La millonaria deuda pública con la Comisión de Ayuda al Refugiado pone en peligro su continuidad
Las diferentes administraciones adeudan a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 1,5 millones de euros. Si antes de julio no consigue cobrar, al menos una parte, esta ONG cerrará. No es un farol ni una amenaza, es una certeza. Si esto ocurre, el año que viene 700 refugiados y solicitantes de asilo no podrán hacer uso de las 300 plazas de acogida de las que dispone esta organización. 7.000 personas necesitadas de protección oficial tendrán que buscar asesoramiento jurídico por otro lado y 5.500 no recibirán orientación laboral para acceder al mercado de trabajo. CEAR llega a atender al año a 35.000 personas.
“Nuestra situación pone en evidencia que este sistema no funciona”, explica la directora general de CEAR, Estrella Galán: “Somos las ONG las que estamos financiando las actividades sociales de las administraciones municipales y autonómicas. Si no tienen dinero que lo digan, pero que no contraigan deuda con nosotros”.
El principal deudor de CEAR es el Ayuntamiento de Madrid, que les debe 309.902 euros en subvenciones de 2012, principalmente del proyecto de acogida a personas subsaharianas. A esta cantidad hay que añadir los intereses de demora y los gastos por impago de la prestación de servicios de Dinamizadores de Espacios Públicos, lo que eleva la cifra a 563.763 euros. “Nosotros somos expertos en derechos humanos y no tenemos un departamento financiero que se dedique a esto”, explica Galán, “por lo que supone un desgaste que los propios profesionales nos tengamos que dedicar a cobrar lo que nos pertenece, además de ingrato es injusto y es frustrante”.
El Gobierno de Canarias les debe 100.000 euros del proyecto de mantenimiento del centro de acogida que tienen en Vecindario (Las Palmas). La misma cifra les debe la Comunidad Valenciana por varias subvenciones, principalmente de proyectos de integración sociolaboral. El Ayuntamiento de Mérida les adeuda 85.412 euros, casi todos del Convenio de la Oficina de Atención a Inmigrantes y refugiados de Mérida (OMAI). Hasta completar el millón y medio de euros se amontonan otras deudas de menor cuantía, como las del Cabildo de Gran Canaria (11.943 euros), el Ayuntamiento de Las Palmas (4.489 euros), el Ayuntamiento de Valencia (3.644 euros), el Ayuntamiento de Buñol (8.001 euros) o la Diputación de Valencia (1.199 euros).
Para poder pagar a sus trabajadores, con los que actualmente CEAR no tiene ninguna deuda, se ha visto obligada a solicitar créditos bancarios, cuyos intereses generan unos gastos de alrededor de 250.000 euros al año.
Pero las carencias no vienen de hoy. CEAR tuvo que reducirse a la mitad en plantilla (de 300 a 148 trabajadores) y gastos, en consonancia al recorte del 50% de su presupuesto. Y ya no puede reducirse más.
Mientras espera algún tipo de respuesta de las administraciones morosas, la organización busca soluciones. La primera de ellas pasa por la reunión con los diferentes grupos parlamentarios de los territorios locales donde se producen los retrasos para plantear un plan de pagos; ya han comenzado con los cuatro grupos del Ayuntamiento de Madrid. Sorprendentemente, el pasado 26 de marzo la delegada del Área de la Familia y Servicios Sociales de este Ayuntamiento, María Dolores Navarro, a petición de una pregunta del portavoz de UPyD, declaró en el pleno desconocer esta deuda de más de medio millón de euros. Navarro añadió que CEAR “cobrará lo que tenga que cobrar”.
CEAR recibe alguna financiación del extranjero, relativa a varios proyectos de la Unión Europea y a la aportación del magnate estadounidense George Soros. Otras líneas de acción para evitar el cierre pasan por la negociación de una flexibilidad con la institución financiera que los sostiene; el lanzamiento de una campaña de captación de socios a través de la web y los contactos con grandes empresas y fundaciones que puedan contribuir al funcionamiento de CEAR. Entre ellas, la Fundación Real Madrid, con la que ya han mantenido una reunión. No obstante, Estrella Galán ve “complicado” que este tipo de entidades se vuelquen en el apoyo a los perseguidos políticos o por violencia de género en otros países porque el refugiado “no vende”, a la hora del marketing social de las grandes empresas, como lo hacen otras causas: “Pero tenemos la esperanza de que alguien recuerde que los españoles también fuimos refugiados”.
“Los años pasan, pero las familias españolas no han olvidado la tragedia que supone cruzar la frontera para salvar tu vida, dejando atrás todo lo que te importa” recuerda desde Bruselas Michael Diedring, secretario general de ECRE, el Consejo Europeo de los Refugiados y Exiliados con el que CEAR colabora estrechamente. “CEAR provee de asesoría legal gratuita a miles de personas que huyen de dictaduras opresivas y de la guerra en países como Siria y que buscan protección en España. Su cierre pondría en un alto riesgo la seguridad y el derecho de acceso a la justicia para estas personas tan vulnerables”.
En España, María Jesús Vega, portavoz en nuestro país de ACNUR, la Organización de la ONU para los Refugiados, consideraría “lamentable” y “una gran pérdida” el cierre de CEAR, a la que califica como “un puntal para la defensa del asilo tanto a nivel nacional como europeo”. ACNUR ha trabajado “codo con codo” con CEAR desde los años 70, siendo esta una “contraparte esencial” en su trabajo. Sin CEAR, “se produciría un problema en cuanto a la atención y asistencia legal”, señala Vega, que destaca la veteranía y formación de los abogados de CEAR y recalca que sería “muy triste” asistir a su desaparición por falta de fondos.
“En los malos tiempos”, concluye Diedring, “es más importante que nunca que los grandes adelantos que ha hecho España durante las últimas décadas para ayudar a los que más lo necesitan, no vuelvan atrás y los más vulnerables, con independencia de cuál sea su origen, no sean abandonados a su suerte”.
