Un tercio de niños españoles vive en riesgo de pobreza o exclusión social
Hugo tiene tres años, y aún le queda mucho para entender qué es una crisis económica. Sin embargo, sufre día a día sus consecuencias. Junto a sus hermanas Ana y Andrea, de 16 y 11 años, forman parte de los 2.500.329 niños españoles que viven en hogares con ingresos bajo el umbral de probreza relativa, un 29,9% de nuestra población infantil, según datos de Eurostat que recoge el último informe sobre pobreza infantil de la ONG Save The Children.
Los responsables de la organización denuncian que la crisis y los recortes han disparado también las cifras de menores en riesgo de pobreza o exclusión social: “Los derechos de 2.826.449 niños y niñas están en peligro”.
La diferencia de cifras responde a dos criterios diferentes de medir la pobreza infantil. La pobreza relativa representa los hogares con menos del 60% del ingreso mediano equivalente, y el riesgo de pobreza o exclusión social valora tres criterios: la pobreza relativa, el índice de privación material y la actividad laboral de sus miembros. El último criterio es especialmente importante en el caso de España, donde la tasa de desempleo superó el 26% al terminar 2013, un año que ha finalizado con una caída de 198.900 puestos de trabajo.
La comida diaria de los tres hermanos depende de lo que venda su madre en un mercado ambulante, desde que fue despedida de su puesto como dependienta en un comercio, y de la beca de comedor. Alberto Soteres, director de Save the Children, afirma que, tras las cifras y porcentajes, hay efectos directos en la vida cotidiana de los niños y niñas españoles: “Tenemos 2.826.449 razones para poner en marcha nuestra campaña ”Y a mí, ¿quién me rescata?“. Tres anuncios en los que participan John Müller, Miguel Ángel Noceda y Javier Ruiz (periodistas especializados en economía) y una página web cargada de dibujos a cambio de donativos completan la estrategia de Save the Children para luchar contra la pobreza.
La campaña, fruto del trabajo de Jorge Martínez, enfatiza los contrastes que se han plasmado en esta crisis económica. Mientras el Estado y las autoridades europeas rescataban con miles de millones a bancos y cajas de ahorros, las familias caían en una espiral de pobreza y precariedad que empeora por “los recortes de la Administración, como la reducción de las ayudas para libros de texto y la exclusión de los inmigrantes irregulares de la sanidad pública”, apunta Áurea Ferreres, responsable de Incidencia Política, Sensibilización y campañas de la organización.
Responsabilidad del Estado
Soteres recuerda que “el Estado es el responsable de garantizar los derechos de los niños reconocidos en la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas”. Por ello, a pesar de las campañas que alientan a la sociedad civil a movilizarse contra este problema, la ONG añade en su informe una serie de recomendaciones para que la Administración otorgue a la pobreza infantil los recursos que requiere. “Las medidas estatales son insuficientes. No hay más que mirar las cifras de Eurostat: el porcentaje del PIB destinado a políticas de protección social es del 25,19%, 3,7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea”.
Las ayudas sociales se muestran insuficientes en su incidencia sobre la tasa de niños bajo el umbral de pobreza relativa. A pesar de que el porcentaje se reducía entre 2011 y 2012 antes de aplicarse la cobertura social -de un 39 a un 38,6%-, la tasa finalmente aumenta una vez recibidas las transferencias sociales, de un 29,5 a un 29,9%. Según Ferreres, el Estado debería reconsiderar los criterios que incluyen a un ciudadano dentro de un plan de cobertura social.
La familia de Lucas y Eva, de 11 y 4 años, son un ejemplo de los límites del sistema. Sus padres, propietarios de varios puestos de alimentación, tuvieron que cerrarlos con la llegada de la crisis y mudarse de una casa que ya no se podían permitir. Ahora, los cuatro miembros de la familia viven gracias a los 850 euros que cobra el padre y la ayuda de Save the Children. No tienen acceso a ningún tipo de ayuda pública porque su salario es 200 euros superior al salario mínimo interprofesional. “Los umbrales que dan acceso a ayudas tienen que ser revisados”, apunta.
“Los niños sufren la pobreza cuando no son responsables de la crisis que la provoca. Las familias están dejando atrás sus proyectos e ilusiones”, señala Ferreres. La campaña está tan ligada a la crisis económica porque es una realidad que no se puede separar de la pobreza: “La pobreza infantil era un problema estructural en España, que no se reducía de un 20%. Sin embargo, la crisis ha disparado el problema. De 2006 a 2009, la tasa de niños en riesgo de padecer pobreza relativa bajaba hasta situarse en el 26,2%. Desde el 2010, el dato ha aumentado año tras año hasta el actual 33,8”.
Políticas que vulneran los derechos de los niños
Ester, la madre de Lara, de 11 años, y Carlos, de 8, no tiene derecho a la asistencia sanitaria gratuita. Llegaron desde Guinea Ecuatorial hace casi ocho años y, a pesar de que Ester ha tratado de regularizar su situación en España, el tiempo de cotización efectivo que ha acumulado no ha sido suficiente. “Los criterios economicistas no deberían imponerse sobre los médicos. Además de una medida contraria a los derechos humanos, la exclusión de los inmigrantes irregulares de la sanidad pública es peligrosa para los niños. Hay mucha desinformación y muchas familias no saben que los niños quedan fuera de esta medida del Gobierno y, además, hay riesgo de que contraigan enfermedades infecciosas que les contagien sus padres”, apunta.
Los desahucios son otra consecuencia de la crisis que afecta directamente a muchos de los niños que protagonizan este informe. “Tienen un impacto horrible para los pequeños y creemos que la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social fue un paso insuficiente. Incluye la posibilidad de moratoria en los desahucios de familias con niños menores de 3 años. ¿Qué pasa con el resto?”, pregunta. Save the Children pide al Gobierno en sus recomendaciones que amplíe la edad hasta los 18 años.
Los centros educativos son el refugio de los niños y adolescentes a diario. “Gracias a la atención de sus profesores se detectan muchas veces problemas de violencia y precariedad”, apunta Ferreres. Los recortes educativos, como la reducción del presupuesto para las ayudas a libros en un 37,5% respecto al ejercicio anterior, tienen una repercusión directa en los derechos de los niños.
“Hay familias que nos han admitido que o dan de comer a sus hijos o les compran un libro para el colegio”, cuenta Ferreres, que destaca la importancia de las becas de comedor, que suponen para muchos niños la única comida equilibrada al día. “Hay padres que no pueden permitirse las excursiones extraescolares y esto, al igual que el IVA cultural, margina a los niños de actividades que forman parte del derecho de los niños al descanso y esparcimiento, al juego y las actividades recreativas. Este derecho es fundamental para la integración y la cohesión social”, dice Ferreres.
Los responsables de Save the Children reconocen como positivas las medidas del Ejecutivo para reducir la pobreza infantil, como el Plan de Acción Nacional de Acción para la Inclusión Social, pero insisten en su insuficiencia. “Bienvenidos son los 17 millones del fondo extraordinario para luchar contra la pobreza infantil pero se necesitan más recursos. Una respuesta organizada y común que no se vea perjudicada por los recortes en otras partidas. No invertir en infancia es ceguera. Los niños son el futuro del país, así que no lo hipotequemos”, pide Ferreres a las autoridades.
