El Constitucional complica la demolición de varios edificios históricos en Madrid

El Tribunal Constitucional (TC) le ha dado un balón de oxígeno al patrimonio común frente a los intereses urbanísticos. El TC declaró inconstitucionales ocho artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid por no protegerlo adecuadamente. Los magistrados anulan un 20% de la norma pero, además, han abierto un camino para revisar varios proyectos de construcción que habían suscitado quejas por parte de grupos ciudadanos y científicos. Los responsables técnicos de este recurso legal, presentado por 50 senadores del PSOE y dos de Izquierda Unida, avisan de que el fallo parará el hambre de piqueta que ya estaba sobre la plaza de Canalejas, el Edificio España, el Teatro Albéniz, el Palacio de la Música y el complejo de Torres Arias. Pero, además, afectará a los proyectos de ley que otras comunidades autónomas preparaban a la estela de la promulgada por la Comunidad de Madrid.

La Ley de Patrimonio fue aprobada de manera urgente en junio de 2013. “A pesar de que Ignacio González y su equipo negaron en varias ocasiones que hubiese una ley en marcha al respecto”, recuerda Jaime Almansa, miembro de la Junta directiva del Colegio de Aqueólogos de Madrid. En aquel entonces, la sombra de Eurovegas aún se cernía sobre la Comunidad de Madrid y la nueva ley incluyó algunas disposiciones sobre casinos.

La mayor parte de los artículos contrarios a la Constitución otorgaban a la Comunidad de Madrid competencias que no le corresponden, según han explicado este lunes los responsables del recurso en el Ateneo de Madrid. En algunos de los artículos anulados de la Ley 3/2013, la Comunidad considera que los BIC deben tener carácter “excepcional” y no “relevante o destacado”, como establece la Ley del Patrominio Histórico Español, de 1985. La norma autonómica también autorizaba (sin necesidad de pedir ningún permiso) las obras “de mantenimiento” y “en los interiores” en los inmuebles protegidos, una vía para remodelaciones ad hoc.

Todos los ponentes han exigido la derogación de la ley regional y responsabilidades políticas. “El Gobierno de Madrid no quiso participar en los grupos de trabajo que formamos para colaborar con nuestra experiencia”, afirma Alicia Torija López, vicepresidenta de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP). “Nos decía que estábamos solos en nuestras reivindicaciones”, continúa.

La sentencia del Consitucional puede haber salvado también edificios históricos como el palacio de la Duquesa de Sueca, la corredera baja de San Pablo y frenar el proyecto de Mini-Vaticano proyectado por la Conferencia Episcopal, enumera Milagros Hernández, responsable de Cultura de la ejecutiva federal de Izquierda Unida. Esta es una nómina de bienes a los que afecta la ley.

La Operación Canalejas

La justicia le ha complicado la vida al gran complejo comercial y el hotel de lujo en la manzana de Canalejas, en el centro de la capital. Proyectado por el grupo Villar Mir, dos de los inmuebles afectados –el antiguo Banco Español de Crédito (conocido como La Equitativa) y el Banco Central Hispano– están declarados BIC. La protección especial complicaba el proyecto urbanístico por lo que la Comunidad modificó el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid para solucionar esos inconvenientes.

Sin embargo, el presidente de la región, Ignacio González ha tratado de hacer ver que la sentencia en nada les afecta: “Son diferencias en las definiciones, interpretables en todo caso, y que, como es lógico, acataremos”. Y luego ha analizado: “Los artículos anulados de la Ley de Patrimonio Histórico no afectan a la manzana de Canalejas ya que las autorizaciones dadas al proyecto no se basan en ellos”, afirmó al respecto.

“Al igual que no se pueden dividir una finca, tampoco se puede juntar varias fincas en una, aunque el Tribunal no lo haya desarrollado de manera expresa”, indica el redactor del recurso Jaime García Fernández. Alicia Torija López afirma que a partir de septiembre se estudiarán las medidas que llevará a cabo la plataforma MCyP, entre las que se baraja la petición de una paralización cautelar de las obras. Contra el plan se colocó un gran número de arquitectos y vecinos. En total, cerca de 6.000 firmas y más de 220 manifiestos exigían frenar el proyecto. La conocida como Operación Canalejas implica vaciar el interior de siete edificios históricos.

