Las seis medidas contra la violencia machista que el Gobierno podría poner en marcha tras el 7N

El 7N no acaba el 7 de noviembre. Las organizadoras de la primera marcha nacional contra la violencia machista avisan: “Esto es solo el comienzo, una vez concluida la manifestación estaremos vigilantes”. Exigen a las instituciones públicas que se legisle para que todas las mujeres vivan libres de violencias machistas. Este año, al menos 41 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, una cifra que podría aumentar de confirmarse los cuatro casos que se encuentran en investigación. Son varias las medidas que se piden al Gobierno para detener el goteo constante de asesinatos.

1. Más recursos para los puntos de atención

La Ley Integral contra la Violencia de Género establece en su artículo 19 el derecho a una atención social integral, que se traduce en apoyo psicológico, social y judicial, emergencia, acogida y recuperación de la víctima. Una labor, muchas veces previa al proceso penal, realizada en buena parte a través de los puntos de atención municipales, que se encuentran amenazados por la reforma de la Ley de Régimen Local. Una norma que solo permite a las entidades locales ejercer actividades en materia de violencia de género si son financiadas al 100% por las comunidades autónomas o el Estado.

Una reforma que podría haberse compensado con un aumento mayor de las transferencias a las comunidades en los Presupuestos Generales del Estado para 2016. Sin embargo, solo prevén una subida de un millón de euros, a pesar de que las organizaciones que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género cuantifican en 60 millones el aumento necesario para financiar estos servicios.

“Se están produciendo recortes en el gasto publico que se deben revertir y que se manifiestan en reducción de los equipos de psicólogas y trabajadoras sociales y de las horas de atención”, denuncia Bárbara Tardón, doctora en Estudios Interdisciplinares de Género e integrante de la Plataforma CEDAW Sombra. El presupuesto para la prevención de la violencia machista se ha recortado un 26% desde 2010, un tijeretazo que repercute en las propias víctimas, a las que “hay que proteger aunque no hayan puesto una denuncia”, explica Begoña San José, licenciada en Derecho y miembro del Fórum de Política Feminista.

2. Que no sean eximidas de declarar

Son cada vez más las voces que piden una reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la norma que dispensa de la obligación de declarar a la víctima contra su maltratador porque establece que no existe la obligación de hacerlo contra un familiar directo. “Una mujer que acaba de denunciar está vulnerable psicológicamente y con dudas de si seguir, escucha esto constantemente del juez, y muchas veces se echa para atrás”, sostiene San José.

“Muchas veces, su declaración es la única prueba”, afirmaba a principios de octubre la nueva fiscal de Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín Nájera, que anunció que la Fiscalía está estudiando este cambio legal. Sin embargo, las garantías del proceso de denuncia también dependen de otros factores, como el acompañamiento a las mujeres que dan el paso. “Cuando matan a una mujer nos preguntamos si había denunciado o no, pero no por qué la mayoría no lo hacen”, dice Tardón.

Solo siete de las 41 mujeres que han sido asesinadas por violencia machista este año había presentado denuncia, según los datos del Ministerio de Sanidad. Un proceso complejo en el que “se encuentran con trabas constantes como el cuestionamiento permanente al que las somete el entorno, el sistema y la sociedad”, revela la experta.

3. Formación de los profesionales

La ley de 2004 incorporó la formación de las juezas y jueces especializados en violencia de género. Sin embargo, las expertas coinciden en que es insuficiente. De hecho, y a pesar de que el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, presentase este aspecto como un triunfo en la valoración de la ley que hizo en el Congreso, se trata de un curso de un mes de duración que solo puede hacerse vía online. Las organizaciones solicitan la formación de todos los agentes que intervienen en el proceso, como forenses, fiscales y policía y guardia civil.

“Nos estamos encontrando déficit a la hora de comprender los matices y variables que esconde la violencia machista”, sostiene Tardón. La formación del aparato judicial es una de las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) incluyó en el dictamen que condena a España por el caso de Ángela González, cuyo exmarido asesinó a hija de ambos en un régimen de visitas. La ONU concluyó que hubo negligencia por parte de las instituciones y aconsejó al Gobierno indemnizar y reparar a Ángela. Sin embargo, el pasado mes de julio el Ministerio de Justicia confirmó que no lo hará.

4. Posicionamiento firme del Gobierno

Las organizaciones coinciden en que el papel de las instituciones es fundamental, no solo mediante la implementación de políticas públicas, sino en su posicionamiento. “¿Qué pasaría si fueran asesinados en dos días cuatro futbolistas?”, “¿cuántas ruedas de prensa se darían?”, se preguntaban las organizadoras en la rueda de prensa que ofrecieron el 5 de noviembre. Y es que uno de los objetivos del 7N es exigir que la violencia de género sea considerada una cuestión de Estado.

“Por ejemplo, que las campañas no se diseñen para momentos puntuales, sino durante todo el año”, pide Bárbara Tardón. Pero, además, “es necesario concienciar a la sociedad de que la violencia machista no es normalizable y no se puede justificar”, prosigue. “¿Qué compromiso demuestra el Gobierno cuando las partidas para igualdad y de lucha contra la violencia de género solo suponen el 0,01% del total de los presupuestos?”.

5. Ampliación de la ley a otras formas de violencia

Las organizaciones que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género coinciden en que la Ley Integral supuso un paso importante y comenzó, entre otras cosas, a desvincular del ámbito estrictamente privado la violencia machista para convertirlo, por lo menos en teoría, en un problema público, porque “se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en la sociedad”, según el preámbulo de la norma.

Sin embargo, la ampliación de la ley es una de sus reivindicaciones desde hace años. De forma que se incluyan en su ámbito de actuación otros tipos de violencia, más allá de la sufrida en el marco de una relación sentimental, que es el único tipo de agresión que reconoce. “Se deben incluir como expresión de la violencia machista las agresiones sexuales, el acoso laboral, los matrimonios forzosos...y otros tipos que no se dan en el entorno de la pareja o expareja”.

6. La igualdad como prioridad en las aulas

La educación en igualdad de oportunidades, el trato de las relaciones afectivas y sexuales o la inclusión de contenidos relacionados con la violencia machista es una asignatura todavía pendiente en las aulas españolas. La formación del futuro profesorado en las universidades es prácticamente inexistente y los pocos cursos que ofrecen algunas consejerías de Educación son optativos y dependen de la buena voluntad de cada centro.

“Es importante que desde pequeños los niños aprendan a relacionarse respetando la diversidad y a cuestionarse los estereotipos de género”, afirma Tardón. Además, prosigue, “al eliminar Educación para la Ciudadanía han acabado con una de las pocas luces que había en el sistema educativo”. De hecho, la propia ONU ha criticado en varias ocasiones al Gobierno por su retirada. “La educación es fundamental porque estamos viendo que hay gente muy joven que sigue reproduciendo patrones discriminatorios”, añade San José.