Cinco razones por las que la LOMCE vulnera la Constitución
Las razones de rechazo a la Ley Wert ya son más que conocidas. Colectivos sociales, políticos y sindicatos denunciaban, incluso antes de su aprobación en soledad parlamentaria, el carácter retrógrado, clasista o econocimista de la normativa que aterrizará en las aulas el próximo curso. Ahora, ya vertebrado el movimiento de desobediencia a la norma, ha llegado el momento de trasladar este rechazo a manos de la justicia concretando punto por punto cuáles son los artículos de la Constitución Española que la que la LOMCE podría vulnerar.
La invasión de competencias autonómicas es la causa de la mayoría de las autonomías para plantarle cara a la nueva ley. Andalucía, por ejemplo, argumenta que la norma “invade el artículo 21 del Estatuto de Autonomía sobre el derecho de acceder en condiciones de igualdad” a la educación. Cataluña y el País Vasco, que ya han anunciado recursos, hablan de “recentralización” y de ataque a las lenguas cooficiales. También Canarias y Asturias han mostrado públicamente su rechazo a la ley impulsada por el ministro de Educación.
Son todas ellas regiones no gobernadas por el PP en las que la llamada a la insumisión ha sido una constante en los últimos meses. Pero las comunidades representadas por líderes populares tampoco quieren quedarse atrás. Es el caso de la Comunidad Valenciana, donde, a pesar de las amenazas de la Conselleria de Educación, “vigilante” ante las “actitudes de politización” en las aulas, el Sindicat de Treballadors per l'Ensenyament al País Valencià ( Stepv) presentó la semana pasada una campaña para la “inaplicación” de la nueva legislación que incluye entre las 41 medidas propuestas “incorporar el estudio de la mala gestión” de los gobiernos del PP en esta comunidad autónoma.
El primer paso para abrir la “ofensiva jurídica” hacia la LOMCE es el recurso de inconstitucional. Y así lo ha anunciado este jueves la Federación de Educación de CCOO, que va a dirigirse a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que sea esta institución la que presente la solicitud de recurso ante el Tribunal Constitucional. Según el sindicato, la normativa impulsada por el ministro Wert vulneraría hasta 9 artículos de la Constitución Española:
- El blindaje de los conciertos a los centros de educación que segrega por sexo es contrario al artículo 14 sobre igualdad y no discriminación
- Permitir que las administraciones educativas contraten expertos en idiomas sin respectar los principios de mérito, capacidad y publicidad vulnera el artículo 23.2 sobre el derecho al acceso en condiciones de igualdad a la función pública
- La obligación de los alumnos de Secundaria a elegir entre Religión o Valores Éticos contradice el artículo 27, que garantiza el derecho a la educación
- El nombramiento de profesores por parte de los directores de los centros no respeta los artículos 37.1 y 28.1 de negociación colectiva y libertad sindical, pues, según apunta la abogada Carmen Perona “se subordina el docente a la figura del emperador, que en este caso va a ser el director”
- Las competencias autonómicas, amparadas por los artículos 148,149 y 150, y referidas a la formación del profesorado, las lenguas cooficiales y la definición de los currículos, también son quebrantadas por la ley Wert. En este punto, según Perona, “se regula más de lo que corresponde”
A pie de aula, las campañas de boicot son cada vez más sólidas. Aunque CCOO no ha concretado la anunciada “campaña de resistencia”, plataformas como Yo Estudié en la Pública han adelantado algunas acciones concretas de insumisión. Que los padres no presenten a sus hijos a las reválidas o dar más poder al consejo escolar, al que la norma reduce a una función meramente consultiva, se encuentran entre las propuestas presentadas, siempre con el objetivo, según la portavoz Guadalupe Jover, de “vincular la desobediencia a la ley con la escuela democrática que queremos”.
