contra los estados que están incumpliendo la legislación y obligarles a hacer todo lo posible para evitar que madera ilegal entre en los mercados europeos”.