El fin de los cortes de agua por impago entra en la agenda de los nuevos ayuntamientos

Una estrategia contra el empobrecimiento que pasa por cortes de agua, luz, y gas. Ésta será una de las principales medidas (200 millones de euros anuales) que pondrá en marcha Manuela Carmena si finalmente logra la Alcaldía de Madrid. La garantía de estos tres suministros básicos es una de las propuestas de Ahora Madrid que más consenso ha alcanzado, según su propia web, y también de las más valoradas entre sus votantes.

El debate sobre una gestión pública de los servicios urbanos de agua y saneamiento, acorde con su condición de derecho humano (decretado por la ONU), cobró por primera vez protagonismo electoral en la campaña de mayo. Diferentes formaciones se sumaron al Pacto por el Agua Pública. Con serias posibilidades de formar ayuntamientos, ahora están en condiciones de cumplir sus promesas.

PP y Ciudadanos se oponen en Madrid

En Madrid, donde ha habido amagos para privatizar la empresa pública Canal de Isabel II, todas las formaciones políticas, excepto Ciudadanos y el Partido Popular, apoyaron el pasado mes de enero esta propuesta. Con los resultados electorales en una mano y su programa en la otra, en Ahora Madrid tienen claros cuáles son los objetivos. Falta definir el camino para alcanzarlos. “Hay dos cuestiones importantes, por un lado paralizar la privatización del Canal de Isabel II, aunque eso depende del gobierno de la Comunidad. Y por otro, luchar contra la pobreza energética”, explica Marta Gómez, nueva concejala madrileña y desde 2011 integrante de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II.

¿Cómo se evitarán los cortes de agua? “Aún no podemos concretarlo: si el Ayuntamiento se hará cargo de las facturas tras una investigación de los servicios sociales, si se presionará al Canal como accionista que es el Consistorio, o si se pondrá en marcha otro tipo de medidas”, reflexiona para eldiario.es. La indefinición del cómo no está reñida con la concreción del cuándo: en los cien primeros días de Gobierno.

La crisis económica y financiera aumentó los desahucios hídricos. Una realidad muy silenciada y opaca porque ante la carencia de un órgano regulador no existen datos oficiales. En la Comunidad de Madrid, según datos del Canal de Isabel II a los que tuvo acceso este medio, en el año 2013 más de 73.000 hogares recibieron hasta noviembre (último mes con datos disponibles) el aviso de corte por impago.

Barcelona quiere desprivatizar

En Barcelona el agua también ha mojado la campaña. “Articular tarifas ambientales y justas que garanticen el acceso universal al agua”, recoge el programa electoral de Barcelona En Comú, en el que el vital líquido tiene muchas menciones. “El Ayuntamiento debe garantizar el acceso universal, y su gestión debe guiarse por criterios sociales y ambientales, no estar sometida al negocio privado”, añade el documento.

En la Ciudad Condal el suministro está en manos privadas. La coalición que encabeza Ada Colau recuerda que, según los datos de la Agencia Catalana del Agua, las tarifas han aumentado el 70% desde 2009. Por ello proponen “hacer uso de los instrumentos al alcance del Ayuntamiento para lograr la municipalización del agua”. Colau ha reconocido que no recuperarán la gestión del agua tan solo por ganar unas elecciones, más cuando el suministro está en manos de “Agbar y La Caixa, que no se dejarán escapar el gran negocio”.

El pasado mes de abril, Colau participó en la firma del Pacto Social del Agua, donde se comprometió “a trabajar por la municipalización del agua en Barcelona y su área metropolitana”. Así lo recoge también el programa electoral, donde citan como ejemplo otras ciudades europeas donde el servicio se ha desprivatizado, como París, Berlín o Nápoles.

Huelga para pedir la remunicipalización

Pero aquí tampoco han decidido todavía acciones concretas. Caminando por el terreno de la hipótesis, la candidata a la alcaldía de Barcelona plantea por ejemplo la posibilidad de, “entre la institución y la ciudadanía, generar una huelga y el impago de los recibos del agua para lograr la remunicipalización”. Pretenden garantizar el suministro a todo el mundo y que “se regulen adecuadamente las tarifas”.

