El Congreso quiere sacar a Franco del Valle de los Caídos

El pleno del Congreso debate este martes a partir de las 15 horas la proposición no de ley (PNL) presentada por el grupo socialista para exhumar a Franco del Valle de los Caídos e impulsar la ley de la Memoria Histórica de 2007, que está sin presupuesto desde que gobierna Mariano Rajoy. 

Los socialistas proponen una batería de medidas, que presumiblemente serán aprobadas por el pleno ya que se votó en marzo en la Comisión Constitucional y salió adelante con los únicos votos en contra del PP. Todos los grupos excepto los populares están de acuerdo.

En términos prácticos no cambiará nada, ya que el Gobierno puede perfectamente ignorar una PNL aprobada por el Congreso si esa propuesta necesita dotación presupuestaria, como es el caso, pero sería la primera vez que el Parlamento da un revés al Gobierno en el tema de Memoria Histórica. Estas son las medidas que se van a aprobar este martes si no hay sorpresa y los grupos mantienen su voto: 

Sacar a Franco del Valle y mover a Primo de Rivera 

El Valle de los Caídos se construyó para honrar a los que lucharon con Franco en la guerra, según el decreto que firmó en 1940 el propio dictador. En total, yacen en este conjunto franquista 33.833 cuerpos. Entre ellos, también republicanos represaliados sin nombre y otros dos cuerpos dos muy conocidos: el del dictador, Francisco Franco, y el del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.

La proposición socialista insta a “su traslado fuera del Valle” para dar “cumplimiento preferente” al informe del Comité de Expertos del Valle en 2011 que lo recomendó, así como a “la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera para su reubicación en un sitio no preferente del edificio”. 

¿Por qué acabó Franco enterrado allí? Según han contado algunos de sus familiares, quería ser enterrado en el panteón familiar de El Pardo. Sin embargo, días después de su muerte se hizo el sepelio en un lugar que estaba reservado, según los propios designios del dictador, para “los caídos por España”. Se hizo así, según algunas fuentes, por orden del presidente de gobierno de entonces, Carlos Arias Navarro.

De hecho, el informe de expertos destaca que es “incongruente” el enterramiento de Franco allí con “la finalidad original” del Valle, “trastoca el sentido primitivo del memorial” y “no hay constancia de que fuera el propósito del general y de su propia familia”. También destaca que el hecho de que el cuerpo del dictador siga allí “dificulta” convertir el Valle “en un lugar de memoria de las víctimas sin connotación política”.  Eso también lo recoge la PNL.

Pero además, Franco y Primo de Rivera están enterrados frente al altar mayor. Ese sitio está reservado desde 1983 a los obispos de la diócesis o al propio Papa, como dicta el artículo 1242 del Código de Derecho Canónico: “No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice, de sus propios cardenales u obispos diocesanos, incluso eméritos”. Contraviene la actual ley canónica, aunque esos dos sepelios se produjeron antes de la norma. 

Impedir las subvenciones a la Fundación Franco

La proposición socialista también insta a excluir de todo tipo de subvenciones a las entidades que ensalzan la dictadura. En España hay ocho fundaciones y organizaciones que homenajean a franquistas o golpistas, pero la más conocida es la Fundación Franco. Ahora no recibe ayudas públicas, pero sí recibió 150.000 euros durante el Gobierno de Aznar para digitalizar un archivo documental sobre el que hay total opacidad. La PNL pide que justifique muy mucho cuando se mantenga secreto un documento de la dictadura.

Otras iniciativas en el Congreso han querido, durante esta legislatura, meter mano a la Fundación, que conmemora el golpe de Estado, organiza cenas homenaje para franquistas y premia a cargos del PP por incumplir la ley. Compromís pidió ilegalizarla, Izquierda Unida quiere fiscalizar sus subvenciones y prohibir que las reciba y En Marea solicita que se la investigue.  

Volver a invertir en Memoria Histórica

Tras llegar a Moncloa en 2011, Rajoy dejó sin efecto la ley de Zapatero de 2007. En marzo de 2012 suprimió la Oficina  de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, que se encargaba de atender a los familiares y facilitaba las exhumaciones: se calcula que en España quedan 2.000 fosas sin abrir donde yacen sin nombre ni sepultura unos 100.000 españoles. Su segunda medida fue recortar a menos de la mitad el presupuesto para la ley de Memoria Histórica, de 6,2 millones (en 2011) a 2,5 millones (en 2012). El año siguiente le dio cero euros, una cifra que ha ido repitiendo hasta sus últimos presupuestos.

La proposición no de ley propone rehabilitar la Oficina de Víctimas y la “dotación de las necesarias partidas presupuestarias”. Una de las partes que más dinero se lleva es la exhumación de cuerpos, que ahora costean las familias o se hace con voluntarios. La PNL propone “asumir la localización y exhumación de fosas e identificación de cadáveres”, lo que incluiría la creación de un banco de ADN y también dar “apoyo institucional, legal y financiero a los familiares y asociaciones”. 

Reconocer que hubo trabajo forzados

La propuesta que vota el pleno pide que se haga un censo de infraestructuras y obras que fueron construidas con el trabajo forzado de represaliados de la dictadura. El régimen se aprovechó de esa mano de obra en condiciones de explotación bajo las normas del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo, un organismo que hizo posible la utilización de los presos políticos como mano de obra y su explotación laboral a cambio de una reducción de la condena. Este sistema de trabajo está reconocido, entre otros, en el informe de expertos encargado por el gobierno de Zapatero y se utilizó en el Valle de los Caídos. 

Retirada de calles y símbolos franquistas

Aunque muchos ayuntamientos ya están cumpliendo la Ley de Memoria Histórica en sus callejeros, otros siguen homenajeando al dictador y la dictadura. El pasado año el Banco de España y otros 301 ayuntamientos fueron requeridos para que cumplieran la Ley de Memoria Histórica en una nueva demanda del abogado Eduardo Ranz porque siguen ensalzando la dictadura con el nombre de calles, simbología o su toponimia incluye coletillas como “del Caudillo”. 

La propuesta que se vota este martes insta a que se retiren los símbolos que “honran la memoria de los vencedores o conmemoran la guerra o la dictadura”.

Una Comisión de la Verdad

Si sale adelante la proposición, se aprobará también crear una Comisión de la Verdad para la investigación de los crímenes franquistas, como ha pedido Naciones Unidas, que en su informe también afeó a España todos sus incumplimientos en Memoria Histórica. 

Además, la PNL insta a que el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, se honre también a las víctimas de Franco. Propone también obligar a abrir los archivos y fondos históricos que contengan información sobre la represión franquista y ampliar las concesiones de nacionalidad española a los hijos de represaliados y exiliados en varios supuestos como, por ejemplo, los hijos de quienes se vieron obligados a renunciar a su nacionalidad española huyendo de la dictadura.