Los protocolos de las universidades públicas se quedan cortos para frenar el acoso sexual

Cuando las tres profesoras de la Universidad de Sevilla denunciaron ante el rectorado que un superior, el catedrático de Educación Física Santiago Romero Granados, las acosaba y abusaba de ellas, no existía en la institución un protocolo contra el acoso sexual y laboral. Los hechos sucedieron entre 2006 y 2010 y el marco de acción se aprobó en 2013.

Más o menos en esa época se pusieron las pilas la mayoría de universidades públicas, que hoy cuentan con protocolos contra el acoso sexual y laboral, a veces en el mismo documento –como la Universidad de Sevilla– y otras por separado –por ejemplo, en la Carlos III de Madrid–.

Los documentos, en los que se concreta entre otras cuestiones adónde deben acudir las víctimas, han llegado con varios años de retraso en muchos casos: la ley de igualdad ya exigía su creación en 2007 –las privadas quedan fuera del ámbito de aplicación– y no son suficientes, según las expertas consultadas, si el papel no va acompañado de campañas de difusión, presupuesto, formación y sensibilización.

“Algunas universidades pensaron que aprobando un protocolo iban a eliminar los casos de acoso. Decían: bueno, ya he cumplido con la ley. Y no”, asegura María Acale, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz y una de las expertas que elaboró el primer plan contra el acoso sexual y sexista (2006) de esta institución, una de las pioneras en España en tener un procedimiento para atender a las víctimas.

Acale, también defensora universitaria en funciones, cree que algunos centros “no han profundizado lo suficiente en el protocolo”. “La primera necesidad es que la universidad se tome el tema como un problema relevante y haga una intensa campaña de sensibilización, con un protocolo no es suficiente”, coincide Carmen Romero, profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. El centro acaba de aprobar un protocolo específico que contempla además el acoso al alumnado LGTBI.

Esta falta de sensibilización y de reconocimiento por parte de las universidades como espacios que no están libres de violencia hace que muchas veces las víctimas no se reconozcan como tal. Por ello la Asamblea Feminista Complutense, cuyo trabajo ha servido para aprobar el protocolo, ha desarrollado iniciativas que intentan mostrar el caldo de cultivo de la violencia más directa o física.

“No es aceptable que un profesor te agarre por la cintura mientras te saluda en el pasillo”, “no es aceptable tener que ir a una tutoría acompañada por miedo”, “no es aceptable que un profesor te pregunte por tus gustos sexuales”, “no es aceptable que un profesor te ofrezca pagarte la matrícula a cambio de acostarse contigo”. Son algunas de las situaciones –reales– que las activistas incorporaron en una de sus campañas.

Lo que no se denuncia, no existe

A Romero se le han acercado decenas de alumnas en los últimos años con denuncias de acoso que siempre han acabado en nada. “Es muy difícil porque tradicionalmente las universidades han mirado para otro lado”, apunta. Los protocolos, calificados como un paso necesario por las expertas, simplifican una realidad que ya de por sí es compleja.

“Las víctimas suelen sentirse confundidas y culpables porque se ven en la situación de tener que denunciar al profesor que les tiene que aprobar, docentes que en muchos casos son reconocidos como eminencias y que tienen mucho poder debido a la fuerte jerarquía que todavía se da en las instituciones universitarias”, afirma la experta.

Un 24,8% de las universitarias españolas manifiesta haber sufrido acoso sexual de manera frecuente, según el estudio Las violencias sexuales en las universidades: cuando lo que no se denuncia no existe. Al silencio que habitualmente acompaña a las víctimas de violencia sexual se suma, en el caso del ámbito universitario, las estructuras y las dinámicas de poder que suelen ejercerse. “Hay una especie de camaradería que propicia que los casos se tapen y se cargue a la víctima de vergüenza y culpabilidad”, apunta Romero.

En muchas ocasiones la víctima depende profesionalmente del agresor, que puede ser la persona que debe posibilitar, por ejemplo, una futura plaza fija o tiene el poder de truncar su carrera profesional. “Muchas de las mujeres que me han contado estas agresiones han acabado abandonando las carreras. Eso en el mejor de los casos, cuando no intentos de suicidio y problemas graves de salud”, relata la socióloga.

Así funcionan los protocolos

La falta de desarrollo de los protocolos es uno de los puntos negros que identifican las expertas. Para Miguel Ángel López, psicólogo y miembro de la iniciativa Universidad Sin Violencia, la falta de formación de los agentes que intervienen en el proceso es uno de los problemas más acuciantes, además de que “muchas veces los órganos no saben cuáles son sus competencias”.

El protocolo de la Universidad Carlos III dice que “se procurará” la formación, pero no obliga a ello. “Es mejorable, como todo. Era un punto de partida”, admite Elena San Segundo, directora de la Unidad de Igualdad de este centro. El protocolo, aprobado en 2013, debía haberse revisado en un periodo de dos años y no se ha hecho aún. “Estamos elaborando un segundo plan de igualdad y en los próximos meses se revisará el protocolo”, asegura San Segundo a eldiario.es.

Miguel Ángel López ha formado parte del Comité Asesor para la elaboración del protocolo contra el acoso de la Universidad de México. “A la vez que se aprobó el documento se inició una potente campaña de sensibilización tanto dentro de la universidad como de puertas para fuera, de modo que los futuros alumnos y alumnas asocian el centro con valores como la no violencia, el feminismo o la igualdad”, describe.

Todos los protocolos especifican en sus páginas el procedimiento que debe seguir una persona que se siente víctima de acoso sexual dentro de las paredes de la universidad e incluyen un modelo de escrito para presentar la denuncia ante el órgano competente. Este órgano varía en función de la institución: puede ser un vicerrectorado, la unidad de igualdad o el propio departamento en el caso de las profesoras.

Los profesionales que reciben la denuncia, personal de la propia universidad, pueden tomar medidas cautelares hasta que se aclare lo sucedido, como cambiar horarios para que víctima y acosador no coincidan dentro del recinto universitario. La Universidad de Sevilla aplicó un plan de prevención para que Santiago Romero y una de sus víctimas no estuvieran nunca en el mismo espacio físico. Solo así ella, según consta en el fallo judicial, aceptó volver a su trabajo en el departamento del que Romero es catedrático. Todas las decisiones, dice la sentencia, pasaban por sus manos.

Los procedimientos iniciados por las universidades, que suelen marcar en sus protocolos un tiempo límite para tomar una decisión, pasan por escuchar a las dos partes y a algún testigo si es necesario y emitir un dictamen que se remite al rectorado, en el que puede resolverse, por ejemplo, abrir un expediente disciplinario al sujeto activo del acoso.

Así pasó en Sevilla, hasta que se archivó porque la universidad dio traslado de lo ocurrido a la justicia. Ocurre siempre en aplicación de la ley de procedimiento administrativo, según la cual no se pueden dar dos sanciones por el mismo hecho. Si los hechos pasan a la vía judicial se anula automáticamente el procedimiento de investigación dentro de la universidad, lo que en la práctica supone que las dos partes sigan conviviendo en las aulas o en los despachos hasta que haya pronunciamiento judicial si no se dictan cautelares para el durante.