Tampoco existen datos de cortes de agua en Barcelona, si bien la plataforma Aigua és Vida apunta en un estudio que en Cataluña “los municipios con gestión privada cortan el agua mucho más que aquellos que tienen una gestión pública, produciéndose cortes al 74% de los municipios con gestión privada y disminuyendo hasta el 8% en los municipios con gestión pública”. Unos datos que cobran toda su dimensión teniendo en cuenta que el 83% de la población catalana tiene privatizado este servicio, según datos de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña. El presidente del grupo Agbar, Ángel Simón, ha admitido que “cada mes se hacen 12.000 cortes” sólo en su corporación.

Presión desde la oposición

Más allá de las grandes ciudades, la Iniciativa Agua 2015 jugará un papel muy importante sobre la gestión del líquido en otros puntos del Estado. “El gobierno, sea cual sea, estará formado por partidos que han firmado el Pacto por el Agua Pública y se han comprometido con la remunicipalización de Aguas de Alcázar, y ése es nuestro objetivo”, ha manifestado públicamente el portavoz de la Plataforma contra la Privatización de Aguas de Alcázar, Fernando Ruiz.

El servicio de agua está privatizado desde hace un año por Aqualia (que pertenece a FCC). En esta localidad de Ciudad Real, el Partido Socialista, que también se adhirió el pasado marzo al pacto por el agua pública, ha ganado las elecciones. Ahora tiene en su mano poner en marcha sus compromisos. “Queremos apoyar a quienes pueden conseguir esa reversión de la empresa y por eso seguiremos ahí, con nuestras acciones y haciéndonos visibles”, ha indicado recientemente Ruiz, que sigue manifestándose regularmente.

El caso de Santiago

A cientos de kilómetros, en Santiago de Compostela, las elecciones las ha ganado el partido de concentración ciudadana Compostela Aberta, que ya ha anunciado la remunicipalización del servicio sin coste ninguno para el municipio, pues la concesión finaliza el próximo año. Una de las grandes dificultades de la vuelta a manos públicas de la gestión, la llamada remunicipalización, son los contratos a largo plazo, cuya ruptura suele implicar pagar grandes indemnizaciones a las compañías privadas concesionarias.

“Hay varias poblaciones en las que la concesión está a punto de extinguirse y se puede lograr la remunicipalización sin coste”, explica por teléfono María Giménez, jurista especializada en Derecho Ambiental. Esta integrante de Podemos Murcia y que será diputada en la nueva Asamblea regional cree que aunque los partidos que se han adherido al pacto no gobiernen “podrán hacer presión desde la oposición”.

En la propia ciudad de Murcia, donde ha ganado el Partido Popular pero sin mayoría absoluta, espera que ahora pueda conocerse el pliego de condiciones de la privatización. “Lo hemos pedido muchas veces y no nos lo han facilitado, así que imaginamos que está a punto de extinguirse, por lo que se pueden hacer cosas. Además, los partidos de oposición pueden lograr que se modifiquen las ordenanzas municipales para prohibir los cortes”, añade la política y activista por el agua. Según los datos que maneja esta jurista, en la capital murciana se producen unos 3.000 avisos de corte de agua al año.

Cambios en Andalucía

En Andalucía, la Marea Azul del Sur también está satisfecha por los cambios que pueden deparar las elecciones en algunas localidades. “El tema está muy clarito en el caso del Puerto de Santa María, donde Levantemos el Puerto, IU y PSOE tienen opciones de gobernabilidad y los tres firmaron el pacto”, concreta Paco López, uno de los portavoces de este colectivo ciudadano. “En Barbate la cosa está mucho más clara, lo mismo el Partido Andalucista como Somos Barbate, que pueden componer el consistorio estos cuatro años, han sido claros opositores a la privatización del agua”, añade.

Satisfecho se muestra también López por los resultados electorales en Jerez de la Frontera (donde el agua ha sido privatizada por Aqualia), a pesar de la victoria del PP, que no firmó el Pacto. Sí lo hicieron PSOE, Ganemos e Izquierda Unida, que podrían formar gobierno de coalición. “La campaña electoral ha usado el agua urbana como referente de garantía social; estos partidos lo han repetido en todos sus encuentros públicos y la salvaguardia de los derechos del agua forma parte de sus programas. Ahora ha llegado la hora de hacer realidad esos compromisos electorales y demostrar en qué bando se está, con coraje, valentía, dignidad y responsabilidad”, ha expuesto en un comunicado la Coordinadora del Agua de Jerez, que se reunirá con estas tres formaciones.