Detener la destrucción del Teatro Albéniz

El Teatro Albéniz, ubicado en la céntrica calle de la Paz, fue uno de los afectados por el principio de “excepcionalidad” de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. El pasado mes de mayo su expediente de Bien de Interés Cultural fue denegado precisamente por la falta de excepcionalidad que había incluido el Gobierno madrileño en la ley. El propio proceso ha sido denunciado por la Plataforma del Teatro Albéniz por posibles “irregularidades en la tramitación”. El resultado: “El edificio está totalmente desprotegido”, resume Beltrán Gambier, se abogado.

El Albéniz, construido en los años cuarenta, propiedad de Kutxabank, a día de hoy podría ver cómo se cambia su uso como teatro e, incluso, ser demolido. “Si hubiese orden de demolición, recurriríamos pero sí, los propietarios podrían hacerlo”, apunta Gambier. “Si se considerase un BIC podría mantener el uso como teatro, porque no sólo hablamos de la protección bienes materiales”, afirma Torija López,

Un hotel exclusivo en el Edificio España

Algunos de los artículos anulados podrían afectar a los planes previstos para el Edificio España. La torre, durante años el rascacielos más alto de Europa y uno de los más emblemáticos de la capital, fue adquirida el pasado marzo por el empresario chino, Wang Jianlin, especializado también en complejos comerciales y hoteles de lujo. El presidente de la Comunidad de Madrid calificó la venta por parte del Banco Santander (anterior propietario del edificio) como “un revulsivo enorme” para la recuperación de la zona de Plaza de España.

La previsible colocación de publicidad y la modificación de alineaciones, rasantes o las características volumétricas, (que “en casos excepcionales” autorizaba la Comunidad de Madrid) han sido denegadas por los magistrados por ser lesivas para el patrimonio común. Además, otra de las garantías que recoge el Tribunal Constitucional es el derecho a visitar el patrimonio cultural de la ciudadanía. “Si se construye un hotel, los dueños deberán reservar unos días a la semana para que los ciudadanos visitaran las habitaciones”, ironizaba Jaime García Fernández, redactor del recurso.

Las obras de destrucción del interior del rascacielos, retratadas en el documental Edificio España del cineasta Víctor Moreno, dio lugar a un veto por parte del Banco Santander para que no se proyectase el filme. La entidad bancaria levantó la prohibición tras conocerse públicamente su postura.

El campus del Opus Dei en Torre Arias

La Finca de Torre Arias es uno de los últimos capítulos de esta saga urbanística en la capital. El pasado 29 de mayo el Ayuntamiento de Madrid aprobó un plan especial de Ordenación de la Finca, un espacio de 18 hectáreas –y sus edificaciones– que engrosaron el patrimonio madrileño tras la muerte de la dueña. El documento urbanístico incluye “el uso dotacional como equipamiento educativo del edificio principal y edificaciones anexas”.

La cuestión es que hace meses que Botella hablaba con la Universidad de Navarra –dependiente del Opus Dei– para que la casa-palacio albergue cursos de posgrado. El plan también prevé construir un aparcamiento para “al menos 106 plazas”. Se salvan de moemnto los jardines, que serán públicos por expreso deseo de la aristócrata finada.

Además, las distintas aclaraciones del Constitucional “obligarán a revisar el plan general de ordenación urbana de Madrid (PGOU), que se está revisando ahora y que pretender aprobarse antes de que acabe 2014”, afirma Milagros Hernández (IU). Ese documento compone las líneas maestras del urbanismo en una gran ciudad como Madrid. “La protección que se está otorgando a edificios está basada en propuestas de Bien Cultural de nivel más bajo que lo que reconoce esta sentencia”, explica. Es decir: se estaba desprotegiendo la ciudad. Ahora toca revisarlo al alza.