Los programas de Sanidad de PSOE, Ciudadanos y PP mantienen la gestión privada en el sistema público
La marea blanca contra la privatización sanitaria ha sido una de las fuerzas más potentes de esta legislatura. Varios gobiernos autonómicos creyeron encontrar un filón en la entrada de capital privado a la hora de gestionar el sistema sanitario para aliviar sus presupuestos. Algunos de esos proyectos, muy llamativos, se pararon. Otros no. La mayoría se amparaban en la ley 15/97 que abrió la posibilidad de fórmulas privatizadas de gestión de centros sanitarios. Para las elecciones del 20D, esta es la visión del sistema sanitario que proponen los partidos.
IU-Unidad Popular: anular el sostén legal de la privatización
La propuesta que reclama más sanidad de gestión directamente pública es la de Izquierda Unida-Unidad Popular. La formación del candidato Alberto Garzón señala directamente que: “Se prohibirá expresamente la privatización de cualquier infraestructura sanitaria pública”. Y va al meollo del proceso de privatización de centros sanitarios: “Se realizarán cambios legislativos a nivel estatal, incluyendo la derogación de la ley 15/97”.
Esa ley se titula Sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. El texto solo tiene un artículo que establece que “en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (...) la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho”. Y, además, especifica que la prestación del servicio puede hacerse “además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas”.
Después de que entrara en vigor esa ley, en una década el dinero público que terminó financiando empresas de sanidad privada creció un 52%. Más de 7.000 millones al año. La privatización abarca desde la cesión de hospitales a los conciertos de centros privados para atender a pacientes o la derivación de pruebas diagnósticas. Así, en Cataluña, 31 hospitales tienen convenios particulares para formar parte de la red pública. O cinco centros de la Comunidad Valenciana son gestionados directamente por empresas como Ribera Salud, DKV o Sanitas.
En Madrid también hay cuatro hospitales totalmente dirigidos por una concesionaria a la que el Ejecutivo abona un canon. Otros siete tienen un gestor privado para toda la actividad no sanitaria que están asociados a las constructoras que levantaron los edificios. Reciben un alquiler pactado a 30 años.
También en Galicia se ha estrenado recientemente un nuevo hospital en Vigo con fórmula privatizadora que ha conllevado, según la junta de personal del área viguesa, que haya “casi 750 camas menos de las prometidas” en esa zona (en un total, de 1.260 una vez decidido cambiar el modelo de público a público-privado). Un sistema similar escogió la Junta de Castilla y León para abrir un hospital en Burgos. El presupuesto pasó de algo más de 200 a 600 millones. La adjudicataria comenzó por percibir un canon de 38 millones de euros anuales y para el año 2016, los presupuestos regionales le han asignado ya 78.
En esta legislatura, el Gobierno de Ignacio González (PP) en Madrid y María Dolores de Cospedal (PP) en Castilla-La Mancha lanzaron sendos proyectos para ceder a un contratista sanitario la gestión de diversos hospitales. Una oleada de oposición combinada con acciones legales terminó por echar a atrás al presidente madrileño. La todavía secretaria general del PP guardó el proyecto en el cajón.
PSOE: rol complementario del sector privado
El PSOE su programa refleja una postura más parecida a lo que ocurre en la actualidad: “Mantener la titularidad pública de los hospitales y centros de salud y de los servicios sanitarios y clínicos que se prestan en los mismos, sin perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar un rol complementario”. Sí añade que se haga un control y “evaluación pública” y que se dé prioridad a las entidades sin ánimo de lucro.
Podemos: sin mención específica
El programa electoral de la formación de Pablo Iglesias no aborda el asunto de la organización del sistema sanitario en general. Hace referencia a la “sanidad pública” aunque no profundiza en los pormenores de la titularidad, privatización o concierto de servicios sanitarios.
Ciudadanos: “Reconocemos el papel de la sanidad privada”
En Ciudadanos abren su visión sobre la sanidad mencionando ambas fórmulas de gestión. Le hacen hueco a todas las combinaciones: “Defendemos un sistema nacional de salud público, y reconocemos el papel que tienen en la sanidad en España las iniciativas privadas y el mutualismo”.
A la hora de atender pacientes, Ciudadanos arranca proponiendo que se haga “preferentemente en centros de gestión pública directa” y luego añade se esa atención se realice “con un funcionamiento eficiente”, y “de forma complementaria en centros de titularidad privada”. En España, ese supuesto carácter complementario ha terminado por cobrar un tamaño que le permite forzar las negociaciones con las consejerías de Sanidad para conservar sus condiciones económicas. Al fin y al cabo, los fondos públicos pueden sumar hasta un tercio de los ingresos del sector sanitario privado español.
Además, Ciudadanos no renuncia a poner en marcha proyectos público-privados como los valencianos o madrileños, gallegos o burgaleses. Anuncia que harán una evaluación de los hospitales de gestión por concesionaria y, eso sí, “no se fomentaran dichas formas de gestión en tanto en cuanto no hayamos realizado una evaluación pormenorizada de las existentes”.
PP: “Desarrollar nuevas fórmulas”
Al final de la senda programática, el Partido Popular admite cualquier forma de organizarse. No explicita la palabra privatización. Tampoco el eufemismo “externalizaición” que han utilizado responsables políticos sanitarios del Partido Popular como el exconsejero de Madrid Javier Rodríguez (“nosotros no privatizamos, externalizamos”) o la portavoz en el Senado sobre la materia Francisca Mendiola (“externalizar servicios no es privatizar y es bueno”). Pero apelan a “una gestión abierta y moderna del sistema y que va de la mano de la innovación para desarrollar nuevas fórmulas que permitan seguir prestando a todas las personas la mejor atención sanitaria”.
