Los primates incautados en España ya no caben en los centros de acogida

¿Qué ocurre cuando el Estado se incauta de un primate en España? Según casi todo el mundo que tiene algo que decir en el sector -excepto el Gobierno-, que en la mayoría de los casos se los queda el infractor por falta de recursos. No hay dónde llevarlos.

Las consecuencias de esta extendida práctica son varias, según los responsables de Rainfer y la Fundación Mona, dos de los dos principales centros de recogida de primates de España. Empiezan porque el Ejecutivo incumple la ley (el Real Decreto 1333/2006) por permitir estas situaciones, fomenta el tráfico por dejar los animales en manos de los infractores y acaban siendo un peligro para la salud pública porque nadie controla unos primates que pueden ser portadores de enfermedades graves y contagiosas para los humanos como la hepatitis B, entre otras.

Las versiones

La ley establece que el animal “se depositará en un Centro de Rescate o establecimiento habilitado para su custodia, salvo que una Autoridad Administrativa CITES decida dejarlo excepcionalmente y de manera provisional en poder del presunto infractor”.

Eso, según la ley. Según dos de los dos centros de rescate en España con los que el Gobierno tiene un convenio de colaboración, hace tiempo que están saturados y no admiten más animales, o cuando lo hacen es de manera muy puntual. Guillermo Bustelo, director del más grande de estos centros, Rainfer, que cita datos de Seprona, asegura que “desde el 2011 al 2014 se han decomisado 69 primates oficialmente, de ellos 25 son macacos de Gibraltar, potencialmente muy peligrosos por motivos infecciosos. Todos esos casos deberían estar registrados, expedientados y enviados a centros homologados, los cuales están obligados a una cuarentena y analítica según la Reglamentación Europea (Directiva Comunitaria 92/65/CEE). Pero no les ha sido posible localizarlos ¿Donde están esos primates?”.

Según el Gobierno, afirmar que los centros “están desbordados no se ajusta a la realidad”. Y “con respecto a la posibilidad de que un espécimen decomisado pueda quedar bajo custodia del presunto infractor de manera provisional (...), esta posibilidad es una práctica absolutamente excepcional. Son prácticamente inexistentes los casos en los que se ha hecho uso de esta opción con carácter en todo caso provisional”.

La Guardia Civil, requerida por este diario, ha optado por callar. Sin respuesta. Pero la AUGC (Asociación Unificada de la Guardia Civil) corrobora que “la excepción es norma” porque “la realidad es que no hay un protocolo, ni centros ni vehículos preparados para el transporte de animales” y estos acaban donde se encontraron, en manos del infractor. “Es un fraude de ley que la excepción se convierta en norma”, sentencia Juan Fernández, portavoz de la AUGC.

Las consecuencias

Esta situación plantea varios problemas, según los centros de acogida. “Al no haber un centro oficial [entendido como propiedad del Gobierno], el Estado] está colaborando con el contrabando”, señala Laura Riera, asesora de fauna salvaje y colaboradora de Fadaa (Fundació para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales). “Como no saben dónde poner los animales, se van con el primero que los pide, que son los traficantes”, explica. Y el Gobierno ni hace seguimiento ni puede hacerlo. “Si vas a verlo y te dice que ha muerto te lo tienes que creer”, cuenta. Porque aunque en teoría hay un protocolo y es necesario cumplir un expediente, no se está haciendo. Riera habla de al menos 200 primates dejados “en depósito” (esto es, en manos del infractor) solo en Cataluña. Cristina Valsera, corresponsable del equipo de rescate y rehabilitación de la Fundación Mona, cuenta el caso de un animal llamado Tico que llegó a su centro tras 23 años en depósito en un zoológico.

Este descontrol de los animales decomisados puede ocasionar problemas para la salud pública, añade Bustelo, porque los particulares no se molestan en analizar al animal. Este biólogo cuenta el caso de Lola, un capuchino depositado por las autoridades en un zoológico. De ahí el animal se vendió a un particular, a otro y a otro. Hasta que llegó a Rainfer. “Resulta que tenía Hepatitis B, que se transmite a través de la sangre y de la saliva”, cuenta. Un simple mordisco basta.

Además de los problemas específicos, los profesionales denuncian que el Gobierno incumple la ley. Con el decomiso de animales y con la gestión de los centros encargados de ello (y lo primero es consecuencia de lo segundo).

El apartado c del punto 1 del RD 1333/2006 establece que el Gobierno debe “gestionar o procurar la creación de Centros de Rescate CITES caso de no existir o no ser suficientes o adecuados los existentes”. En España no hay centros que pertenezcan al Estado, por lo que el Gobierno colabora con los ya existentes. “Una fórmula seguida muy mayoritariamente por todos los países adheridos al convenio CITES” que regula todo lo relacionado con el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, explica un portavoz del Ministerio de Economía.

Pero los dos centros ocupados de los primates aseguran que el Gobierno no cumple. Bustelo explica que apenas le pagan el 10% de lo que cuesta la manutención de cada animal, pese a que legalmente estos pertenecen al Estado y el centro solo los cuida. Los gastos le ahogan. Lo mismo ocurre con la Fundación Mona: “La ayuda que dan es ínfima”, confirma Valsera. Así llevan varios años en Rainfer y la Fundación Mona. Y así parece que seguirán.

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Fe de errores: Rainfer y la Fundación Mona no son dos los únicos centros CITES de España. Primadomus también lo es.Primadomus

Este artículo ha sido editado el día 12/02/2016.