En 2015 hubo 806 muertes por negligencia médica, según Defensor del Paciente

El Defensor del Paciente recibió a lo largo del pasado año 14.430 quejas por presuntas negligencias médico-sanitarias (319 menos que en 2014), de las cuales 806 acabaron en muerte (29 menos) y son las listas de espera las que acumulan un mayor número de reclamaciones.

Así se desprende de la Memoria anual de esta asociación, presentada hoy en rueda de prensa por su presidenta Carmen Flores, que ha opinado que esta ligera mejora de los datos se debe fundamentalmente al esfuerzo de los políticos ante la convocatoria de elecciones.

No obstante, Flores ha recalcado que la sanidad pública sigue siendo un “enfermo” que está “muy lejos de mejorar” y ha hecho hincapié en las listas de espera que son “un lastre para los ciudadanos” que provocan muchas muertes cada año.

Ha cifrado en 567.500 los pacientes que se encuentran a la espera de una intervención quirúrgica y en 96 días la demora media para una operación.

Las negligencias más habituales de las que esta asociación tiene constancia se han producido por mala praxis -intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias o retrasos en ambulancias-.

Sin embargo, el principal motivo de reclamación durante el pasado año fue el diagnóstico erróneo o tardío “propiciado por las listas de espera” y la pérdida de oportunidad terapéutica como consecuencia de la falta de medios por los recortes sanitarios que ha afectado tanto a la sanidad pública como a la privada.

Además, en los últimos 12 meses, los servicios jurídicos de esta asociación han contabilizado alrededor de 20 sentencias por retraso diagnóstico en cáncer de mama.

Después de las listas de espera, los servicios y patologías más denunciados son cirugía general, urgencias, traumatología, ginecología y obstetricia, odontología y maxilofacial, transporte sanitario y ambulancias, anestesia y reanimación, neurocirugía y urología.

Por Comunidades Autónomas, Madrid es de nuevo la que más denuncias acumula (3.525), seguida por Andalucía (2.255), Cataluña (2.214), Comunidad Valenciana (1.298), Galicia (797) y Castilla La Mancha (661).

Le siguen Castilla y León (603), País Vasco (554), Murcia (543), Canarias (409), Aragón (338), Extremadura (336), Asturias (287), Cantabria (220), Baleares (219), Navarra (88), La Rioja (62) y Ceuta y Melilla (21).

En cuanto a la situación de las Urgencias, Flores ha señalado que el colapso es “una constante” debido a la falta de personal y ha explicado que la situación “más nefasta” es la de Canarias, seguida de Galicia, Andalucía y Cataluña.

Flores ha destacado que durante 2015 han recibido 49 denuncias con consecuencia de muerte de pacientes que, tras avisar al 112, o bien no se envió una ambulancia al domicilio para trasladar al enfermo a un hospital, o bien la respuesta fue tardía con más de una hora de retraso.

Además, 45 pacientes fallecieron supuestamente por infección hospitalaria, muertes que, según Flores, se podrían evitar si los centros hospitalarios de la red pública cumplieran con las medidas de asepsia necesarias y si en España existiera un Plan contra las infecciones provocadas por la asistencia sanitaria.

El Defensor del Paciente tiene también constancia de 101 casos de discapacidad en pacientes después de un intervención quirúrgica, que quedaron en estado de tetraplejia o paraplejia, cifra que supone 9 caos más que en 2014.

Ha contabilizado, además, 152 bebés que han nacido en 2015 con alguna discapacidad fruto de una posible negligencia médica.

Durante 2015 esta institución tuvo constancia de 37 casos de contagios por hepatitis C, 3 casos más que el año anterior, y la mayoría de ellos se deben a trasfusiones de sangre en intervenciones.

En el caso de la sanidad privada, Flores ha reseñado que hubo 33 casos de intervenciones oftalmológicas con mal resultado, secuelas o pérdida de visión y 96 casos de afectadas por depilación láser, intervenciones que se realizan en centros con “personal no adecuado”.

Flores ha explicado que, de todas las denuncias que reciben, entre el 30 y el 40 % llegan a los tribunales y el resto se queda por el camino fundamentalmente por la falta de medios económicos de los afectados o porque los casos han prescrito.