Francia prueba que se puede recuperar para el Estado hospitales privatizados como los españoles

¿Tienen algo en común París y Burgos? ¿Y con Alzira? ¿Y con Valdemoro? Sí. Todos tienen hospitales gestionados y construidos por empresas privadas a cambio de un canon económico pagado con dinero público. En el caso castellanoleonés, ambos hospitales tienen una vida paralela. Pero el francés ha regresado a manos del Estado y el burgalés es todavía un agujero para las cuentas públicas.

Las similitudes entre París y Burgos ejemplifican esta historia de cesión ruinosa a empresas de servicios públicos. Y sus diferencias también ilustran la manera de abordar el fracaso de la apuesta privatizadora. Los dos se planificaron casi en las mismas fechas, se ejecutaron bajo la fórmula de la colaboración público-privada y tuvieron un sobrecoste descomunal. La solución para los dos centros sí que ha sido diferente: el Gobierno francés llegó a un acuerdo con la adjudicataria para anular el contrato, mientras que la Junta de Castilla y León pretende pagar por el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) el doble de lo que había previsto en los próximos 30 años. La asociación 'Sanidad Pública Sí' pide al Gobierno regional que considere la posibilidad de copiar esa respuesta invocando el “interés general” y ha convocado una mesa de partidos para estudiar la propuesta.

En 2006 la Administración gala adjudicó a la empresa Eiffage la construcción de un hospital que diera servicio a los municipios de Evry y Corbeil, cercanos a la capital, en la región de Essonnes. El contrato establecía un importe de 344 millones de euros y un canon a pagar durante 30 años a la concesionaria y explotadora del servicio de 35 millones anuales.

Esas cifras variaron considerablemente: su puesta en marcha tuvo tal sobrecoste que su valor estimado llegó a los 600 millones de euros. La factura del primer año fue finalmente de 44 millones, es decir, nueve más de los previstos, que tuvo que pagarse incluso antes de que el hospital estuviera acabado. Un informe de la Cámara de Cuentas concluyó que la operación público-privada conllevó para las arcas públicas 1.200 millones, mientras que “una obra pública financiada con préstamos” hubiera costado 760 millones.

Este es el primer paralelismo con el HUBU, que se planificó en 2007 para sustituir al hospital General Yagüe. El presupuesto que en principio iba a tener Eficanza –la concesionaria, que está integrada por OHL, un fondo de capital riesgo del Banco Santander y una sociedad en la que está detrás el empresario Miguel Méndez Pozo, entre otras– era de 242 millones de euros.

Sin embargo, el Gobierno regional ha aprobado hasta cuatro modificados que han supuesto un sobrecoste de 657 millones de euros. El canon anual de explotación, que inicialmente se situó en 35 millones de euros, se disparó hasta los 75 millones el primer año. A ese ritmo, el hospital costará a los burgaleses cerca de 2.000 millones de euros en tres décadas.

Además, el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera compensó los sobrecostes para que el conglomerado de empresas que explota el hospital mantuviera la rentabilidad del 6,92%. Incluso avaló el préstamo de 128 millones de euros pedido por la empresa pública Sociedad Patrimonial de Castilla y León SA al Banco Europeo de Inversión que fue a parar al centro privatizado. Bruselas ha abierto un expediente de infracción a España por las posibles “irregularidades contables y administrativas en el proceso de adjudicación, contratación y gestión del hospital”.

Ninguna de las dos adjudicatarias cumplieron las fechas de entrega y ambos centros, de tamaño y número de camas similares, comenzaron a funcionar más tarde de lo que se había fijado en el contrato. En los dos casos la entrega del hospital se retrasó hasta 2012. Los dos mantuvieron una planta cerrada una vez puesto en marcha. “El hospital tiene tal sobrecoste y ha generado tal cantidad de gastos para que las empresas concesionarias tengan negocio que ahora no tiene recursos. Como a las adjudicatarias tienen que pagarlas por contrato, lo hace no cubriendo bajas, amortizando las plazas y cerrando toda una planta”, denunció el pasado mes de mayo el líder del PSOE en la región, Luis Tudanca.

El rescate con dinero público de un proyecto de hospital fiado a la iniciativa privada se ha ido reproduciendo en España desde que arrancara el primer centro diseñado con este modelo: el valenciano de Alzira a finales del siglo XX. Tras adjudicar el centro a Ribera Salud, el Gobierno valenciano rompió el contrato porque, tal y como está redactado, a la concesionaria no le salían las cuentas. Rehízo el sistema ampliando el radio de acción del hospital (es decir, el número de pacientes) y Ribera Salud volvió a dirigir el centro. Ahora cinco complejos hospitalarios trabajan de esa manera.

