El repunte de los asesinatos machistas no genera alarma en el Gobierno

En tres días, tres mujeres han sido asesinadas por parejas con las que aún convivían. En la noche del domingo, un hombre de 90 años mataba a su esposa de 87 en El Campello (Alicante). Ella nunca lo denunció. Pocas horas después, dos menores asistían al asesinato de su madre a manos de su padre, que después se quitaría la vida, en la localidad de Barro (Galicia). Esta misma mañana, un hombre aporreaba la puerta de un familiar para confesar que había matado a su pareja en la casa que compartían en Barcelona.

Con estos tres casos, se elevan a 39 el número de víctimas por violencia machista en lo que va año, nueve más que en las mismas fechas el año pasado. Solo en agosto, siete hombres han decidido acabar con la vida de sus parejas o exparejas. Y otra mujer se encuentra en estado grave tras ser tiroteada en la noche del martes por su compañero en el bar de Chantada (Lugo) en el que ambos trabajaban.

Según datos del Ministerio de Sanidad, que mantiene, por el momento, la cifra en 38 muertes, 27 de las mujeres asesinadas no habían denunciado a su verdugo. Solo 11 habían dado el paso, aunque únicamente tres tenían en el momento de la agresión mortal alguna medida de protección en vigor. “De estos números podemos deducir que el mensaje no está llegando a las víctimas. Lo que ha ocurrido esta última semana, además, refuerza la idea de que salir de las paredes del hogar y poner tu situación en conocimiento de la policía no sirve para nada”, argumenta Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación Mujeres Progresistas.

Se refiere al revuelo mediático suscitado por la agresión sexual de una joven en la feria de Málaga, sobre la que, dice Besteiro, “se ha cernido en todo momento el escarnio, la desconfianza, la sombra de la denuncia falsa”. “Estos mensajes”, continúa, “refuerzan el ideario de los agresores y crean desconfianza de las víctimas en el sistema. Es desastroso que siga señalándose a las mujeres sin cuestionar qué podemos hacer con los agresores”, afirma.

Precisamente hace unas semanas, el Ministerio de Interior difundió a través de su página web unas recomendaciones para prevenir las violaciones. Todas ellas se dirigían a las mujeres: que cerraran las cortinas si vivían solas, que retiraran su nombre del buzón, que tuvieran disponible un silbato en caso de agresión o, incluso que, en una situación desesperada, mantuvieran conversación con su agresor para disuardirle y ganar tiempo.

“Si desde las propias instituciones se están transmitiendo estas ideas, es más fácil que en la sociedad cale la percepción de que la violencia masculina contra las mujeres es inevitable, que no se puede luchar contra ella, que hay que asumirla y aceptarla”, razona Marta del Pozo, profesora de derecho procesal de la Universidad de Salamanca e investigadora especializada en violencia de género.

Tolerancia social e institucional

La normalización de los asesinatos por violencia machsita –también aderezada por los medios de comunicación– es, según las expertas, un motivo de preocupación muy grave porque desemboca en una tolerancia social hacia esa violencia masculina. “Hemos aprendido a desayunar, comer y cenar con estas muertes como algo cotidiano. No hay alarma social, no hay movilizaciones. Las mujeres son asesinadas y no pasa nada”, señala Del Pozo, que expresa con especial énfasis que la muerte es solo la punta del icerberg. “Imaginemos lo que hay debajo de todo eso, todas las víctimas que sobreviven en soledad, en silencio”, refiere.

Esa alarma ni siquiera se ha activado desde el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En lo que llevamos de mes, la ministra Ana Mato no ha protagonizado una sola aparición pública para analizar la situación de repunte de muertes y desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, aunque se condenan los asesinatos, no se considera que haya un aumento de crímenes. En una entrevista concedida a Efe a mediados de mes, la delegada Blanca Hernández subrayaba que “las cifras de víctimas mortales de este año y desde este verano, por más tristes que sean siempre, no son superiores a las de otros años”.

En los últimos meses, el Gobierno ha manifestado, a través de Ana Mato, su intención de modificar la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. El foco de atención se ha puesto, según las declaraciones de la titular de Sanidad y no sin cierta polémica, en los menores, aunque también se suman esfuerzos, como ha dicho el propio Ministerio a eldiario.es, por “mejorar la respuesta institucional, la coordinación y la formación y sensibilización de agentes” en el marco de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género 2013-2016.

En marzo, la muerte de tres mujeres en menos de 48 horas activó todas las alarmas institucionales. El Gobierno aceptó la convocatoria de una mesa de diálogo entre partidos políticos y asociaciones para trabajar juntos en la erradicación de la violencia masculina contra las mujeres. Pero desde entonces la propuesta de pacto de Estado de los socialistas, que atribuyen este recrudecimiento a que el PP ha dejado de dar prioridad a esta cuestión, está aparcada.

“Es una realidad”, apunta Besteiro, “que las partidas destinadas a políticas de igualdad y, más concretamente, a prevención se han reducido en estos últimos años. Como consecuencia, también de una coyuntura que genera dependencia económica, los datos nos están alertando de que las mujeres denuncian y se separan menos. Y eso aumenta el riesgo de homicidio”.

Según los datos de la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género, publicada por el INE, las denuncias con órdenes de protección o medidas cautelares se redujeron en 2013 un 7% respecto al año anterior y la ratio de mujeres que renuncian a seguir con el proceso judicial creció un 1,2%.

El índice de condenas por este delito tampoco ha dejado de reducirse desde la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra Violencia de Género en 2004. Ha pasado del 61,47% en el primer semestre de 2006 al 50,75% en el mismo periodo de 2013 en los Juzgados de lo Penal. Y, lo que es más grave, en 2011 llegó a ser mayor el número de absoluciones que el de condenas; un hecho insólito que no ocurre con ningún otro delito en España.

Sensación de impunidad

“La lucha contra la violencia machista no se puede desatender ni improvisar porque, además de no asistir a las víctimas, crea sensación de impunidad en los maltratadores, refuerzan un ideario que ya de por sí tienen muy interiorizado”, advierte Besteiro, quien también alerta de un mayor riesgo para las mujeres que sufren malos tratos durante los periodos vacacionales. “Si hay más tiempo libre y más convivencia, el riesgo crece”, argumenta. Aunque esta relación causa-efecto no tiene en principio correspondencia con las cifras de asesinatos. En el mes de agosto de 2013, Sanidad tiene registrado un caso, como también ocurre en la misma fecha un año antes.

De acuerdo con los datos oficiales, de las 38 mujeres asesinadas en 2014, 24 vivía bajo el mismo techo que su agresor. “Que el 63% conviviera con su verdugo es una clara señal de que el instrumento en el que se centralizan todos los esfuerzos –aunque ni mucho menos es el único– no está funcionando. Y, si no hay denuncia, no hay recursos sociales”, zanja Marta del Pozo.

En la misma línea se sitúa Yolanda Besteiro: “La parte preventiva, que sí está contemplada en la ley de 2004 se está descuidando. Por mucho que desde los poderes públicos y las asociaciones de mujeres empujemos a las víctimas a denunciar su situación y salir del ciclo de la violencia, mientras no combatamos desde la sociedad el ideario que perpetúa la desigualdad y que funciona como caldo de cultivo para los maltratadores seguirá habiendo hombres que, desde su posición privilegiada, se crean con el derecho a privar de su libertad y, en el peor de los casos, de la misma vida, a sus parejas”.