200 personas exigen a los bancos el mismo trato que los partidos políticos para negociar sus deudas
Con sus nombres y apellidos y las cantidades que atan sus hogares a las entidades a las que un día pidieron un préstamo, unas 200 personas han presentado este jueves una notificación en el registro del Banco de España. Los congregados informan al organismo de la solitud presentada a varias entidades bancarias para que condone la deuda que les exigen, “como lo hacen con los partidos políticos”, apuntan los participantes.
“Impotencia”. Es lo que siente Francisco Manuel, de 58 años, cuando ve a “los de las tarjteas 'black”. En la cola, mientras esperan de forma ordenada a presentar sus papeles, los congregados comparten una sensación de injusticia en su batalla diaria con las entidades bancarias. En riesgo de desahucio, la posibilidad de los partidos políticos de que los bancos condonen parte de sus deudas, sientan como una bofetada.
“La pregunta es por qué este tipo de personas tienen esas condonaciones y por qué nosotros no. Cuando ellos tienen más dinero y nuestro único delito es no encontrar un trabajo”, critica Francisco Manuel, que perdió su trabajo hace 4 años. Desde entonces, dice, no le han llamado “ni una sola vez” del Inem.
Luis Chamarro, de la PAH Madrid, explica que la iniciativa exige a los bancos “ser tratados por igual” que los partidos políticos. “El Banco de España está obligado a responder en 15 días, así que a ver qué nos dicen”, continúa. En su opinión, con los derechos que la Constitución Española reconoce, su exigencia es factible. “Vamos a atosigar a la Adminitración para que nos escuchen”, apunta.
El eco de la angustia
Como Francisco Manuel, David Nuñez está en medio de una negociación con su banco para no perder su casa y la de la abuela de su mujer, que puso como garantía. Tiene tres hijos y vio cerrar su negocio después de 17 años como autónomo. “Después de pagar tus impuestos, de cotizar, te quedas con nada. Ves como de tenerlo todo pasas a no tener nada”, cuenta. Acude a la cita para “apoyar a sus compañeros”, en lo que cuenta que es un ejercicio de apoyo continuo. “Un día los apoyas tú y al siguiente puede que tengan que ayudarte a ti”, explica.
Su experiencia impone una barrera de desconfianza en las instituciones. Solicitó la Renta Mínica de Inserción (RMI) para poder sustentar a sus tres hijos, “pero me dicen que hasta dentro de ocho o diez meses no empiezas a recibir nada”. Desde agosto no entra ningún ingreso por la puerta.
Las personas congregadas exigen atención a las instituciones, cuyas medidas se han demostrado insuficientes para abarcar el drama de los desahucios, disparados con la crisis. Mientras las cifras de ejecuciones de inmuebles aumenta, el Partido Popular ha rechazado en el Congreso algunas propuestas para reforzar las medidas ya tomadas: la moratoria de dos años de algunos desalojos, el código de buenas prácticas bancarias y el Fondo Social de Vivienda creado por el Ministerio de Economía.
La repercusión mediática de algunos desahucios ha marcado los discursos políticos de los últimos días. En pasado sábado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, mencionó que el Gobierno está preparando una ley de segunda oportunidad para empresas, autónomos y familias, aunque no ofreció más detalles. Los que sienten la presión de las entidades financieras han pedido celeridad con la acción de este jueves. “Quiero evitar que los niños vivan un desahucio”, comenta otra mujer en la cola.
