La presidenta del Congreso pide por carta que Medio Ambiente deje de ningunear preguntas parlamentarias
La presidenta del Congreso, Ana Pastor (PP), ha tenido que instar por escrito al Gobierno para que el Ministerio de Medio Ambiente deje de ningunear una decena de preguntas incómodas formuladas desde la Cámara Baja.
La queja ha partido del diputado de Equo, Juantxo López de Uralde, y ha obligado a Pastor a remitir una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría –fechada el 22 de marzo– en la que dice: “Me dirijo a V.E. con el ruego de que realice las gestiones oportunas para que las mismas [las respuestas] sean remitidas al Diputado a la mayor brevedad”.
Las gestiones deberán ir hacia el departamento que dirige la ministra Isabel García Tejerina al que iban dirigidas las cuestiones. La falta de diligencia del Ministerio quedó acreditada tras haberse sobrepasado el límite reglamentario para que el Ejecutivo conteste: dos meses. Así lo reconoce Pastor al recoger en su misiva que “transcurrido el plazo de contestación de las citadas iniciativas (...) y sin que que las contestaciones hayan tenido entrada en la Cámara...”.
El Ejecutivo se está haciendo el remolón en cuestiones ciertamente incómodas. López de Uralde ha preguntado, por ejemplo, si Medio Ambiente va a dar permiso definitivo a la empresa Berkeley para una planta de tratamiento en su proyecto de mina de uranio en Retortillo (Salamanca).
La autorización previa está siendo investigada por la Audiencia Nacional y las fiscalías de Salamanca y de Medio Ambiente han incoado diligencias acerca de la infraestructura por realizar obras no permitidas y talar cientos de encinas en un entorno protegido.
Otra de las iniciativas sobre las que García Tejerina debe pronunciarse es la ayuda pública destinada a la empresa Gas Natural por su depósito subterráneo de gas en el ámbito de Doñana. “¿Cómo justifica el Gobierno la subvención?” El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha reconocido una retribución de 6,3 millones de euros en concepto de “costes de operación y mantenimiento” de un almacén de gas junto al parque nacional. El Ministerio de Energía hizo público este gasto el 29 de diciembre pasado.
La infraestructura es uno de los riesgos del entorno protegido de Doñana que están siendo evaluados por la Unesco para considerar si debe declararse la marisma patrimonio amenazado. “¿Contempla la posibilidad de paralizar este proyecto ante su impacto ambiental?”, demandaba Uralde el 4 de enero.
Sin pedir prórroga
El 14 de octubre pasado, el ancla de un buque seccionó dos cables submarinos de conexión eléctrica entre España y Marruecos en el estrecho de Gibraltar. La compañía Red Eléctrica Española aseguró que hizo “la desconexión automática de la interconexión y la activación de los mecanismos automáticos de contención de la fuga en las estaciones terminales de ambos extremos”. El peligro provenía del aceite aislante que recorre los cables.
Sin embargo, las organizaciones ecologistas de la zona no creyeron una resolución tan simple y explicaron que se había seguido inyectando ese aceite aislante hasta la reparación de los cables. Y que el Gobierno español debería investigar. La pregunta parlamentaria se refería a cuántos litros de aceite podrían haberse derramado en el fondo marino, cuáles serían sus efectos medioambientales y si el Ejecutivo iba a realizar una investigación.
El diputado López Uralde cree que “es un disparate” que no lleguen las respuestas con el plazo del que dispone en el Ministerio –que incluso podría haber pedido una prórroga, cosa que no ha hecho–. También especifica que es una cosa que solo ocurre con este Ministerio, “no con otros ”. Medio Ambiente por su parte ha informado de que las respuestas deben estar en trámites de comunicación.