En la Comunidad de Madrid, las empresas concesionarias de los hospitales creados a base de colaboración público-privada exigieron, y obtuvieron, una revisión al alza del canon que paga el Ejecutivo regional dirigido por el Partido Popular para equilibrar su rentabilidad.

7.000 fallos en la construcción

El director del Centre Hospitalier Sud-Francilien (CHSF) en aquel momento, Alain Verret, constató en un informe realizado por funcionarios más de 7.000 fallos en la construcción. Entre los errores había algunos tan graves como problemas de electricidad, defectos en el sistema de agua caliente, fallos en la distribución de los gases medicinales o una distribución del mobiliario que era un nido potencial para las bacterias, entre otros.

En el hospital burgalés no se ha llevado a cabo una auditoría de este tipo, aunque los trabajadores denuncian que “las calidades son inferiores a lo que se había proyectado, que tiene unos acabados desastrosos, un diseño imposible y el acceso es rocambolesco”. “Si en el hospital francés había 7.000 fallos, en este hay 70.000”, señalan desde la asociación 'Sanidad Pública Sí' de Burgos.

El último episodio peligroso tuvo lugar la semana pasada, cuando una de las puertas de salida del parking cayó sobre una ambulancia destrozando la luna. “Afortunadamente no hubo que lamentar heridos, pero imagínate que hubiera caído sobre una persona”, se queja uno de los portavoces de la asociación.

Francia busca una solución: ahorra 700 millones

Ante la insostenible situación financiera del hospital CHSF y su calidad deficitaria, el anterior director, Alain Verret, que se negó a firmar la entrega del centro por parte de la constructora, intentó buscar una solución alternativa. Así, planteó a las autoridades públicas la posibilidad de rescindir el contrato con la adjudicataria invocando al “interés general”.

“Teníamos suficientes elementos: las condiciones económicas del contrato eran desequilibradas y el hospital sufrió fallos en la construcción –relató Verret–. Había 7.000 fallos constatados. Propuse redimir parcialmente el contrato de arrendamiento. Había que poner unos 70 millones sobre la mesa, pero fue rechazado. Creo que el objetivo del Gobierno era abrir el hospital antes de las presidenciales”, concluyó.

Verret contaba con el apoyo del socialista Manuel Valls, que en aquel momento era alcalde de uno de los municipios a los que cubre geográficamente el hospital. “Hay que salir de la colaboración público-privada –expresó en octubre de 2011–. Puede servir para financiar la construcción de un estadio de fútbol pero de ninguna manera un hospital”.

La derrota de Nicolas Sarkozy en mayo de 2012 provocó un cambio de rumbo en el futuro del hospital. Las autoridades gubernamentales negociaron con la empresa que explotaba el centro para anular el contrato. El acuerdo se produjo en abril de 2014, cuando el hospital CHSF llevaba dos años en marcha.

A partir de octubre de este año, el centro pasará a ser de titularidad exclusivamente pública. La adjudicataria recibirá una indemnización de 171 millones de euros por la rescisión del contrato, pero aun así las arcas públicas salen ganando. Por un lado, la sociedad renunció a una demanda de unos 200 millones de euros por un sobrecoste que no había sido satisfecho y, en total, la Administración ahorrará unos 700 millones de euros, según las cuentas oficiales, al evitarse el pago del canon durante las próximas dos décadas.

Y Burgos, ¿qué?

Con este precedente, la asociación 'Sanidad Pública Sí' de Burgos está convencida de que esa solución es posible también en el HUBU, ya que la legislación española también determina la modificación de los contratos públicos “por razones de interés público”. “El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta”, dice el artículo 210 de la Ley de Contratos del Sector Público.

La asociación ha convocado una mesa de trabajo para que todos los partidos que se presentan a las autonómicas de mayo debatan junto al exdirector del hospital francés las posibles soluciones para el HUBU. Podemos y PSOE ya han confirmado la asistencia al acto, que se celebrará el próximo 28 de abril. Ese mismo día por la tarde, Alain Verret ofrecerá la conferencia “Así se recuperó un hospital como el nuestro”, a las 19:30 horas en la Casa de Cultura de Gamonal. Unos días más tarde la asociación de defensa de la sanidad pública forzará a los partidos a retratarse sobre su posición sobre el hospital en un debate acerca del sistema sanitario.