La oposición negocia con los colectivos para sacar adelante la primera ley estatal de derechos LGTBI
Una ley contra la LGTBfobia que garantice la igualdad de las personas gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales está más cerca que nunca. PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos ya están trabajando en un posible proyecto de ley que ha elaborado la Federación Estatal de Lesbianas, Gais Transexuales y Bisexuales (FELGTB). El PP, que también conoce el borrador, todavía no se ha posicionado.
Los partidos negocian desde el pasado mes de septiembre, cuando la federación les presentó el proyecto, un objetivo común que, excepto los populares, llevaban en sus respectivos programas electorales. Por su parte, los colectivos LGTBI llevan un tiempo demandando la normativa específica, que ya han aprobado algunas comunidades como Madrid, País Vasco, Galicia o Murcia.
La ley que ha ideado la federación, que bebe de las autonómicas, está planteada como un marco general, aunque luego se desarrolle legislación más concreta, como la referida a la identidad de género. Y es que este es uno de los puntos de fricción en el asociacionismo LGTBI. De hecho, la Plataforma por los Derechos Trans ha desarrollado su propia ley sobre derechos de las personas transexuales y defiende regular ambas realidades por separado.
“La situación de las personas trans es tan amplia y específica que requiere de una marco jurídico propio que de una respuesta integral y transversal”, asegura Mar Cambrollé, presidenta de la plataforma.
“Estamos abriendo una ronda de reuniones para convocar a todos los colectivos y llegar al máximo consenso posible”, afirman desde Unidos Podemos, que también muestran su apoyo al borrador de la ley de la federación. Por su parte, el PSOE está desarrollando las propuestas que quiere aportar al borrador, que es definido por la FELGTB como un “proyecto vivo” y en constante cambio.
“Estamos revisando el texto y trabajando internamente para mejorarlo”, apuntan fuentes socialistas. El objetivo de la federación es que la ley se presente de manera conjunta en el Congreso y con el máximo consenso posible. El PP todavía no ha respondido al colectivo y tampoco ha contestado a eldiario.es sobre el tema.
Por su parte, Ciudadanos sostiene que da su apoyo al borrador, que “está siendo evaluado por los técnicos de la formación”, explican fuentes del partido. “Si en los principios estamos todos de acuerdo vamos a presentar este texto, aunque luego vendrá un periodo largo de enmiendas en el que todos podremos aportar mejoras”, señala Jesús Generelo, presidente de la FELGTB.
Qué va a regular la ley
Con independencia de si el proceso cristaliza en una sola norma o en dos, con una ley específica para la situación de las lesbianas, los gais, los bisexuales y los intersexuales y otra para de las personas transexuales, lo que parece más inminente que nunca es que esta será la legislatura en la que los derechos LGTBI entren al Congreso.
El objetivo es “garantizar plenamente el derecho a la igualdad real y efectiva” del colectivo “mediante la prevención, corrección y eliminación de toda discriminación en todos los sectores públicos y privados del Estado, en cualquier ámbito de la vida y, en particular, en las esferas civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica y cultural”.
Para ello la ley de la FELTB pide la creación de un Consejo Estatal contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y una comisión interministerial, además de medidas dirigidas a paliar las agresiones homófobas y tránsfobas. Solo el pasado año el colectivo Arcópoli contabilizó 241 casos en Madrid, donde el pasado fin de semana una mujer transexual que huyó de Honduras al ser perseguida por su activismo LGTBI, fue agredida en Vallecas.
La ley contempla la atención multidisciplinar a las personas que son agredidas, que implique información, asesoramiento jurídico, asistencia sanitaria y psicológica y apoyo. Además, elimina el requisito de que las personas transexuales necesiten un diagnóstico psiquiátrico o modificaciones corporales –tal y como exige la ley actualmente–para acceder a la adopción del nombre en los documentos oficiales.
Un plan de educación integral
“No pedimos privilegios, solamente poder acceder a nuestras necesidades médicas y quirúrgicas en igualdad de trato que el resto de la ciudadanía. Debe estar prohibida por ley la segregación y la obligación de pasar por psicólogos y psiquiatras”, apunta Cambrollé.
Por otro lado, propone que “se adopten las medidas oportunas para que los espacios identificados en función del sexo” se utilicen por parte de las personas trans en atención al sexo sentido. Por ejemplo, en los colegios, los centros de menores, las residencias de la tercera edad o los espacios para personas con diversidad funcional, donde se desarrollarán planes de formación y sensibilización.
La norma prevé fomentar la visibilidad de las personas LGTBI, proteger a niños y adolescentes en especial vulnerabilidad –por ejemplo, aquellos que han sido expulsados de sus domicilios por razón de su orientación o identidad de género– y plantea medidas en las Fuerzas Armadas, el ámbito penitenciario, sanitario –como el desarrollo de protocolos para detectar posibles casos de LGTBfobia– y educativo, como la puesta en marcha de un plan integral, que incluya formación del profesorado, la educación en diversidad afectivo sexual o la elaboración de un protocolo para casos de acoso escolar al alumnado LGTBI.
