Los periodistas agredidos en el 29M denuncian los hechos ante la justicia
La Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV) denuncia un “contexto sostenido” de violencia de las fuerzas del orden contra periodistas. En este marco sitúan las agresiones que sufrieron varios videoperiodistas el pasado 29 de marzo, tras una manifestación en contra de la monarquía. Cuatro de ellos, Gabriel Pecot, Juan Ramón Robles, Mario Munera y Rodrigo García, han presentado este martes una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid.
Robles, Munera y Pecot ya relataron a eldiario.es, medio con el que han colaborado en los últimos meses, que la actuación de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional contra ellos y otros informadores fue “gratuita”, “injustificada” y no tiene explicación.
Este martes, la ANIGP-TV ha organizado una rueda de prensa para hacer públicas y denunciar estas agresiones contra la prensa gráfica, en manifestaciones y otros actos callejeros. En la comparecencia, los afectados han reiterado el carácter “inexplicable” de la represión: “Se ve claramente cuando un periodista está ejerciendo su trabajo y llevaban toda la marcha junto a ellos”, expone José Luis Cuesta, vicepresidente de la ANIGP-TV.
“Lo que pasó el 29 es una agresión más que encuadramos en un contexto más amplio y sostenido”, explica Gabriel Pecot. De hecho, el pasado 13 de febrero, la ANIGP-TV ya presentó una denuncia ante la Defensora del Pueblo, que alertaba de esta tendencia en los últimos años.
“Esto no es un hecho aislado. Hace poco un grupo de policías rodearon e increparon a un fotoperiodista internacional hasta que no borró el contenido de su tarjeta de memoria”, alertó Cuesta. “No se puede ejercer la censura previa”.
Además, la asociación recuerda que este mes de marzo tres fotoperiodistas han sido imputados en juicios de faltas a raíz de denuncias policiales cuando se encontraban ejerciendo su función profesional. Más tarde, han sido absueltos en todos los casos. Otros dos fueron detenidos cuando documentaban un desahucio y están pendientes de un juicio penal por desacato y resistencia a la autoridad.
Por otra parte, cuatro de los agredidos han querido ir más allá y han presentado una denuncia conjunta este martes en la que “no culpamos a una persona en particular ni calificamos los hechos, porque no nos corresponde a nosotros sino a la autoridad competente”, afirma Pecot. Sin embargo, sí han aportado pruebas gráficas, partes de lesiones y relatos de las personas que fueron testigos de los hechos. “Tampoco podríamos señalar a un policía en particular porque no llevaban sus números de identificación reglamentarios”, apunta.
“Íbamos correctamente identificados”
Los fotoperiodistas consideran “floja” la argumentación de la policía de que no llevaban los chalecos blancos que evidenciasen su condición. Además de que los implicados compartieron calle durante varias horas con los policías, destacan que los chalecos no son obligatorios sino “recomendables” y los suministran dos asociaciones a las que no es obligatorio adscribirse.
“Íbamos correctamente identificados”, remarca Pecot. De los denunciantes, Robles cubría la manifestación para este medio, Munera para la agencia Ruptly, y Pecot para Associated Press (AP). Ninguno de los tres puede explicar un motivo para la agresividad, de empujones y golpes con las porras, que ejerció la policía contra ellos.
“Fui corriendo, a una distancia prudencial, detrás de un policía que perseguía a otra persona. Cuando me detuve a 10 metros recibí un golpe muy seco y contundente en el cuello”, relata Pecot. Depués, “de frente”, los agentes “la emprendieron a porrazos con los compañeros que intentaron auxiliarme en el suelo”.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) también han condenado las agresiones y han pedido una investigación de lo ocurrido.
Desde la ANIGP-TV alertan de que “la máxima perjudicada por el accionar de los efectivos del Cuerpo Nacional de policía es la ciudadanía”. “Tenemos que acordar alguna medida con Interior o quien corresponda porque se debe garantizar el derecho a informar, recogido en la Constitución”, ha añadido Guillermo Navarro, miembro de la Junta de la asociación.
