El caso de maltrato de la niña asesinada en Valladolid estuvo 10 días parado y llegó al juzgado el día en que murió

El atestado policial en el que se relataba el presunto caso en de maltrato sobre una niña de 4 años que finalmente falleció por una paliza y una agresión sexual en Valladolid, no llegó hasta el juzgado que debía investigar los hechos hasta el mismo día de su muerte. Por eso no hubo investigación judicial de los hechos hasta entonces.

El Decanato de Valladolid ha puesto este lunes fechas a la situación, adelantada por eldiario.es: el 14 de julio, dos días después de que un médico diese la voz de alarma y la Policía tomase declaración a la madre de la niña, el caso llegó al juzgado de Violencia sobre la Mujer, para que se investigase si la madre había sufrido maltrato psicológico por parte del padre de la menor.

El día 20 de julio, declaró en el juzgado, que sobreseyó la causa al día siguiente, el 21, porque la propia mujer reconoció que solo hubo “discusiones”. El 25 de julio el juez remitió el atestado a la oficina del Decanato de los Juzgados para que la parte que afectaba a la pequeña, se remitiera a uno de los seis juzgados de Instrucción de Valladolid.

Sin embargo, no fue hasta el día 3 de agosto cuando el juzgado de Instrucción nº 4 lo recibió. El mismo día que la niña murió en el hospital después de una paliza y una agresión sexual salvaje. Transcurrieron 22 días desde que un pediatra puso en marcha el protocolo por maltrato, hasta que el asunto recayó en un juzgado, pero para entonces, la menor ya estaba muerta.

Qué pasó desde el día 25 hasta el 3 de agosto, 10 días (8 hábiles) para que el Decanato no repartiese el caso, es aún una incógnita. Pero desde este órgano apuntan a varias causas. Por un lado, recuerdan que los últimos días del mes de se produce siempre una avalancha de casos para turnar porque agosto es inhábil judicialmente.

Pero además apuntan varias caídas del sistema LexNet y una suspensión durante algo más de tres días (desde el viernes 28 hasta el lunes 31) tras detectar el Ministerio de Justicia un agujero de seguridad. “Es posible­ ­–apuntaron estas fuentes- que estuviese entre los muchos casos que se recibieron y notificaron pero que no llegaron correctamente a cada juzgado, de manera que hubo que buscarlos, recuperarlos y volver a notificar. Incluso hubo que pedir a cada juzgado que no tuviese en cuenta si la fecha de recepción era agosto para darles trámite, porque en realidad habían llegado al Decanato en julio pero el sistema LexNet no había funcionado”.

La Fiscalía de Valladolid también se ha pronunciado sobre su actuación en el caso. En realidad fue el único órgano judicial que intentó averiguar qué le estaba pasando a la niña.

En un comunicado ha explicado que después de que la niña fuese atendida el 11 de julio en un hospital privado, adonde acudió acompañada de su madre, y donde un pediatra detectó hematomas y alertó de un posible caso de maltrato, la Policía Judicial presentó su atestado ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, por una posible existencia de malos tratos contra la madre, y copia del mismo a la Fiscalía de Menores.

La madre apuntó al padre

La Fiscalía subraya que “con sus manifestaciones la madre de la menor daba a entender que de existir malos tratos, su expareja podía ser el causante de las contusiones, sin que se apreciara una situación especial de alarma, pues su expareja se encontraba fuera de España” y añade un dato clave: “En ningún momento la madre de la menor mencionó que en la actualidad ella mantenía una relación sentimental con otra persona”.

Así, el 19 de julio, y “sin perjuicio de las actuaciones que pudieran realizar los órganos judiciales, la Fiscalía de Menores fue quien entendió que era conveniente someter a valoración y control la situación familiar de la menor, razón por la que remitió a la Junta de Castilla y León el atestado, en tanto que es la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la misma el órgano competente para la adopción de medidas de protección sobre los menores de edad”.

Tal y como publicó este diario, la Junta recibió el atestado el viernes 21 de julio y decidió empezar a trabajar en el caso el lunes, si bien no fue hasta el miércoles cuando mantuvo una entrevista con la madre, la niña de cuatro años y su hermana de 12.

Esta primera entrevista despertó recelos en los técnicos de los Servicios Sociales, y decidieron mantener un segundo encuentro en el domicilio familiar el 28 de julio. La mujer la anuló por “problemas laborales” y la trasladaron al día 1 de agosto. Nadie abrió la puerta. Al día siguiente la pareja de la madre llamó a los servicios de emergencia porque la niña estaba “muy mal”. Ingresó en parada cardiorrespiratoria, con graves lesiones y signos de agresión sexual, y falleció al día siguiente.

Fuentes judiciales han asegurado a eldiario.es que, de haber sabido que la madre tenía una nueva pareja con la que convivía desde hacía poco, las medidas habrían sido distintas.

Tanto la progenitora como su novio están en prisión incondicional desde el pasado viernes. El hombre se negó a declarar ante la juez de instrucción que investiga el caso por ser quien estaba de guardia en el momento de los hechos. Se espera en fechas próximas, el juzgado de Instrucción 4, al que había llegado el caso pero al que no le dio tiempo a actuar, se inhiba en favor del primero.

La consejera de Familia de la Junta de Castilla y Léon, Alicia García, ya anunció el domingo que registraría una petición de comparecencia para dar explicaciones de lo ocurrido en las Cortes, pero eso no será hasta el mes de septiembre.